La austeridad presupuestal tiene un precio muy alto; urge reforma fiscal

Ciudad de México, 19 de diciembre de 2019. La propuesta de Paquete económico presentada por el gobierno entrante a la Cámara de Diputados perfila la aplicación de la política de “austeridad republicana” que marcó la campaña electoral del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, si bien estos recortes presupuestales afectan en su mayoría sueldos, gastos administrativos y otros que podrían no ser indispensables para cumplir con las funciones de cada institución, algunas áreas sufren pérdidas que pueden afectar el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos.

En el documento “Análisis del Paquete Económico 2019” presentado por Fundar, se detallan las implicaciones de estos recortes en sectores que afectan la vida cotidiana de las personas, como el de salud, combate a la violencia de género, reconstrucción, seguridad y otros. En el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, resulta preocupante el recorte de 28%, 15% y 30% de su presupuesto, respectivamente. En un país que cada día ve sus recursos naturales disminuidos, en el que se asesinan a 9 mujeres todos los días y en el que hay más de 36 mil personas desaparecidas, solo por mencionar algunos de los retos más importantes que enfrentamos como sociedad, es fundamental que las instituciones encargadas de atender estos problemas públicos cuenten con los recursos que garanticen su adecuado funcionamiento.

Desde Fundar respaldamos las buenas prácticas que reduzcan gastos excesivos o superfluos, sin dejar de insistir en la urgencia de una reforma fiscal que garantice al gobierno mexicano tener los ingresos suficientes para atender las necesidades de toda la población. La austeridad tiene también un precio, pues lo ganado por cada sector representa una pérdida para otro que puede ser fundamental para otra parte de la sociedad. Es urgente avanzar hacia una nueva política fiscal profunda y progresiva que eleve los niveles de recaudación y contribuya, desde las políticas públicas, a combatir la enorme desigualdad en que vivimos.

En ese sentido, resulta positivo que esta nueva administración destine casi 188 mil millones de pesos adicionales para el desarrollo social a fin de atender a la población que vive en mayor condición de vulnerabilidad. Sin embargo, es fundamental que este nuevo presupuesto venga acompañado de un rediseño de los programas que permita el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas para conocer su eficacia en el combate a la pobreza.

El documento puede consultarse aquí.

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