Desde el año pasado las autoridades hacendarias y de salud, han dado a conocer recortes importantes en el presupuesto del sector, sin ser sensibles ni tomar en cuenta a las personas que van a los servicios de salud en condiciones paupérrimas. Como Judith Butler dice, son declaraciones omisas del sufrimiento y la opresión. Parece que para las autoridades es difícil imaginar la condición crítica en la que pueden encontrarse hoy las personas enfermas y cuánto empeorarán tras la aplicación de la disminución al presupuesto en salud para el año 2017.
En una visita reciente que hice al Hospital de la Madre y el niño guerrerense, ubicado en Tlapa, ciudad de la región de la Montaña de Guerrero, se constata falta de material de curación y de la atención más básica; tanto es así, que el personal de salud en ocasiones envía a las mujeres al Hospital General de dicha ciudad. A pesar de que el hospital tiene como finalidad atender a todas las mujeres que lo requieren: por embarazo, parto o posparto.
Pareciera que el Secretario de Salud, es inmóvil ante las obligaciones normativas y éticas de la función pública que ejerce, pues se justifica mediante frases coloquiales como “A nadie le da gusto que le quiten parte de los recursos…por lo menos a mí no, pero no es un asunto de gusto, la verdad lo tengo que decir” (usado en la comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado minuto 2:28:23). Se podía pensar que al final de este comentario, llevaría a cabo un análisis reflexivo y con información sólida sobre las consecuencias de la disminución de los recursos, y expondría entonces las acciones no sólo para evitar afectaciones regresivas en las condiciones de los servicios, sino para suplir los rezagos en los mismos. Se esperaba el detalle de la política presupuestaria para el 2017, orientada a resolver las desigualdades e inequidades en poblaciones específicas, como las mujeres adolescentes, las mujeres con VIH, las indígenas, las mujeres urbanas y campesinas pobres, las mujeres trans o las migrantes.
Nada más alejado de la realidad, simplemente recurrió al argumento más usado para eludir responsabilidad, que “la economía está mal a nivel mundial, por tanto no es exclusivo de México…pero que van a trabajar con lo que la Cámara de Diputados les dé (la SSA).” Ante lo evidente, tales expresiones no alcanzan a explicar las decisiones del ajuste a la baja ni mucho menos indican qué se hará para enfrentar las consecuencias. El Secretario argumenta que a diferencia de su rol como rector, ahora es un funcionario público que “es un colaborador del presidente de México”.
La primera voz en defensa del derecho a la salud debería ser la del titular de la Secretaría de Salud, de lo contrario se van vaciando las instancias de responsabilidad en esta materia, y sólo fungen como administradoras de recursos.
Entonces ¿cuál instancia del Poder Ejecutivo es responsable legal ante la población de dar cumplimiento (Artículo 51 LGS) a su derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable? o ¿quién responderá ante las mujeres embarazadas con secuelas por una deficiente atención, pese a que cuentan con el derecho a obtener servicios de salud (Artículo 61 Bis LGS)?
No es clara la postura del gobierno en materia de financiamiento en salud, el Secretario de Salud echó mano a acciones que aparentemente conllevarían a contar con recursos financieros y materiales para contener un desastre sanitario por el recorte presupuestario. Mencionó la “depuración” del padrón de las y los afiliados al Seguro Popular, al cruzar los datos con los registros de las instituciones de la seguridad social. Tal acción significaría contar con más recursos financieros para el Seguro Popular; por otro lado indicó que se acordaría la atención interinstitucional para 715 acciones de salud, para así darle un mayor uso a las redes de atención de los servicios de salud estatales y de la seguridad social. Sin embargo, hasta la fecha la experiencia interinstitucional en la atención de las mujeres durante una emergencia en el embarazo, el parto o el posparto, ha presentado deficiencias de la mayor gravedad, que han derivado en el fallecimiento de mujere
Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación esperamos que la Cámara de Diputados logre corregir tal desastre presupuestario, la evasión de responsabilidades y funciones, y por tanto el Secretario José Narro Robles asuma su propio dicho de que “no está cerrada todavía la discusión y su compromiso de cuidar los recursos orientados a los programas prioritarios, con el fin de que no haya más problemas en salud.” La postura débil del titular del sector salud, no es materia de atención para las y los legisladores sólo durante la discusión presupuestal, debe ser una práctica legislativa durante todo el uso de los recursos públicos.
[ Por Daniela Díaz Echeverría ]
