Hace un poco más de dos años, escribí un artículo titulado “Migrantes y sus defensores, desprotegidos en México”. En aquél entonces se había cometido una agresión en contra de un migrante y una persona que lo atendía en las vías del tren en el Estado de México. El colectivo que trabajaba en la zona ya recibía medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y organizaciones en su respaldo denunciaban la falta de eficacia de dicho mecanismo.
Lamentablemente, hoy día no ha cambiado nada y persisten agresiones de este tipo contra migrantes y sus defensores. Incluso, se podría decir que el panorama ha empeorado y complejizado.
Otros recientes casos pueden demostrarlo: en este mes de mayo fallecieron dos migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. La primera muerte, del salvadoreño Manuel Antonio Ventura García de 32 años de edad, sucedió el 10 de mayo en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula. Organizaciones denunciaron que es el tercer caso de muerte en cinco meses en dicho lugar y que las condiciones del centro de detención son insostenibles. Otro hombre salvadoreño falleció el pasado 24 de mayo en el interior del INM de Apetatitlán, de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Se cree que murió por falta de atención médica. En todo caso, no se han esclarecido las circunstancias de ninguna de las dos muertes.
Por otro lado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos (Red TDT) publicó una Acción Urgente por la presunta desaparición forzada del chiapaneco de 18 años Maximiliano Gordillo Martínez, por agentes del INM. Él fue visto por última vez en un puesto de revisión migratoria en Tabasco el 7 de mayo por la noche. Este caso se da pocos meses después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación al INM por la detención de ciudadanos mexicanos en sus revisiones migratorias. Las víctimas de las violaciones a sus derechos humanos fueron personas indígenas, lo cual indica además que los agentes utilizan criterios discriminatorios en dichos operativos.
Por si estos casos no fueran ya de por sí alarmantes, recientemente hubo otros dos incidentes de agresiones cometidas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de migrantes. Un caso (o más bien una serie de casos) fue contra el personal de la Estancia de Migrante González y Martínez en Tequisquiapan, Querétaro, desde septiembre del año pasado, hasta un último incidente a finales de abril. Lo alarmante es que sus agresores son cuerpos de seguridad que trabajan para la empresa Ferromex.
En septiembre de 2015, agentes de la corporación gubernamental “CUSAEM” hostigaron y amenazaron a los colaboradores de la Estancia quienes se dedican a brindar asistencia humanitaria a la población migrante. A raíz de esto, la Estancia fue integrada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de SEGOB, pero las agresiones no han parado. CUSAEM es un cuerpo de seguridad perteneciente al gobierno del Estado de México que también presta servicios de vigilancia al INM. Sin embargo en los contratos con el INM aparecen con diferentes nombres como Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de Mexico y Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco.
A partir de 2016, la vigilancia de Ferromex estuvo a cargo de los cuerpos de seguridad SEICSA (Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V.), mismos que han dado continuidad a los hostigamientos. Un comunicado de prensa destaca al respecto: “El más grave y reciente acontecimiento se dio el 27 de abril de 2016 cuando colaboradores de la Estancia se disponían a realizar actividades de asistencia humanitaria, y custodios de seguridad de SEICSA que se encontraban encima de los vagones del tren de carga en movimiento, dispararon con armas de fuego directamente contra uno de los defensores”.
También en el estado de Tlaxcala se han documentado casos de agresiones contra migrantes por parte de cuerpos de seguridad que trabajan para la empresa Ferrosur. Por último, apenas el pasado 23 de mayo, tuvo lugar una agresión (con arma de fuego) contra el coordinador y una voluntaria del albergue Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca.
Con todo esto, me surgen muchas preguntas: ¿Qué podrá cambiar la nueva Unidad de la PGR frente a este escenario? ¿Por qué el INM todavía no cuenta con una Unidad de Asuntos Internos? (no, el presupuesto no es una excusa para todo) ¿Cómo puede mejorarse el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas? ¿Cómo puede la CNDH defender la detención de mexicanos por el INM? Y una clave: ¿Cuándo habrá un nuevo titular de la Unidad de Política Migratoria en la Secretaría de Gobernación para avanzar hacia algunas respuestas? Es triste darse cuenta que después de tantas denuncias, medidas de seguridad, leyes y programas, en México, ser migrante o ser defensor de derechos humanos trae consigo agresiones, amenazas y hasta la muerte.
