Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE)
Sr. Juan Jose Bravo (Chair)
Sra. Ingrid Hoven (Vice Chair)
Sr. Gino Alzetta
Sr. Vadim Grishin
Sr. Denny Kalyalya
Sr. Mukesh Nandan Prasad
Sra. Satu Leena Elina Santala
Sr. Hideaki Suzuki
Estimados miembros del CODE y Directores Ejecutivos del Banco Mundial,
Esperamos que este correo les encuentre bien. Les escribimos con relación al proceso de revisión de las Políticas Salvaguardas, en particular, respecto al primer borrador que la administración del Banco ha elaborado. Desde 2012, hemos seguido este proceso de revisión, y a lo largo de este tiempo hemos atestiguado en diversas ocasiones afirmaciones públicas y promesas sobre que esta revisión no debilitaría las actuales Políticas Salvaguardas del Banco; tanto por parte de la administración, como del propio presidente del Banco Mundial, el Dr. Jim Yong Kim. A pesar de que durante estos dos años, las diferentes partes interesadas hemos brindado recomendaciones al Banco sobre cómo podrían fortalecer, ampliar y garantizar la aplicación de las salvaguardas de manera más comprensible y consistente y a través de una gama mamplia de ama mtravargo de y garantizres diferentes partes interesadas hemos brindado recomendaciones al Banco sobre cás amplia de temas sociales y ambientales, el primer borrador de propuesta representa un claro debilitamiento de estas normas, lo cual consideramos inaceptable. Por lo tanto, consideramos indispensable que los miembros del Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE) regresen este primer borrador a la administración para que ésta pueda realizar las modificaciones necesarias. Sin cambios estructurales al borrador propuesto, cuestionamos la relevancia de llevar a cabo la segunda fase del proceso de revisión y consulta.
El debilitamiento de las Políticas Salvaguardas del Banco es evidente a lo largo del borrador de propuesta de Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales (ESSs, por sus siglas en inglés). En este sentido, una de nuestras principales preocupaciones se refiere a la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación. La adopción del cumplimiento sin plazos definidos que tiene la Corporación Financiera Internacional (CFI) elimina los requisitos estrictos que existen en las Salvaguardas actuales, las cuales requieren que las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) para proyectos de alto riesgo sean publicadas previo a la aprobación del proyecto. Además, no hay claridad sobre lo que es un Plan de Compromiso Ambiental y Social, cuándo se publicará, cómo se implementará y garantizará su cumplimiento, así como qué se hará en caso de que se requieran acciones correctivas y cómo y cuándo se estará en conformidad con dicho Plan. Asimismo, el borrador elimina importantes funciones de supervisión, ya que se basa en la recién revisada OP 10.0 para préstamos de inversión, en la cual ya se había debilitado el requisito de supervisión de la política, cambiándola a una orientación voluntaria. Otra cosa que este borrador elimina es la activación automática de un panel independiente de expertos en el caso de proyectos de alto riesgo, sin que exista un compromiso explícito para que se realice un monitoreo independiente en estos casos. También establece una definición más restringida sobre “área de influencia del proyecto”, así como requisitos ambiguos para proyectos clasificados con “riesgo considerable”.
Una segunda preocupación se refiere a que el primer borrador cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios claros sobre en qué casos esto será aceptable. No se explica cómo esta nueva propuesta ayudará a que el Banco y los prestatarios tomen decisiones para preparar o usar los sistemas de los países prestatarios, de tal manera que las salvaguardas puedan implementarse efectivamente en aquellos países que están en procesos de debilitamiento de sus marcos ambientales y sociales. Por ejemplo, en Perú, una nueva ley debilita significativamente la autoridad y la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); así como la coordinación intersectorial y control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del recién creado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE). Por su parte, el Congreso mexicano recientemente aprobó el primer paquete de regulaciones bajo la reforma energética, las cuales priorizan los hidrocarburos, el gas y la energía, sobre cualquier otro uso de la tierra. Estas regulaciones brindan la oportunidad para expropiaciones de tierra expeditas, además de ignorar las áreas naturales protegidas que han sido reconocidas. De manera similar, la recién aprobada Ley Minera de Bolivia, permite actividades mineras en áreas nacionales protegidas y en parques nacionales, además de excluir el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Asimismo, durante los últimos años los permisos ambientales para proyectos extractivos y de infraestructura en Colombia se han debilitado. Sin las clarificaciones necesarias, el borrador deja al Banco y al prestatario con menos capacidad de moverse con confianza hacia un enfoque de salvaguardas que contribuya a la construcción de la capacidad para la gestión local del riesgo.
Además, consideramos que la propuesta de borrador deja pasar la oportunidad para cumplir con los más altos estándares internacionales. Sobre esto, nos preocupa que el borrador carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos “optar” en cuanto al cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas para proteger los derechos de estos pueblos. Lo anterior socava inequívocamente el consenso internacional con respecto a los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos y el curso de su propio desarrollo. El borrador elimina los requisitos de estudios de referencia para informar sobre la protección del derecho a la tierra, el sustento y la vivienda adecuada. Además, introduce la “compensación de la biodiversidad” en lo que previamente estaba contemplado como hábitats naturales en estado crítico y áreas protegidas, por lo que no se podían implementar proyectos en esas zonas. Todas estas deficiencias representan grandes preocupaciones para los países Latinoamericanos con vastos territorios indígenas y tribales, así como con hábitats naturales en estados críticos.
En una región como América Latina, con los mayores índices de desigualdad, el primer borrador no provee requisito alguno que permita asegurar que las comunidades pobres y grupos en situaciones de marginación o vulnerabilidad por edad, discapacidad, género u orientación sexual, se beneficien equitativamente de proyectos financiados por el Banco Mundial u otras instituciones financieras, o que al menos, no tengan impactos desproporcionados. Por ejemplo, en los casos que proyectos apoyados por el Banco involucren desalojos forzosos y desplazamientos económicos y físicos. La propuesta actual implica que las comunidades afectadas queden desprotegidas y con poca o nula protección.
Con el lanzamiento del Banco de los BRICS la semana pasada en Fortaleza, Brasil, se torna aún más claro que el Banco Mundial enfrenta una competencia sin precedentes. Sin embargo, el borrador propuesto, no sólo va en contra del objetivo principal del Banco Mundial sobre erradicar la pobreza extrema y promover una prosperidad compartida, sino que baja el estándar tanto para el Banco, como para toda la comunidad internacional. En lugar de promover una mayor armonización de estándares, este borrador promueve que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales y bancos nacionales de desarrollo, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), bajen sus estándares. Aparte de promover que los países de la región debiliten aún más sus marcos ambientales.
Por todas estas razones, reiteramos que es indispensable que los miembros del CODE cumplan con su responsabilidad y regresen el primer borrador a la administración para que modifiquen, al menos, las deficiencias ya mencionadas.
Agradecemos de antemano su atención y apoyo en este importante tema y quedamos atentas y atentos a sus reacciones y respuestas.
Saludos cordiales,
Organizaciones firmantes
1. Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) – Regional
2. Alianza Sustentabilidad Ecológica y Justicia Social (AlianzaVerde) – Honduras
3. Amazónicos por la Amazonía (AMPA) – Perú
4. Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) – Brasil
5. Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) – Colombia
6. Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (APA) – Guyana
7. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA // Interamerican Association for Environmental Defense, AIDA – Regional
8. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) – Perú
9. Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central. Abarca las regiones de Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali (ARPI SC) – Perú
10. Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) – Ecuador
11. Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA) – Bolivia
12. Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) – Panamá
13. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) – México
14. Comunidades Negras en Colombia (PCN) – Colombia
15. Conectas – Brasil
16. Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) – Bolivia
17. Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) – Ecuador
18. Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) – Honduras
19. Congreso de la Nación Tawahka-Asangni (C.N.T. A.) – Honduras
20. Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín. Abarca la región San Martín. (CODEPISAM) – Perú
21. Consejo Machiguenga del río Urubamba (afiliado directo). Abarca la región de Cusco (COMARU) – Perú
22. Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) – Brasil
23. Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) – Amazonia
24. Coordinadora Indígena de Mesoamérica y el Caribe (CIMCA) – Regional
25. Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Aidesep Atalaya. Abarca la provincia de Atalaya, región Ucayali (CORPIAA) – Perú
26. Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo. Abarca la región Loreto, provincias Yurimaguas y Datem del Marañón (CORPI SL) – Perú
27. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) – Perú
28. Ecoa – Brasil
29. Federación de Organizaciones Indígenas de Guyana (FOAG) – Guyana
30. Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes. Abarca la región Madre de Dios (FENAMAD) – Perú
31. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) – Perú
32. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) – Argentina
33. Fundación MBiguá –Argentina
34. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) – Argentina
35. Fundar, Centro de Análisis e Investigación – México
36. Grupo Propuesta Ciudadana – Perú
37. Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Economicas (IBASE) – Brasil
38. Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) – Brasil
39. Instituto del Bien Común (IBC) – Perú
40. Institutos Latinoamericanos para una Sociedad y un Derecho alternativos (ILSA) – Colombia
41. Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) – Colombia
42. Organización de Pueblos Indígenas de Surinam (OIS) – Surinam
43. Organización Regional Aidesep Ucayali. Abarca la región Ucayali (ORAU) – Perú
44. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente. Abarca la región de Loreto (ORPIO) – Perú
45. Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) – Regional
46. Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte. Abarca las regiones de Cajamarca y Amazonas (ORPIAN – P) – Perú
47. Red Indígena de Turismo de México (RITA) – México
48. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A. C. (RedMocaf) – México
49. RED MUQUI – Perú
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