Los países latinoamericanos enfrentamos retos y problemas similares. Algunos de ellos son por ejemplo la poca efectividad de nuestras instituciones, la alta evasión de impuestos (en palabras de Enrique Maldonado del ICEFI: no solo somos paraísos tropicales también somos paraísos fiscales), la debilidad de nuestros marcos jurídicos, entre otros. En materia de eficiencia y calidad del gasto público sucede lo mismo. En la región continuamos sin lograr que el gasto público genere resultados e impactos en el bienestar de la población. Aunque existen distintas situaciones y contextos, los elementos negativos que impiden la buena ejecución del gasto público son un común denominador. La falta de información presupuestaria, la opacidad de las finanzas públicas y la poca o nula rendición de cuentas son algunos de los factores relevantes que aún no funcionan como debería en nuestros países.
Una de las mediciones más recientes de transparencia presupuestaria en el mundo lo corrobora. En 2012, el promedio de calificación para América Latina en la Encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Index en inglés) fue de 47 puntos en una escala de 0 a 100. Lo que significa que los países de América Latina presentan alguna información respecto al proceso presupuestario y los documentos que deberían publicarse. El país que menor información presenta es Bolivia y por lo tanto el que tiene la calificación más baja de la región. Mientras que los países con las mejores calificaciones son Brasil (73 puntos), Chile (66) y México (61). Aunque en general los países han mejorado y aumentado la cantidad y calidad de la información que hacen pública, sobre todo cuando comparamos la situación en el año en que inició esta medición, 2006, con lo que sucede actualmente, todavía falta mucho por hacer. La opacidad continúa siendo un problema en muchos países. La información desagregada en muchos rubros no existe, es el caso de Nicaragua donde por ejemplo no se cuenta con información completa sobre el monto del gasto corriente del gobierno (falta información para las entidades descentralizadas, las empresas públicas, entre otras). Otro caso es el registro contable del gasto público ejecutado que continúa siendo un problema persistente a nivel municipal en casi todos los países.
En lo que se refiere al acceso a la información muchos de los países tienen un portal de Internet que promueve la transparencia fiscal. Sin embargo, la calidad y cantidad de datos que presenta cada portal varía entre los países. Los ejemplos estrella de la región son los portales de Brasil y Perú, por el detalle y la desagregación de la información que presentan así como por su capacidad de proporcionar datos en tiempo real. A pesar de todo, y aunque se tenga mayor información sobre las finanzas públicas y el actuar del gobierno, los avances parecen ser lentos y los impactos en la calidad de los servicios públicos y la reducción de la pobreza son menores a los que quisiéramos ver.
Respecto al marco jurídico, en la región existen leyes y normas para regular la ejecución de los recursos públicos y procurar la rendición de cuentas. En el caso de México por ejemplo, está la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Sin embargo, en la región las leyes o son insuficientes o no se cumplen. Algunos países tienen leyes anticorrupción aprobadas o en proceso de aprobarse, sin embargo, pese a la existencia de los marcos jurídicos persisten los problemas con su aplicación. Además, en América Latina continúa haciendo falta un régimen efectivo de sanción. El caso del Salvador es similar por ejemplo a lo que sucede en México. Las actividades de auditoría y fiscalización carecen de vinculación legal y de sanciones hacia los funcionarios que cometen anomalías en su gestión. Aunado a esto, se tiene un grave problema de impunidad en cuanto a la condena de funcionarios. (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI).
Próximamente, en el 2015, se conocerán los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2014, y servirán para evaluar cómo vamos en la región. ¿Qué información presupuestaria continúa sin hacerse pública? ¿Qué países siguen mostrando resistencia para proporcionar más datos? Además, habrá que hacer la reflexión sobre los avances y retrocesos y enfatizar que los países que han aumentado la transparencia presupuestaria, no vayan a dar pasos hacia atrás. Asimismo, es necesario continuar buscando mecanismos para que toda la información que ahora es pública sirva para generar impactos, tanto para mejorar la calidad del gasto público como para disminuir la corrupción. En materia de rendición de cuentas, es fundamental que la región trabaje para encontrar mecanismos que permitan que la fiscalización sea efectiva, que sea utilizada para detectar y corregir malas prácticas en el uso de los recursos públicos y para evitar la impunidad. En ese tema, nuestro país tiene grandes pendientes para fortalecer el rol de la Auditoría Superior de la Federación y garantizar que sus revisiones contribuyan a cerrar con broche de oro el proceso presupuestario.
Para mayor información consultar: 1) La transparencia presupuestaria en Latinoamérica por Rocío Campos del International Budget Partnership y 2) Diagnóstico, experiencia y recomendaciones para Centroamérica por Enrique Maldonado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI).
Ambos documentos en el link: http://www.ieepp.org/index.php/debatieron-sobre-iniciativas-que-contribuyen-a-la-transparencia-presupuestaria/
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20541.html
Liliana Ruiz Ortega
