Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer para recordarnos a todos y todas que más del 70% de las mujeres y niñas de todas las regiones del mundo han sido víctimas de violencia. El contexto de discriminación que persiste en el ámbito público, que limita el acceso de las mujeres a la autonomía económica, a decidir en qué trabajar, con salarios dignos y seguridad social, pero también en el ámbito privado, al ser muchas veces controladas y maltratadas física, emocional y económicamente por sus parejas, ha resultado en graves violaciones a sus derechos humanos como el derecho a la vida, a la integridad, o la seguridad.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Para), el primer instrumento de América Latina que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, define como violencia a “cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito privado o público”.

En ese sentido, México se ha convertido en un lugar hostil para las mujeres y las niñas que sufren de violencia tanto en el espacio privado como en el público. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar 2011, cerca del 47% de mujeres de 15 años han sido víctimas de violencia perpetuada por sus parejas; de este universo, 43% ha sufrido violencia psicológica; 24.5% violencia económica, el 7.3% de la violencia sexual y el 14% de la violencia física.

  En el ámbito público, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha calculado que en el país ocurrieron más de 4 mil casos de feminicidio del 2012 al 2013, de los cuáles sólo el 15% están siendo investigados como feminicidios.

A pesar de esta realidad, las respuestas que el gobierno mexicano ha implementado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia dejan mucho que desear. La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) fue creada en el 2009 como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargado de diseñar e instrumentar políticas integrales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los tres órdenes de gobierno. Entre sus funciones, destaca además, establecer análisis y seguimiento de acciones y la de declarar la alerta de violencia de género en los casos en que se demuestre que en un territorio se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres.

No obstante, el ejercicio de estas funciones de coordinación y de seguimiento y de declarar la alerta de género el papel que esta instancia ha realizado ha sido limitado. Cabe recordar que fue hasta diciembre del 2013 que se nombró a la actual Comisionada, Alejandra Negrete Morayta, luego de más de 8 meses de ser una instancia acéfala. Ante el aumento de la violencia feminicida  en los estados de Chiapas, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Oaxaca, la CONAVIM no ha decretado la alerta de género en ningún caso a pesar de que diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado la violencia sistemática que viven las mujeres. En ese escenario, poco se sabe sobre del ejercicio del Fondo de Alerta de Género creado cuyos recursos no han sido utilizados porque no se ha decretado en ninguno de los casos la alerta de género. La información sobre la utilización de dichos recursos no es de fácil acceso.

Al gobierno le deben importar las mujeres y las niñas y lejos de disminuir recursos destinados a este tipo de Fondos como se evidenció en el Proyecto de Egresos para el 2015 enviado por el Poder Ejecutivo, debiera dar pasos decididos a la inmediata protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Cecilia Toledo

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