El presupuesto y las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos orientan los esfuerzos estatales para darles un contenido acorde con el derecho Internacional de los derechos humanos que puede mejorar el funcionamiento del gobierno e impactar positivamente en las condiciones de vida de las personas.

Indispensable garantizar mayor transparencia y recursos suficientes para el cumplimiento de derechos humanos en el Presupuesto de Egresos 2016

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  • El presupuesto aún presenta grandes vacíos y pendientes que deben repararse para mejorar el uso de los recursos públicos. 

El dinero que proviene de nuestros impuestos debe ser asignado de manera transparente, con este objetivo Fundar, Centro de Análisis e Investigación, como ejercicio de Parlamento Abierto, entregó un paquete informativo al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el Dip. Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa y al Secretario de dicha Comisión, el Dip. Vidal Llerenas Morales.

Este paquete consta de trece hojas informativas que explican algunos de los temas prioritarios para Fundar y otras organizaciones aliadas que no encuentran resultados satisfactorios en el presupuesto y ofrece recomendaciones sobre cómo solucionarlos. Estos documentos tienen como ejes rectores, la exigencia de mayor transparencia presupuestaria así como la petición de que se garanticen recursos presupuestarios suficientes para el cumplimiento de algunos derechos humanos. La exigencia principal es atender los problemas detectados que van desde la falta de recursos para políticas públicas prioritarias hasta la falta de información que permita evaluar y mejorar la gestión pública.

Entre los temas que Fundar y otras organizaciones han analizado se encuentran: subsidios al campo; deuda externa con organismos financieros internacionales; fideicomisos públicos; nuevo sistema de justicia penal en México; el gasto en publicidad oficial; radios comunitarias e indígenas; el presupuesto asignado a la defensa y promoción de los derechos de los migrantes y refugiados; el seguimiento del presupuesto e impactos para salud reproductiva en grupos vulnerables; el monitoreo del gasto y la transparencia en el Seguro Popular; presupuesto para VIH, entre otros.

Fundar también invitó a las personas interesadas a sumarse a la campaña #MejorPEF2016, en el micrositio www.curul501.org/exige-mejor-presupuesto, mediante el cual podrán hacerle llegar un tuit a las y los diputados presidentes de las comisiones encargadas de los temas y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Aquí las recomendaciones dirigidas a las y los legisladores para cada tema:

Subsidios al Campo: Reorientar la política hacia el campo y reducir los topes de Proagro (a 20 hectáreas) y Progan (a 35 cabezas de ganado) pueden liberar recursos para dar cobertura a más campesinas y campesinos, priorizando a quienes producen a pequeña escala.

Préstamos para el Desarrollo en México: A pesar de que existen instrumentos mediante los cuales la SHCP presenta información sobre el saldo relativo a la deuda externa con los Organismos Financieros Internacionales (OFI), no hay manera de conocer detalladamente la información desagregada sobre los préstamos financiados por los OFI. Los resultados obtenidos en el Diagnóstico sobre la Transparencia de los Préstamos para el Desarrollo en México, demuestran la necesidad de realizar acciones concretas que garanticen el acceso a la información sobre estos préstamos.

Fideicomisos públicos: Mayor control y seguimiento de recursos públicos comprometidos en  Se propone que el Presupuesto de Egresos de la Federación establezca  lineamientos específicos en materia de los recursos públicos comprometidos en fideicomisos que no son entidad paraestatal, con especial énfasis en la recuperación de recursos comprometidos en ese tipo de contratos.

Nuevo sistema de justicia penal en México: Total transparencia en los recursos para su implementación sobre el estado de ejecución y el ejercicio de los recursos contenidos en un contrato de fideicomiso y que fueron aprobados con el fin de otorgar subsidios a las entidades federativas para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México.

Publicidad Oficial: Urgente establecer límites al gasto excesivo en publicidad oficial. A pesar de las promesas políticas en esta materia, el problema prevalece a nivel nacional y no existen señales de cambios en las prácticas por parte del gobierno ni indicio de voluntad política en caminar hacia una regulación y control del gasto

Radios comunitarias e indígenas: Acceso a Publicidad Oficial. Urge que se defina el mecanismo para que los medios comunitarios e indígenas accedan al uno por ciento del monto con el que las instancias federales cuentan para servicios de comunicación social y publicidad como lo establece el artículo 89 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Urge definir una instancia responsable para la canalización de esos recursos hacia los medios comunitarios e indígenas.

Política integral de asilo: Dado el contexto actual, en términos de necesidades de la población refugiada que llega a México y es solicitante de asilo y las capacidades instaladas en la  Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), se propone ampliar el presupuesto en 11.2 mdp para sumar un total de 33.73 mdp. Esta cifra representaría el 0.05 % por ciento del gasto total en el Ramo de Gobernación y el 1 % en el gasto propuesto para los programas presupuestarios relacionados con la migración.

Planificación Familiar y compra consolidada de anticonceptivos: Urge transparencia y rendición de cuentas en los recursos asignados a este rubro. Por ejemplo, asignación suficiente de presupuestos para el programa de Planificación Familiar y Anticoncepción (PFA) y que éstos sean etiquetados de acuerdo a las necesidades, al contexto y área geográfica a la que serán destinados.

Presupuesto público federal para la niñez en 2016: No disminuir la proporción real de recursos para la atención de la infancia. Las decisiones en materia de finanzas públicas tienen consecuencias en el presente de los niños y niñas y en sus oportunidades de  Las medidas asociadas con recortes en el gasto en salud o educación, específicamente en servicios, tienen efectos permanentes e irreparables en la infancia.

Salud materna en pueblos y comunidades indígenas: Es prioritario asegurar la asignación de presupuesto, el carácter intransferible de los recursos financieros y la desagregación del gasto de los programas presupuestarios sobre la reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica y de la atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud, que fueron fusionados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal (PPEF) 2016.

Sistema de Protección Social en Salud: Ampliar el presupuesto asignado al Ramo 12 Salud, tras la reducción en pesos reales de un -6.73 % en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF). Ampliar el presupuesto asignado al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), tras la reducción en -5.43 %, y al Seguro Popular (SP) que no tuvo modificación respecto al 2015.

Salud Sexual y Reproductivade Adolescentes: Para operar los programas de salud sexual y reproductiva se cuenta con diferentes fuentes de financiamiento; no obstante, se carecen de mecanismos que obliguen a rendir cuentas del desarrollo de sus objetivos, indicadores y metas establecidas, articuladas al comportamiento de los recursos financieros.

Prevención y atención aVIH y a mujeres: Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, para lo cual es necesario desglosar el presupuesto y señalar cuánto se destina para el cumplimiento de cada una de las metas en este tema.

*Para mayor información, comunicarse con Ana Isabel Fuentes o Itzi Salgado, del área de Comunicación de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, al tel. 5554-3001, ext. 136 y 151.
Emails: ana@fundar.org.mx e itzi@fundar.org.mx

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Fundar entregó 13 propuestas para un #MejorPEF2016

Seguimiento en medios

Pega Presupuesto a DH.- Fundar
http://tinyurl.com/p29dblo

Piden transparencia en PEF 2016
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/10/15/piden-transparencia-en-pef-2016

@FundarMexico entregó propuestas para un mejor presupuesto público #MejorPEF2016
https://canaljudicial.wordpress.com/2015/10/15/fundarmexico-entrego-propuestas-para-un-mejor-presupuesto-publico-mejorpef2016/

Piden transparencia en Presupuesto 2016
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/620180/6/piden-transparencia-en-presupuesto-2016.htm

ONGs exigen transparencia en gasto gubernamental y más recursos para garantizar DDHH
http://www.sinembargo.mx/15-10-2015/1520005

 

Organizaciones de México y Estados Unidos llaman a gobierno de EU a retener fondos de Iniciativa Mérida por violaciones a Derechos Humanos

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Comunicado de prensa

EE.UU. debe retener los fondos condicionados de la Iniciativa Mérida a México


El gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos de derechos humanos 

Washington, D.C.— Hoy la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junta con siete otras organizaciones de derechos humanos mexicanas y estadounidenses, llaman al gobierno de Estados Unidos a no certificar a México conforme a los requisitos en materia de derechos humanos incluidos en la asistencia de los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. En un memorándum dirigido al Departamento de Estado las organizaciones también instan no  proporcionar asistencia de la Iniciativa Mérida a las fuerzas armadas de México.

Desde el inicio de la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008, el Congreso de EE.UU. ha condicionado 15 por ciento de los fondos asignados a la policía y los militares mexicanos a que el Departamento del Estado certifique que el gobierno mexicano haya hecho avances substanciales en ciertas áreas prioritarias de derechos humanos. “Retener esos fondos enviaría un mensaje claro de que los Estados Unidos condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”, dijo Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México de WOLA. “México tiene que enfrentar un nivel de criminalidad alarmante pero las violaciones de los derechos humanos no mejoran la seguridad en el país, e incluso podrían generar más inseguridad.”

En el memorándum, las organizaciones resaltan la falta de avances de Mexico en términos de derechos humanos. “[N]uestra investigación y documentación, así como el trabajo realizado por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, ilustran que el gobierno mexicano no ha logrado avanzar lo suficiente en las prioridades de derechos humanos identificados por el Congreso en su asistencia a México”, afirman las ocho organizaciones firmantes. Además de WOLA, estas incluyen Amnistía International – USA; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Robert F. Kennedy Human Rights.

“En general, proporcionando las fuerzas de seguridad mexicanas más entrenamiento y equipo, mientras que la corrupción y los abusos continúan sin control, hace poco para mejorar la seguridad en México, y es probable que continúe a empeorar una situación ya grave de los derechos humanos”, manifiestan las organizaciones firmantes. “Reiteramos que el camino hacia la seguridad ciudadana para México no es uno de la lógica de guerra, sino más bien uno de respetar los derechos humanos, fortalecer las instituciones civiles, reformar verdaderamente la policía y el sistema judicial, sancionar la corrupción y consolidar el Estado de Derecho y una democracia representativa que rinde cuentas.”

El memorándum refiere a numerosos casos emblemáticos, incluyendo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya y da datos que muestran las fallas del gobierno mexicano en investigar y sancionar a funcionarios por violaciones a los derechos humanos, en aplicar la prohibición del uso de la tortura, y en buscar a las víctimas de la desaparición forzada, como evidencia por la que el Departamento del Estado no debe emitir un informe favorable al Congreso de EE.UU. para otorgar los fondos condicionados.

Este memorándum viene un poco después de que 82 miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al Secretario de Estado, John Kerry, expresando su preocupación por la situación de derechos humanos en México y afirmando que los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya “no son incidentes aislados en México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país”.

Para leer un resumen del memorándum, haga clic aquí. 

Para leer el memorándum completo, haga clic aquí.

Contacto:
Kristel Muciño
Directora de Comunicaciones, WOLA
press@wola.org
+ 1 (202) 797-2171

Refrenda Fundar compromiso por transformar instituciones como la CNDH en favor del respeto y la protección de los derechos humanos

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  • Refrenda Fundar compromiso por transformar instituciones como la CNDH en favor del respeto y la protección de los derechos humanos.
  • El nombramiento del nuevo titular de la CNDH se enmarca en un contexto de grave crisis y deterioro en la vigencia del ejercicio de derechos humanos, por ello se espera que la institución actúe con proactividad y diligencia.
  • A pesar de los avances en el proceso de designación del nuevo titular de la CNDH, persisten importantes retos para el Senado como la incorporaración de la más amplia interpretación de los principios de publicidad, transparencia, participación y rendición de cuentas.

Los Organismos Públicos de Derechos Humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tienen como mandato aspirar a la más amplia promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas. Por lo anterior, las funciones de la CNDH cobran una enorme relevancia al enmarcarse en medio de la grave crisis de derechos humanos que enfrenta actualmente nuestro país.

En este sentido, la crisis y el grave deterioro en el reconocimiento y la vigencia de estos derechos, bajo ninguna circunstancia pueden ser ajenos a la gestión del nuevo titular de la CNDH, Doctor Luis Raúl González Pérez. Principalmente deberá poner especial atención en la alarmante cifra de desaparecidos, en las ejecuciones extrajudiciales, en la persistencia de la práctica de la tortura, en la situación de quienes defienden estos derechos y en la impunidad que persiste para investigar y sancionar a los responsables.

Así, uno de los principales retos para la nueva administración en la CNDH será la de construir y estructurar políticas y programas que enfrenten efectivamente esta problemática y reviertan la dinámica institucional existente hasta la fecha; la cual ha mantenido a las víctimas al margen del cumplimiento efectivo de sus legítimas expectativas de justicia, verdad y reparación.

Con el nombramiento del nuevo titular, el Senado de la República concluyó la última de las cuatro etapas previstas en las bases de la convocatoria para la renovación de la titularidad de la Comisión. La no reelección del ex titular de la CNDH sienta un importante precedente en cuanto a rendición de cuentas para la propia institución —ampliamente cuestionada por su gestión— y para el propio Senado en lo que corresponde a este tipo de procesos.

Sin embargo, desde la sociedad civil continuaremos insistiendo en la necesidad de perfeccionar los principios que guían este tipo de procesos ya que aún representan un reto para el Senado: publicidad, transparencia, participación de la sociedad civil y rendición de cuentas.

Dichos principios, además de brindar certeza a la ciudadanía, son parte de un ejercicio democrático que busca avanzar en la construcción de marcos interpretativos que amplían la esfera para el ejercicio de derechos y acotan la discrecionalidad en el ejercicio de poder. En la medida que sean garantizados estos principios plenamente, se abonará a la legitimidad de origen y se fortalecerá la gestión de la CNDH como máximo organismo responsable de la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país.

Finalmente, reiteramos la importancia de los Principios de París, un estándar internacional promovido por la Organización de las Naciones Unidas y ampliamente aceptado por la comunidad internacional, que enfatiza —a propósito de designación de los titulares de estas instituciones— la importancia de la existencia de procesos claros, equitativos, abiertos a la ciudadanía, transparentes, democráticos y sobre todo, participativos.

Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, refrendamos nuestro compromiso para continuar abonando a la transformación de estas instituciones y de sus prácticas a favor del respeto y la protección de los derechos humanos.

 

La falta de rendición de cuentas del Seguro Popular

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Desde que se puso en marcha el Sistema de Protección Social en Salud a través de su brazo operativo el Seguro Popular en 2004, el Ejecutivo Federal ha afirmado que cuenta con una serie de controles que evitan cualquier desvío o mal uso de sus recursos.

Lo anterior se fortalece con la incorporación de sanciones a la Ley General de Salud en junio pasado que incluyen “cuatro a siete años de prisión y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie”.

Llama la atención que estos controles se endurezcan a más de 10 años de la implementación del Seguro Popular.  Anterior a dichas sanciones ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Los recursos fueron usados para lo planeado?

Dichas preguntas cobran relevancia pues no estamos hablando de un presupuesto cualquiera, sino de la principal fuente de financiamiento para el funcionamiento de los 32 servicios estatales de salud.

Sin embargo, no se cuenta con información clara, precisa y transparente de cuál es el destino de dichos recursos. Se tienen algunas fuentes de información y rendición de cuentas parciales.

Por ejemplo, en agosto la Secretaría de Salud llevó a cabo el Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud, un magno evento con numerosos participantes de alto nivel en temas de salud a nivel nacional e internacional con un nutrido público. En tal escenario, el Director General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud declaró que los recursos del Seguro Popular comprometidos al año 2011 están comprobados a junio del 2014; y que los datos correspondientes para 2012 y 2013 se darán a conocer en junio del 2015.

Es obligación de las instituciones públicas y privadas notificar sus estados de cuenta. En el caso del Seguro Popular debiera ser obvio el transparentar cualquier recurso que reciban y eroguen. En dicho tenor, en la página del Seguro Popular se publica la información del presupuesto transferido por la Federación y el reportado por cada entidad federativa.

Son alarmantes los bajos porcentajes de recursos reportados por las entidades federativas, por ejemplo al 31 de diciembre del 2013 de los 32 estados solamente 10 los comunicaron y con comprobaciones incompletas de los recursos que recibieron del Seguro Popular.

  • La entidad con menor porcentaje de comprobación de recursos del Seguro Popular es Aguascalientes con un 9.3% del total del Seguro Popular que recibió, y el que más era Colima con un 45.4 %.
  • En resumen, a final del año pasado no está justificado el 94.4% de los 56,912.90 millones de pesos del Seguro Popular distribuidos entre los 32 gobiernos locales. Resalta la comprobación en cero de los estados de México y Veracruz, ambos concentran el 23.2 % del total de financiamiento repartido por el Seguro Popular para dicho año.

Del 2011 falta por reportar un 90.7%. Si al 30 de junio pasado iba a estar completa la justificación del presupuesto del Seguro Popular del año 2011 ¿por qué no se ha publicado la comprobación completa?

Año tras año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la Cuenta Pública de la Hacienda Federal  informa cómo se ejerció el presupuesto público de la nación, como el Seguro Popular.

  • Si como hemos visto y según la información publicada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, sólo está comprobado el 5.6% de los recursos ¿Por qué para el año 2013 la SHCP notifica que se ejerció el 100 % del Seguro Popular?

La administración pública en salud a nivel federal y estatal, reiteradamente aseveran insuficiencias de personal para fiscalizar el uso de los recursos públicos, con esa consideración, está demostrado que la vigilancia por la sociedad civil organizada y por la población en general, coadyuva efectivamente a la correcta aplicación del presupuesto público, asimismo, contribuye a la construcción de prácticas democráticas.

El próximo 15 de noviembre se cumple el plazo para que la H. Cámara de Diputados apruebe el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF), en su Decreto el artículo 32 relativo al Sistema de Protección Social en Salud, las y los diputados están a tiempo para incorporar obligaciones de reportar la gestión real de los recursos del Seguro Popular.

Daniela Díaz
http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/la-falta-de-rendicion-de-cuentas-del-seguro-popular/mnkl!66HDfla6Mqrtc/

La Gendarmería debe proteger derechos humanos y no las inversiones privadas

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El 11 de octubre, en el marco de las reuniones de otoño del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que tuvieron lugar en Washington DC, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue cuestionado por una periodista sobre los planes del gobierno mexicano para la protección de las inversiones en el país. Su respuesta indica que esto se hará a través de la nueva Gendarmería. Así, este cuerpo de élite de formación policial-castrense con más de 5,000 efectivos creado por decreto presidencial el 22 de agosto de 2014, será puesto a disposición de las empresas privadas que desarrollen proyectos en territorio mexicano. Declaraciones que generan una gran alarma pero no sorprenden, dado que uno los objetivos para los que fue creado es para atender aquellos casos en que haya actores que atenten contra los ciclos productivos o las fuentes de ingresos.

Es importante explicitar el contexto en que este cuerpo de seguridad pública fue creado, tan solo once días después de la promulgación de las leyes secundarias que reglamentó la Reforma Energética constitucional de diciembre de 2013. Leyes que establecen una serie de disposiciones mediante las cuales el Estado mexicano facilitará a las empresas petroleras el acceso a los territorios para el desarrollo de sus proyectos. Entre otras medidas, la reforma en materia de energía permitirá a dichas empresas el acceso preferente al territorio a través de figuras de renta obligatoria, como es la servidumbre legal. Esto se debe a que la actividad petrolera se considera de utilidad pública, lo cual resulta un sinsentido ahora que será realizada por actores privados. Además, a esto se suma el hecho de que la exploración y extracción de hidrocarburos se define como una actividad de orden público, por lo que cualquier acción que la “amenace” podrá ser penada.

Por otro lado, la creación de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente implica el debilitamiento de la política ambiental para acelerar la aprobación de los proyectos petroleros, en detrimento del medio ambiente y la población mientras. Esto al mismo tiempo que se favorece el desarrollo de técnicas de extracción de hidrocarburos con fuertes impactos socioambientales, como la fracturación hidráulica (fracking). Por último, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos incluye impuestos que beneficiarán a los estados y municipios, pero que están condicionados a que estos garanticen que no se interrumpa la operación de los proyectos petroleros por circunstancias “externas”. Ante este escenario, las declaraciones de Vidergaray son sumamente preocupantes ya que implican que la Gendarmería podría ser utilizada para acallar las expresiones de protesta social de oposición a la actividad petrolera y gasífera.

De esta manera, en un contexto en el que el Estado está legislando en beneficio de las empresas de hidrocarburos, la nueva Gendarmería se configura como un instrumento policiaco para defender los intereses de la inversión privada en materia energética. De manera que tendrá la facultad de actuar contra cualquier amenaza a los mismos, incluyendo la represión de expresiones de legítima oposición social. De esta manera, es sumamente preocupante que, lejos de implementar medidas para proteger y garantizar los derechos de las comunidades ante los impactos de la Reforma, como es su obligación, este cuerpo se preste a criminalizar a quienes defienden las tierras, territorios y recursos naturales.

Antes esta situación, se hace urgente exigir a las autoridades públicas que eliminen la protección de la inversión privada de las funciones de la Gendarmería y reorienten la política de seguridad hacia marcos que privilegien los derechos de las personas, basados en los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Además, el Estado mexicano debe asegurar que la política energética no atente contra los derechos humanos, el desarrollo local comunitario y la sostenibilidad energética y ambiental.

Estas son las exigencias que numerosas organizaciones y académicos hicieron esta semana. Si quieren conocer más información sobre esta acción, pueden consultarla aquí.

Aroa de la Fuente

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/27-10-2014/28501.

Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales

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  • Organizaciones de la sociedad civil responden a las graves declaraciones del Secretario de Hacienda en torno a las funciones de la Gendarmería como protectora de la inversión privada.
  • Exigen que las políticas energéticas y de seguridad se alineen a los más altos estándares de derechos humanos.

En el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue cuestionado en torno a cómo el gobierno mexicano promoverá la seguridad de las inversiones en el país. Su respuesta mandó señales de alarma a las organizaciones de la sociedad civil pues indicó que la nueva Gendarmería será puesta a disposición de las empresas privadas que desarrollen proyectos en territorio mexicano. La Gendarmería fue creada por decreto presidencial el 22 de agosto de 2014 como cuerpo de élite de formación policial-castrense con más de 5,000 efectivos, que será activado frente a tres amenazas, una de las cuales refiere a aquellos casos en que haya actores que atenten contra los ciclos productivos o las fuentes de ingresos.

Este cuerpo elite de seguridad pública se crea tan sólo unos días después de la promulgación de las leyes secundarias en materia energética el pasado 11 de agosto, que reglamentó la Reforma Energética constitucional de diciembre de 2013. Lo anterior no es un hecho menor, ya que estas leyes establecen entre otras medidas: el acceso preferente al territorio de las empresas petroleras a través de figuras de renta obligatoria, como es la servidumbre legal; el debilitamiento de la política ambiental para facilitar la aprobación de los proyectos petroleros en detrimento del medio ambiente y la población; la promoción de técnicas de extracción de hidrocarburos con fuertes impactos socioambientales, como la fracturación hidráulica (fracking); y la creación de impuestos que beneficiarán a los estados y municipios, pero que están condicionados a que estos garanticen que no se interrumpa la operación de los proyectos petroleros por circunstancias “externas”. Ante este escenario, las declaraciones de Vidergaray son sumamente preocupantes porque la Gendarmería podría ser utilizada para acallar las expresiones de protesta social que pongan en “riesgo” la actividad petrolera y gasífera.

De esta manera, en un contexto en el que el Estado está legislando en beneficio de las empresas de hidrocarburos, la nueva Gendarmería se configura como un instrumento policiaco para defender los intereses de la inversión privada en materia energética, con la facultad de actuar contra cualquier amenaza a los mismos, incluyendo la represión de cualquier expresión de legítima oposición social. De esta manera, es sumamente preocupante que, lejos de implementar medidas para proteger y garantizar los derechos de las comunidades ante los impactos de la Reforma, la Gendarmería se preste a criminalizar a quienes defienden las tierras, territorios y recursos naturales.

Vale señalar que el derecho a la manifestación y a la protesta social está indisolublemente ligado a la defensa de otros derechos humanos, como el derecho al territorio, al agua, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vivienda, entre otros. Así, las diversas formas de oposición a los megaproyectos energéticos se harán cada vez más presentes debido a una política que deja fuera los intereses de la población mexicana y privilegia los intereses de los actores privados. En este sentido, la obligación de las autoridades de gobierno consiste en proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía a la libre expresión y a la protesta social para todos aquellos grupos sociales que decidan manifestarse libremente contra proyectos que atentan contra sus derechos.

Ante esta grave situación las y los firmantes exigimos al Estado mexicano:

1.- Suprimir la protección de la inversión privada de las funciones de la Gendarmería y reorientar la política de seguridad hacia marcos que privilegien los derechos de las personas, basados en los más altos estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido es necesario:

i) la profesionalización de las fuerzas de seguridad en clave de derechos humanos;

ii) el fortalecimiento de la atención a las víctimas y de los mecanismos para prevenir violaciones a los derechos fundamentales;

iii) la implementación y evaluación de políticas de prevención de los delitos desde modelos intersectoriales que contemplen y atiendan las causas estructurales detrás de los mismos;

iv) medidas específicas para sectores de la población que se encuentran en mayores condiciones de desventaja y riesgo, como es el caso de la población indígena y las mujeres; y,

v) la puesta en marcha de mecanismos de gobernabilidad democrática, que permitan el control eficaz de la ciudadanía y los contrapesos.

2.- Asegurar que la política energética no atente contra los derechos humanos, el desarrollo local comunitario y la sostenibilidad energética y ambiental. Para ello se solicita a las autoridades públicas:

i) eliminar las figuras de acceso preferencial de las empresas petroleras al territorio establecidas en el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, como la servidumbre legal y la ocupación o afectación superficial;

ii) garantizar que las decisiones sobre los proyectos energéticos se hagan con la participación y consulta efectivas de la población directa e indirectamente afectada por los mismos; e,

ii) impedir el uso de técnicas de explotación de hidrocarburos y generación de energía eléctrica que supongan violaciones a los derechos fundamentales, la degradación ambiental irreversible y la insostenibilidad energética en el largo plazo. En este sentido, es fundamental la prohibición de la fracturación hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Atentamente,

Sociedad civil

Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Red Unidos por los Derechos Humanos
Bicitekas
Centro de Estudios Ecuménicos
Encuentro Ciudadano Lagunero
Los Planes Baja California Sur
Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Freshwater Action Network – México
Medio Ambiente y Sociedad
El Barzón
Greenpeace México
DECA Equipo Pueblo
Alianza Mexicana contra el Fracking
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA
Promovilidad
Colectivo Utopía Puebla
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (R)
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
DECA Equipo Pueblo
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)
Centro de Investigación y Capacitación (CEDICAR)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Consejo Tiyat Tlali
Grupo de Estudios Ambientales (GEA)
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad
Amigos del Río San Rodrigo
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo
Chihuahuavsfracking
Iskra Casa de Cultura
Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur
Frente Amplio Ambientalista de Nuevo León
Asamblea Social de Agua
Bios Iguana
Consejo Magisterial Democrático Poblano
Otros Mundos
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Extractivo Minero (M4)
Mujer y Medio Ambiente.
Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA)
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
Conservación Humana
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Hijos de la Tierra
Colectivas
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur
Mining Watch
Acción Colectiva Socioambiental
Fundación Manuel Toussaint
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)

Academia

Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Programa Mesoamérica de la Universidad Iberoamericana Puebla
Universidad de la Tierra en Puebla
M. en C. María Guadalupe Figueroa Torres, Académica de la UAM-Xochimilco
Carlos Vargas Cabera, Codirección Académica del Centro para la Sustentabilidad, CENTLI
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Dr. Enrique Leff Zimmerman, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, UCCS
Dr. Iván Azuara Monter, Centro de Estudios sobre la Ciudad UACM, UCCS
Arq. Roberto Eibenschutz, Centro de Estudios Metropolitanos UAM-X
María Eugenia Suárez de Garay, profesora-investigadora del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara
Dr. Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante de Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Jorge Peláez Padilla, profesor-investigador de la Academia de Derecho de la UACM e integrante de Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Mylai Burgos Matamoros, profesora-investigadora de la Academia de Derecho de la UACM y Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Dra. Aleida Hernández Fernández, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM e integrante de Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Yacotzin Bravo Espinosa, integrante de Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho y Facultad de Derecho, UNAM

Para mayor información favor de contactar a

Itzi Salgado
Teléfono: 5554 3001 ext. 151
E-mail: itzi@fundar.org.mx

Aroa de la Fuente
Teléfono: 5554 3001 ext. 118
E-mail: aroa@fundar.org.mx
Cel. 5528942814

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Discute SCJN derecho de los pacientes con VIH/SIDA al nivel más alto posible de salud

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  • El proyecto de la Segunda Sala propone conceder el amparo a fin de lograr la protección del derecho al nivel más alto de salud.
  • Una oportunidad única para avanzar en el principio de progresividad y máximo uso de recursos disponibles y el control del presupuesto por la vía judicial.
  • Las autoridades han sido omisas en asignar recursos para su construcción sin dar explicación alguna ni brindar justificación sobre el destino del presupuesto.

Ciudad de México.- Mañana será discutido el amparo en revisión 378/2014 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El proyecto a cargo del Ministro Alberto Pérez Dayán es público (Ver el proyecto de resolución) y propone conceder el amparo por considerar que se viola el derecho a la salud contenido en el artículo 4º constitucional y en instrumentos internacionales.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) brinda atención activa, hospitalaria y ambulatoria a alrededor de 1200 personas con VIH/SIDA en México que se encuentran en etapas tardía y avanzada de la enfermedad y son admitidos por enfermedades pulmonares que requieren cuidados intensivos. Sin embargo, el INER no cuenta con un servicio clínico especializado que reúna las características y requisitos necesarios para brindar condiciones adecuadas de atención, cuidado y tratamiento.

Las autoridades del INER consideraron necesaria la ejecución del proyecto denominado: “Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea” también conocido como “Pabellón 13”. Este edificio sería la primera unidad hospitalaria en México, diseñada con base en la contención de agentes infecciosos y de bioseguridad.

El proyecto contó con un apoyo económico de $7.5 millones de pesos por parte del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, mismo que fue entregado a las autoridades sanitarias en octubre de 2010. Además se otorgó el certificado de necesidad de infraestructura y equipamiento médico, permiso sanitario de construcción, certificado de factibilidad y registro en cartera.

En marzo del 2012, autoridades del INER informaron que la ejecución del proyecto había sido suspendida a pesar de contar con los requisitos indispensables para dar inicio al proyecto. Las autoridades han sido omisas en asignar recursos para su construcción sin dar explicación alguna ni brindar justificación sobre el destino del presupuesto.

Frente a la omisión administrativa de las autoridades, en diciembre de 2012 los usuarios del INER, con la representación de Fundar, Centro de Análisis e Investigación,, interpusieron un amparo señalando que se violaba el derecho al nivel más alto posible de salud, el principio progresividad y máximo uso de recursos disponibles, el derecho a la vida y el derecho a la igualdad y no discriminación de personas que viven con VIH y cuya situación las coloca en una mayor vulnerabilidad.

Consideramos que la SCJN tiene la oportunidad única de avanzar en el contenido del derecho a la salud y el control del presupuesto para reducir las arbitrariedades de la administración pública en favor de los grupos más vulnerables.

Para mayor información visita el siguiente link: http://fundar.org.mx/caso-pabellon-13/#.VCHFOeevdPA

Datos de contacto
Ana Isabel Fuentes
ana@fundar.org.mx
55 54 30 01 ext. 136

Dirección
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