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Derechos de las víctimas

Es sabido que la mera publicación de una ley no resuelve los problemas estructurales que enfrenta un país, pero al menos representa un primer paso en la cadena de acciones que debe realizar el gobierno a fin de resolverlos. La Ley General de Víctimas (LGV), publicada a inicios de este año, fue el resultado de la exigencia de muchas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos: familiares de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas exigían del Estado acciones para revertir la injusticia que viven, esclarecer la verdad de los hechos y compensar los profundos daños sufridos. Este instrumento normativo no resuelve la tragedia humanitaria...
El pasado 20 de febrero, Human Rights Watch (HRW) hizo público su informe Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada, en el que documenta 249 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón. En 149 de estos casos, esta organización internacional dedicada a la defensa y la protección de los derechos humanos, encontró pruebas de la participación de agentes estatales. A partir de su investigación, HRW verificó que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas: el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales. En más de 60 casos, ...
Hoy la lucha por la justicia que emprenden los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, hombre nahua asesinado en un retén militar en de junio 2009, encontró una respuesta histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con siete votos a favor y tres en contra, los ministros reconocieron que los familiares de la víctima están legitimados para impugnar mediante un juicio de amparo la intervención de la autoridad competente; lo que en este caso se refiere al sistema civil, en contraposición al militar. En esencia, la decisión tiene implicaciones de suma relevancia para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, particularm...
La Ley de Víctimas, aprobada por unanimidad en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril de 2012, puede abordarse desde al menos dos ángulos. Desde el punto de vista técnico, la Ley de Víctimas pone de manifiesto la complejidad que implica coordinar a distintas instancias en los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad, a la justicia y a la participación como sujetos de su propio proceso, así como articular medidas de reparación integral. Para el Estado mexicano, responder a esta complejidad requiere definitivamente hacer acopio de la pericia de diferent...
El pasado 14 de junio se cumplieron seis años de que el gobierno de Ulises Ruiz decidiera desalojar el plantón magisterial de la Sección 22 con todo lujo de violencia, hecho que abrió la puerta a un conflicto social en donde el Estado optó por la represión y uso de la fuerza formal e informal como formas para el manejo del conflicto. El resultado fue lamentable: detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, lesiones graves, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y exilio. Y por favor, no crean solamente en mi palabra, estas graves violaciones a los derechos humanos...
Hoy, el Gobierno del estado de Oaxaca ha asumido la responsabilidad por los daños causados a las más de 500 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante 2006 y 2007 documentadas por la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Informe de la Suprema Corte de Justicia la Nación sobre el Caso Oaxaca, entre otros documentos. No obstante, el número de víctimas se presume es mayor por los varios actos de violencia sistemática y generalizada que ocurrieron y han sido documentadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha y Fundar, Centro de A...
En la medida en que se fortalezca a las autoridades para actuar con profesionalismo y respeto a los derechos humanos, se garantizará el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y se abrirá la posibilidad de reconstruir el tejido social profundamente dañado por la impunidad. Esto viene a colación porque en días pasados, las asociaciones civiles México SOS y Alto al Secuestro, que encabezan Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace respectivamente, hicieron pública su demanda de amparo en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). ...
Entre 2009 y 2010 la Corte IDH – máximo órgano judicial del Sistema Interamericano–, dictó las sentencias para los casos González y otras (“Campo Algodonero”), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; en las cuales, resolvió que el Estado mexicano es responsable por la comisión de dichas violaciones y lo condena a la reparación del daño por medio del pago de indemnizaciones líquidas a las víctimas, así como a la realización de otras medidas de rehabilitación y medidas de efecto reparatorio que son descritas en el contenido de dichas resoluciones. Cabe señalar que, con fundamento en los artículos 67...