El pasado 25 de mayo, cumplió cuatro años la entrada en vigor de la Ley de Migración. Esta Ley, que regula el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional, el tránsito y la estancia de extranjeros, causó revuelo por ser la primera legislación en la materia en México. Sin embargo, la Ley también recibió muchas críticas por parte de la sociedad civil. A cuatro años, tanto gobierno como diversos actores sociales han señalado que es hora de reformar tanto la Ley de Migración como su Reglamento y disposiciones administrativas.
Los contenidos de la Ley de Migración relativos al control migratorio predominan sobre aquellos referentes a la protección de derechos humanos, o por lo menos existe una tensión entre ambos temas. Un ejemplo: la privación de la libertad de personas migrantes que no pueden comprobar su estancia legal en el país, debe ser la excepción y no la regla. Sin embargo, la Ley de Migración habla de presentación o alojamiento en lugar de detención. Así la detención migratoria se ha podido convertir en la respuesta automática de las autoridades mexicanas a la migración irregular.
No es por nada que la primera de cinco estrategias del Programa Especial de Migración, publicado el 30 de abril de 2014, es: Adecuar y armonizar el marco normativo en materia migratoria, conforme al artículo primero constitucional, e impulsar su cumplimiento efectivo. Para dar cumplimiento a las líneas de acción planteadas por el PEM, tanto el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación como el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración han recopilado propuestas concretas de reforma a la Ley. El Consejo Ciudadano del INM hasta convocó un evento el pasado 25 de mayo para la ocasión.
En el marco del Consejo Consultivo de Política Migratoria se planteó que se deben incluir nuevos temas en la Ley de Migración, ya que actualmente podría ser calificada como una ley de extranjería. El tema de mexicanos que radican en el exterior y retorno de migrantes mexicanos al país, actualmente no están incluidos. Sin embargo, el enfoque de las propuestas realizadas en el evento del Consejo Ciudadano del INM llamado A cuatro años de la Ley de Migración en México, fue modificar aquellos contenidos que actualmente permiten la vulneración de los derechos de extranjeros o entorpecen el acceso a la justicia de los mismos.
El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria señala que pese a que la Ley de Migración se crea en el marco de una de las masacres más cruentas en nuestro país: la de las 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la implementación de la Ley de Migración ha carecido de efectos positivos en la vida de la población migrante. Las organizaciones identificaron siete temas específicos que urgen ser modificados en la legislación actual:
1. Acceso a la justicia y el debido proceso para personas migrantes con independencia de su estatus migratorio en el país.
2. Las condiciones en las Estaciones Migratorias y alternativas a la detención
3. Garantizar la certeza jurídica en el procedimiento administrativo ante el INM
4. Un proceso de regularización migratoria más flexible y acorde a la realidad socioeconómica
5. Fortalecimiento institucional, una reforma estructural del INM y visión de seguridad humana
6. Participación ciudadana con mecanismos de retroalimentación y toma de decisiones
7. Garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes
Las propuestas detalladas pueden ser consultadas en la página del Grupo de Trabajo de Política Migratoria.
Parece que existe un consenso entre las autoridades migratorias y una parte de la sociedad civil sobre la necesidad de reformar la Ley de Migración, su Reglamento y las disposiciones administrativas. Sin embargo, para que estas y otras propuestas de reforma a la Ley de Migración se hagan realidad, es necesario un esfuerzo conjunto entre estos actores y las y los nuevos legisladores del país. Para avanzar hacia una política migratoria integral, la Ley no es el único pero sí es un componente muy importante. Mientras no hay claridad y armonización del marco normativo, se pueden seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes sin que haya consecuencias.
