A 14 años de regresar a casa en estado vegetativo, a raíz de la mala práctica de la anestesia aplicada durante la cesárea y varios paros cardiacos, Irene Cruz Zúñiga, una mujer indígena de la sierra mixteca de Oaxaca, sigue sin obtener reparación y justicia por los daños que le ocasionó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los hechos sucedieron en 2001, cuando Irene no recibió la atención adecuada por parte del sistema de salud para poder dar a luz a su primer hijo sin correr peligro. Los hechos fueron denunciados en 2001 en la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, pero hasta 2012 no se hizo nada para investigar. Por más de 10 años, Irene y su familia permanecieron en el olvido, abandonados a su suerte, relegados a los territorios que el Estado saquea y controla por medio de sus prácticas clientelares y corruptas, y condenados, como las poblaciones rurales e indígenas en general, a recibir sus malos servicios y malos tratos.
Como acompañantes de la familia Cruz Zúñiga y representantes del caso, desde Fundar hace más de un año hemos narrado los hechos en distintos espacios públicos y mediáticos y promovimos el diálogo para insistir a las autoridades que cumplan con el acuerdo judicial del magistrado del primer tribunal unitario de circuito en Oaxaca, que reconoce la existencia de un daño continuo para Irene, su hijo y su familia y la consecuente obligación del Estado mexicano de reparar el daño sufrido hace más de 14 años.
¿Qué tipo de medidas han obtenido Irene, su familia y su comunidad hasta hoy para resarcir el daño y tener alguna seguridad de que hechos parecidos no se vuelvan a repetir para ninguna otra mujer?
Conforme a los más altos estándares y al acuerdo judicial del tribunal de Oaxaca, la reparación integral del daño debe incluir medidas de: a) rehabilitación, como por ejemplo la atención vitalicia en salud y una valoración médica completa para Irene; b) satisfacción, como por ejemplo una beca para su hijo; c) así como medidas para garantizar la no repetición, las cuales tienen que ver con los cambios en las condiciones estructurales que dieron lugar a la violación a los derechos humanos de Irene.
En este sentido, Fundar ha tenido varias reuniones con el IMSS para definir y acordar un conjunto de medidas para la reparación del daño para Irene, su familia y su comunidad, así como para definir la indemnización que les correspondería. Sin embargo, en marzo pasado, el cambio de titular en la delegación del IMSS de Oaxaca ha marcado un giro en las relaciones entre el IMSS y la familia de Irene, ya que no sólo se suspendieron las reuniones entre ambas partes, sino que las acciones realizadas por el IMSS desde entonces sugieren un cambio de posición frente al reconocimiento de su responsabilidad.
En abril de 2015, el IMSS presentó, en un evento público en el principal teatro de Oaxaca, como medida de reparación en el caso de Irene, un rodaje titulado “No hace falta morir”, que presenta una visión sesgada de la mortalidad y morbilidad materna, no asume su responsabilidad en la violencia obstétrica que impone a las mujeres indígenas, además de presentar una visión bastante controversial de la interculturalidad con la cual se supone que opera el IMSS. También en ese mismo mes, el IMSS presentó ante el tribunal unitario de Oaxaca un peritaje sociológico con perspectiva de género y enfoque estructuralista, que busca la reconsideración, es decir la exoneración de su responsabilidad en los daños sufridos por Irene, presentando una versión de los hechos que consiste a equiparar la capacidad de resiliencia de la familia a la ausencia de daño.
La responsabilización de las poblaciones indígenas en la muerte materna, la falta de sensibilidad y el cinismo que transmiten el peritaje y el rodaje “No hace falta morir”, muestran que el IMSS está franqueando delgadas líneas rojas que hacen difícil creer que sigue en la disposición para cumplir el acuerdo judicial. Por el contrario, todas esas acciones aparecen claramente como maniobras para evadir su responsabilidad y sus obligaciones a reparar el daño.
