Iniciamos el año con incertidumbre y enojo. El panorama para 2017 es incierto en todas las arenas de nuestra vida pública. Las amenazas del presidente entrante en los Estados Unidos son suficientes para que el peso se debilite y con ellos varios riesgos en las finanzas públicas se agudicen: mayor deuda pública (la cual ya ronda el 50% del Producto Interno Bruto), aumento en los precios de las gasolinas debido a nuestras crecientes importaciones de energéticos, una economía que continua en desaceleración, etc.
La desconfianza en nuestras autoridades también se incrementa. Razones no faltan: casos escandalosos de corrupción en los tres niveles de gobierno, servicios públicos que no mejoran, una clase política cada vez más alejada de las preocupaciones cotidianas de la población y una creciente sensación de inseguridad y miedo por lo que pueda venir en los próximos meses.
El aumento del precio de las gasolina ha sido la chispa detonante de un enojo contenido frente a un escenario económico y político en donde se acumulan agravios y malas noticias: tiroteos en el Caribe mexicano, una tragedia en Monterrey, y el asesinato de un defensor de los bosques en la Sierra Tarahumara, por mencionar algunos. Vivimos una verdadera tormenta sin saber cuándo vendrá la calma.
En este complicado contexto nuestras autoridades federales se empeñan en decir que de no liberar los costos de la gasolina las consecuencias serían muy graves (como si no fueran ya lo suficientemente graves): mayores recortes en programas sociales, menor gasto para la educación y salud, y mayores impuestos (como si esto fuera malo en un país con las menores tasas de recaudación de América Latina). Un argumento que se ha puesto en duda pues no han existido realmente los recortes que se anunciaron desde 2015. O mejor dicho, sí han habido recortes en sectores como salud, vivienda y gasto en inversión mientras que han aumentado otros gastos no prioritarios como es el caso de la publicidad oficial y viáticos en el extranjero para servidores públicos (tan sólo en 2015 el gobierno ejerció 100 millones de pesos más de lo aprobado en este rubro, un gasto de más de 625 millones de pesos en total para el año).
La indignación y enojo de una buena parte de la población es tan sólo una muestra del descontento ciudadano frente a una situación económica que se sigue deteriorando y en donde los anuncios realizados por el gobierno para paliar la situación no han sido suficientes para recomponer el clima. En este escenario, parece que la clase política comienza a darse cuenta y a tomar nota de que no van a poder sobrevivir en el mundo de privilegios pagados por nuestros impuestos: viáticos, celulares, vales de gasolina, choferes.
Comenzamos a ver algunos anuncios de que por fin veremos apretarse al cinturón no sólo al poder ejecutivo sino al Congreso y a los órganos autónomos: el Senado anuncia recortes, el Poder Judicial anuncia recortes, el INAI establece su plan de austeridad, la ASF anuncia sus medidas de austeridad. Anuncios que llegan tarde para apaciguar el descontento ciudadano. Un reconocimiento colectivo de que sienten el luto tras el despilfarro de recursos de la gallina de los huevos de oro el día de su funeral.
En esta vorágine de anuncios de las instituciones apasionadas de la austeridad vale la pena preguntar: ¿dónde están los gobiernos locales? Algunos gobernadores ya han anunciado su intención de subir al tren de la austeridad, y unos cuantos alcaldes han hecho lo propio.
Un anuncio que cuesta trabajo entender puesto que las entidades federativas y municipios han sido los grandes ganadores del presupuesto federal en los últimos años, lo cual no se ha reflejado en mejores bienes y servicios a nivel local. Al contrario, el endeudamiento de estados y municipios sigue aumentando a pesar de haber recibido en los últimos años cantidades millonarias de recursos por parte de la federación.
Van los datos. Tan sólo de 2013 a 2015, las entidades federativas y municipios recibieron y gastaron más de 420 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el siguiente Cuadro se muestran, con base en datos de la Cuenta Pública, seis rubros de gasto de recursos que terminaron en las arcas de los gobiernos locales con la diferencia entre lo aprobado y ejercido.
Cuadro 1. Diferencia entre el monto aprobado y ejercido de partidas relacionadas con recursos destinados a entidades federativas y municipios, 2013-2015 (cifras en millones de pesos constantes 2017=100)
| Rubro de gasto (partida) | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| 81101 – Fondo General de Participaciones |
-770 |
2,451 | 2,945 | 4,626 |
| 83101 – Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para servicios personales | 43,940 | 43,950 | 52,225 | 140,114 |
| 43801 – Subsidios a Entidades Federativas y Municipios | 77,664 | 67,861 | 66,004 | 211,529 |
| 83104 – Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de inversión | 5,598 | 5,549 | 5,597 | 16,744 |
| 81401 – Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas | 5,598 | 5,549 | 20,221 | 31,369 |
| 83103 – Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para gastos de operación | 4,008 | 5,655 | 7,405 | 17,068 |
| Total | 136,038 | 131,015 | 154,397 | 421,451 |
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cuentas Públicas 2013-2015.
A estos recursos adicionales que han recibido los gobiernos locales hay que sumar otros rubros de gasto en donde sigue imperando la opacidad: los fideicomisos públicos, muchos de los cuales también terminan en las arcas de los gobiernos estatales y municipales (como es el caso del Ramo 23). De un solo rubro de gasto (partida 46101 – Aportaciones a fideicomisos públicos), el gobierno ha ejercido más de 250 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado en el periodo 2013-2015.
Cuadro 2. Diferencia entre el monto aprobado y ejercido de partidas relacionadas con recursos destinados a fideicomisos públicos, 2013-2015 (cifras en millones de pesos constantes 2017=100)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cuentas Públicas 2013-2015
Así que bienvenidos los anuncios de recortes y austeridad de los gastos superfluos en el gobierno tanto a nivel federal como local. Pero serían también muy bienvenidas las explicaciones para entender a dónde se fueron todos estos recursos y cuál será el destino de los ahorros que nos prometen los entusiastas de la austeridad. No vaya a ser que llegue 2018 y nos enteremos que los flamantes anuncios de recortes en sueldos y salarios de la élite de nuestra administración pública terminaron en mayores recursos para partidas superfluas, opacas o no prioritarias.
