Todo parece indicar que muy pronto contaremos con un nuevo Código de Procedimientos Penales. Vaya que la espera ha sido larga: fue en junio de 2008 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que modifica una serie de artículos constitucionales para darnos un nuevo sistema de justicia penal. Además, hay que recordar que la publicación de este Código forma parte del Pacto por México, que en su compromiso 77 señala que se implantará en todo el país el nuevo sistema de justicia y “se tomarán medidas necesarias tanto a nivel federal como estatal para cumplir con las metas y tiempos establecidos”. De igual forma, el 78 establece que “se creará un Código Penal Único para homogeneizar las causales del delito en todo el país y así lograr acciones más coordinadas y eficaces de las policías y los sistemas de justicia”.
Este cambio, para nada menor, indica que nuestro sistema se modificará sustancialmente para convertirse en uno en donde predominará la oralidad del proceso y en donde deberá regir la transparencia, la publicidad y la expeditez. ¿Suena complejo? Vaya que lo es. Gracias a esta reforma, el sistema de procuración e impartición de justicia se desprenderá de lógicas arcaicas para convertirse en un modelo que proteja los derechos humanos
La reforma en materia de justicia penal debe leerse e implementarse en el marco de otra reforma: la de derechos humanos. A la luz de ambas nos encontramos no sólo con el deber que tiene el Estado de alinearse a lógicas que garanticen el respeto y promoción de los derechos humanos, sino que además establece una temporalidad (2016) para que se ajuste a un paradigma oral y garantista.
El objetivo de las reformas antes mencionadas es transformar de manera profunda el sistema de procuración e impartición de justicia para colocar en el centro del marco normativo el enfoque de derechos humanos. Es decir, el mandato supone mudarse por completo a un sistema en donde la presunción de inocencia, la publicidad sean la norma y en donde la prisión preventiva sea la excepción. El cambio requiere de la voluntad de la Federación y los estados para implementar este nuevo sistema.
El retraso ha sido la regla: estamos a dos años de que nos coma el plazo y apenas se vislumbra un código de procedimientos penales que siente las bases para homologar los procesos estatales. A la par de normar cómo deberá realizarse la investigación, procesamiento y sanción de los delitos federales, tendrá que reglamentar los cateos, la videograbación de las audiencias, las entrevistas a presuntos responsables de un ilícito y la reparación del daño. El tema se agendó para su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados luego de que la Comisión de Justicia aprobara la minuta enviada por el Senado el 2 de diciembre de 2013.
Esperemos entonces que los diputados y diputadas vistan a dicho código de todos los principios constitucionales en materia de derechos humanos para que se convierta en la punta de lanza que apresure las reformas y la reingeniería institucional necesarias antes de que el plazo nos alcance.
*Claudia López
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