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Acceso a la justicia

En días pasados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; dos mujeres me’ phaa de la montaña de Guerrero que fueron victimas de violación sexual por parte de elementos del Ejército. Si bien el Estado mexicano reconoció su responsabilidad parcial por el retraso en la investigación de los hechos (mismo que violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) y la afectación que esto causó en la integridad personal de las victimas, quedan varias deudas pendientes en materia de acceso a la justicia. Desde nuestra perspectiva, son dos los el...
En un contexto de crisis humanitaria por la que atraviesa el país, el gobierno de Calderón y la mayoría de nuestros representantes en el poder legislativo han olvidado que uno de los objetivos primordiales que dio origen a la conformación del estado-nación fue la protección de la población y del territorio que ésta habita. En el caso mexicano, esta razón de ser se ha relegado a un segundo plano a favor de la protección del Estado por resguardar el Estado en sí mismo (leer también gobierno); al priorizar la seguridad de sus instituciones por encima de la seguridad de las y los ciudadanos que somos parte de la nación mexicana y de los extranjeros q...
Tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, la filósofa Judith Butler señaló la dificultad dentro de los Estados Unidos de expresar una perspectiva crítica contra la guerra frente al binarismo de Bush: “O se está con nosotros o se está con los terroristas”. Esto, junto con la censura de los grandes medios de comunicación, minó significativamente la capacidad como sociedad de pensar el origen y las causas de la violencia. Para Butler, junto con la experiencia de la violencia surge un marco para poder pensarla, desde el cual se decide lo que puede escucharse. En México, la “guerra contra la delincuencia organizada” ha producido un efecto...
La escandalosa revelación dada a conocer por la cadena CBS sobre el operativo que permitió la entrada a nuestro país de casi dos mil armas en 15 meses puso de relieve la imperiosa necesidad de replantear los términos de la agenda bilateral entre los gobiernos mexicano y estadounidense. Particularmente, los puntos de agenda que se enmarcan en torno a la Iniciativa Mérida y que son motivo de preocupación para un sector cada vez más amplio de la sociedad civil mexicana. El velar por el ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos es un principio básico del ejercicio del poder en un Estado democrático. De ahí que también deba serlo para el ...
Mientras las autoridades de todos los niveles exaltan promesas y buenas intenciones en el caso de las personas con discapacidad, las organizaciones de la sociedad civil denuncian violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Así sucedió durante el marco del día internacional de las personas con discapacidad que tiene lugar cada 3 de diciembre. Este año, la administración federal promovió una serie de eventos que incluyeron el Primer Congreso de Educación Especial, un Convenio de colaboración a favor de la inclusión laboral, una caminata, una EXPO y la presentación del Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad -al que sin duda hay que echa...
La Encuesta Nacional de Inseguridad 2009 elaborada por especialistas del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad (ICESI) reveló que Yucatán es el mejor calificado en materia de seguridad –en contraste con los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Distrito Federal y Guerrero, que son calificados como los más peligrosos y ocupan los últimos lugares. De entrada, las cifras que arroja la Encuesta sobre la prevalencia en la incidencia delictiva sobre los porcentajes de la llamada “cifra negra” de delitos y principalmente, sobre la percepción de las y los ciudadanos sobre la inseguridad y la actuación de sus autoridades son suger...
En estos últimos días de discusiones parlamentarias para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un fondo para el pago de las indemnizaciones derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este hecho histórico y sin precedente es de reconocerse, especialmente la labor comprometida de distintos integrantes de los partidos políticos de la Cámara. Entre 2009 y 2010, la Corte IDH emitió cuatro sentencias que señalan la responsabilidad del Estado mexicano por la conducta activa u omisa de sus agentes y la comisión subsecuente de graves vi...
Entre 2009 y 2010 la Corte IDH – máximo órgano judicial del Sistema Interamericano–, dictó las sentencias para los casos González y otras (“Campo Algodonero”), Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; en las cuales, resolvió que el Estado mexicano es responsable por la comisión de dichas violaciones y lo condena a la reparación del daño por medio del pago de indemnizaciones líquidas a las víctimas, así como a la realización de otras medidas de rehabilitación y medidas de efecto reparatorio que son descritas en el contenido de dichas resoluciones. Cabe señalar que, con fundamento en los artículos 67...
El actual gobierno de Oaxaca representa la violación a los derechos humanos, la opacidad en el uso de recursos públicos y la ineficacia de las políticas públicas; frente a este tipo de autoridad existe una población con expectativas de cambio y que continúa actuando por la exigencia de sus derechos. A partir de la elección del pasado 4 de julio, las expectativas de cambio han aumentado frente a un nuevo gobierno emergido de la oposición. No obstante, existen expresiones ciudadanas que no sólo están a la espera de las acciones del nuevo gobierno, sino que asumen la tarea de mejorar la acción pública. Un ejemplo de ello lo ha dado el Centro Profesio...
Existe una herramienta de poder para la ciudadanía que no se ha aprovechado al máximo y cuyo uso está acotado a un número reducido de personas interesadas en el tema y especialistas. Se trata del derecho a la información y urge que se socialice y extienda entre grupos y comunidades; que se emplee como una herramienta para la exigencia y la rendición de cuentas; y que sirva como método de evaluación y denuncia de las acciones que el Estado ha realizado (o no) para salvaguardar los diferentes derechos reconocidos. En Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reconocemos la importancia de esta misión y hemos generado una serie de acciones para capac...