Documentar y difundir información sobre afectaciones sociales y ambientales de proyectos de extracción de minerales. Fortalecer régimen de derechos, regulación, participación y consulta de comunidades afectadas.

Hablemos de las extractivas

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Sin duda es de conocimiento común que de una u otra manera las actividades minera y petrolera tienen un papel relevante en México y que el Gobierno le apuesta a las mismas bajo diferentes argumentos, tales como la necesidad de atraer inversión extranjera para generar crecimiento económico. Aunque aquí caben las preguntas de crecimiento para quién y de quiénes son las personas que se ven realmente beneficiadas por la extracción y comercialización de estos recursos, así han sido promovidas durante buena parte de la reciente historia de México. La Reforma Energética de 2013 es un claro ejemplo de ello, al abrir las puertas a la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, y priorizar esta actividad por encima de cualquier uso del territorio, en línea con lo establecido en la Ley Minera ya por 1992.

La explotación de hidrocarburos ha sido una de las principales fuentes de ingresos públicos en las últimas décadas, llegando a representar más de un tercio de los mismos, aunque en 2016, y debido a la caída del precio del petróleo, se situó en 16 %; por pagos hechos, principalmente, por Petróleos Mexicanos (Pemex). En el lado opuesto se sitúa la actividad minera, que aportó tan solo 0.24 % de dichos ingresos, pese a que México es uno de los principales productores de minerales del mundo y cuenta con 885 proyectos vigentes y 25,178 concesiones mineras. Ahora queda pendiente ver qué ocurrirá a raíz de la reforma en materia de hidrocarburos, con los actores privados que están entrando en juego y con un régimen fiscal nuevo que da gran discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir las contraprestaciones que recibirán Estado y empresas.

La otra cara de la monera de este festín extractivo tiene que ver con el uso intensivo del territorio y bienes naturales que estas actividades requieren, así como la contaminación del agua, suelo y aire que generan. Todo ello supone una amplia gama de afectaciones a las poblaciones y comunidades y, sobre todo, a sus derechos; ya que la salud, el acceso a agua potable y de calidad, la seguridad y su medio ambiente se ven comprometidos.

En el caso de los pueblos indígenas y campesinos, además, se pone en peligro su propia supervivencia física y cultural cuando la explotación de minerales e hidrocarburos se hace vulnerando sus derechos a la autodeterminación, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta previa y al consentimiento libre e informado. Por otro lado, no sólo son estas poblaciones las dañadas, si no que la sociedad en su conjunto debe enfrentar también la escasez y contaminación creciente del agua, la contaminación de los alimentos que ingiere y los efectos del calentamiento global, problemáticas estas, entre otras, a las que dichas actividades contribuyen.

Por ello, no es sorprendente que las políticas y proyectos extractivos estén generando conflictos en diferentes partes del territorio mexicano, donde numerosas comunidades y personas se encuentran exigiendo que se les garanticen sus derechos y no se les impongan dichos proyectos. Para ello, es fundamental que se respete la participación y consulta previa de las poblaciones afectadas en las decisiones, lo cual no es posible si la información pertinente no es accesible, sobre todo aquella relativa a cómo los proyectos afectarán sus vidas. Lo mismo ocurre con la participación general de la sociedad, quien también ve amenazado su futuro con estas prácticas al verse degradado el medio ambiente y al calentarse el planeta. Esto es aún más urgente ante el uso de modos de extracción altamente dañinos que se promueve en el país, como la minería a cielo abierto y la extracción de hidrocarburo no convencionales mediante la fractura hidráulica (Fracking).

Desde Fundar queremos aportar nuestro grano de arena a través del análisis y la investigación que realizamos sobre estos temas. Por eso, este año publicaremos el primer Anuario 2016 “Las actividades extractivas en México: estado actual”, esfuerzo que será presentado el próximo 6 de junio en una mesa en que conjuntamos diversos puntos de vista sobre este tema.

Las y los invitamos a sumarse a esta importante discusión y a que hablemos de las extractivas.

[ Por Aroa de la Fuente López ]

[ Artículo en el Universal ]

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 Portada

Presentación pública “Las actividades extractivas en México: estado actual. Anuario 2016”

Martes 6 de junio, 2017

10:00-12:30 horas

Centro Horizontal

Colima 378, Colonia Roma Norte

 

 

Las actividades extractivas en México: Estado actual 2016

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  • Es preocupante la manera en la cual se está implementando la Reforma Energética, luego de las pasadas rondas de licitación.
  • El aporte de las empresas mineras a las finanzas públicas es mínimo, en comparación con la gravedad de sus impactos. 

En el documento “Anuario de industrias extractivas: Situación actual 2016”, investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes, presentan un panorama sobre la situación de la actividad extractiva y sus implicaciones e impactos para los territorios en México.

Este Anuario analiza el contexto en el que México está orientando sus políticas públicas hacia las inversiones en el sector energético y minero a costa del incremento de los impactos socioambientales en los territorios y en la población.

En cuanto a la Reforma Energética, la investigación muestra que pone en condiciones de vulnerabilidad a las comunidades y territorios al haberse incluido figuras jurídicas que, como la servidumbre legal, privilegian los intereses de las empresas sobre la garantía de los derechos humanos. Además, los planes del gobierno para intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica suponen un riesgo adicional para las poblaciones, el medio ambiente y el clima, y no representan una opción energética de futuro.

Al respecto, Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, apuntó que “aunque la contribución de la extracción de petróleo ha representado históricamente una importante contribución a los ingresos públicos y, en 2016 aún representó 16% de los mismos, este no puede seguir siendo el argumento utilizado para impulsar esta actividad por encima de los derechos de las personas y comunidades”.

Por otro lado, el Anuario incluye información sobre los nuevos actores privados que han entrado al juego como parte de las cuatro primeras licitaciones de la Ronda Uno. De tal forma que, para 2016, se habían entregado 38 áreas a través de contratos a 33 consorcios en los que participaron 48 empresas.

Sobre este tema, Omar Escamilla, investigador del sector energético, señaló que “uno de los aspectos más preocupantes es la participación de algunas empresas en las rondas de licitación de hidrocarburos realizadas hasta ahora, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos y degradación ambiental. En la investigación encontramos que algunas empresas tienen vínculos con políticos y grandes empresarios mexicanos, así como con exfuncionarios del gobierno mexicano”.

Respecto al sector minero, el documento ahonda en la escasa contribución que hace la minería a las finanzas públicas, esto es, alrededor de 0.32 % de los ingresos del Gobierno Federal y 0.24 % de los del sector público presupuestario, en comparación con los impactos a la salud, agua y biodiversidad que genera. Una muestra de ello es que, para el año 2015, había 1,609 concesiones en áreas naturales protegidas (ANPs), una práctica permitida por la legislación en la materia.

Por otra parte, existen mecanismos que se han conformado con el objetivo de “compensar” los impactos y garantizar condiciones más justas para las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos, pero que cuya efectividad está bajo cuestión. Al respecto, el fondo minero ha recibido 4,282.5 millones de pesos para los años 2014 y 2015, y el Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos 7,480.7 millones en 2015 y 2016.

Beatriz Olivera, investigadora de Fundar, señaló que “para ambos fondos, existe incertidumbre en el impacto que tienen a nivel local y sobre si los proyectos están siendo realmente implementados para atender de alguna manera las afectaciones socio-ambientales que generan las actividades extractivas. Encontramos vacíos importantes en la información disponible sobre estos fondos, por lo cual es urgente que sean presentados bajo estricta transparencia.”

Finalmente, el documento presentado destaca la contribución de la actividad extractiva de minerales e hidrocarburos a las emisiones de los gases que generan el calentamiento global, así como los daños que conllevan en los territorios y poblaciones, disminuyendo sus posibilidades de enfrentar los efectos del mismo. En este sentido, Mariana Castillo, coordinadora de investigación del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) señaló la importancia de que los países de la región avancen hacia modelos de desarrollo de bajo carbono, resilientes al clima.

También apuntó que el reto para México está en establecer las condiciones nacionales necesarias para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París y en las contribuciones nacionalmente determinadas. Sin embargo, señaló que “estas metas no podrán alcanzarse si los países siguen basando su desarrollo en actividades extractivas, tales como la explotación y quema de hidrocarburos.”

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Portada

Introducción

1. El sector extractivo en la normatividad mexicana: legislación, políticas e institucionalidad

1.1. La Reforma Energética: apertura del sector hidrocarburos y priorización de la actividad de gasífera y petrolera

1.2. Minería: un laxo marco normativo e institucional

1.3. Una mirada a los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y sus necesidades de mejora

2. Presencia de las actividades extractivas en México

2.1. Infraestructura petrolera de Petróleos Mexicanos: asignaciones de exploración y producción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento

2.2. Planes de desarrollo petrolero y gasífero en el marco de la Reforma Energética

2.3. Panorama de los Hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica en México: insostenible apuesta que profundiza el modelo energético fósil

2.4. Análisis de las áreas y empresas ganadoras de las licitaciones de la Ronda Uno de exploración y extracción de hidrocarburos

2.5. Minería: Concesiones, proyectos y empresas

3. El papel del sector extractivo en la economía y las finanzas públicas

3.1. El rol de la actividad de hidrocarburos en las finanzas públicas

3.2. El nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo: aproximación al marco legal y análisis de su operación

3.3. El papel de la minería en la economía y las finanzas públicas

3.4. Mecanismos para la transferencia de recursos a nivel local: el Fondo para los estados y municipios productores de hidrocarburos y el Fondo minero para el desarrollo regional sustentable

4. Implicaciones de la actividad extractiva para los territorios

4.1. Impactos y problemáticas socioambientales generados por los proyectos extractivos en el territorio mexicano

4.2. Un acercamiento a la información sobre conflictos socioambientales causados por la actividad minera, petrolera y gasífera: mapeo general y casos emblemáticos

5. Actividades extractivas y cambio climático

5.1. El papel de la explotación de hidrocarburos y la minería en el cambio climático

5.2. El modelo energético mexicano: dependencia de los combustibles fósiles y baja participación de las energías renovables frente a los compromisos y obligaciones de cambio climático

5.3. El sector minero frente a los compromisos y obligaciones de cambio climático

5.4. Las actividades extractivas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México: análisis y recomendaciones

6. Transparencia y acceso a la información

6.1. Panorama general del acceso a la información en materia minera y de hidrocarburos: reforma legal e iniciativas de transparencia y acceso a la información (EITI y AGA)

Conclusiones

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Voces alternativas a las industrias extractivas

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México, como gran parte de los países de América Latina, ha desarrollado a lo largo de su historia, la actividad de extracción de minerales, petróleo y gas. Diferentes gobiernos, han apostado a esta actividad como fuente de crecimiento económico y, especialmente en el caso del petróleo, de ingresos públicos. Y de manera general, los diversos partidos mayoritarios, sin importar el polo ideológico en el que se sitúan, defienden la explotación de los recursos naturales como parte clave del modelo de desarrollo del país; aunque sí tienen divergencias en cuanto al modo de explotarlos, unos defienden que debe ser una industria nacional, otros que sea el sector privado.

En este contexto, los cambios en el precio de estos bienes de los últimos años, así como otros factores económicos y políticos, han tenido cierto impacto en el aporte de la actividad extractiva a la economía y las finanzas públicas, los gobiernos han mantenido su política para promover las inversiones; tendencia que se ha profundizado en los últimos años a través de importantes cambios normativos, especialmente en el sector hidrocarburos a raíz de la Reforma Energética de 2013 y 2014.

Aún con similitudes, la política minera y la petrolera han tenido históricamente importantes diferencias, basadas principalmente en el modelo de explotación elegido por el Estado para cada una de ellas. Mientras que la actividad minera ha sido tradicionalmente realizada de manera preponderante por el sector privado, la industria petrolera y gasífera estuvo a cargo, desde 1938 y hasta 2013, del Estado, a través de su entidad paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

A partir de los años 90, la política pública en minería se enfocó en ampliar la participación de la inversión extranjera en esta actividad, la cual se ha mantenido hasta la actualidad con una legislación, la Ley Minera, que se creó en 1992 y se ha mantenido con pocos cambios desde entonces. La participación del Estado se ha limitado a regular escasamente esta actividad y a los actores privados, con una institucionalidad débil e insuficiente para atender las miles de concesiones y los cientos de proyectos en operación, que ascendían a 25,178 y 885, respectivamente, en 2016.

Por su parte, Pemex ha estado a cargo de la extracción de hidrocarburos en el país, y aunque la producción ha estado cayendo desde su pico de 3.5 millones de barriles diarios en 2004, en 2016 produjo 2.2 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora bien, esta caída progresiva de la producción fue utilizada por diversos gobiernos del PAN y del PRI, con apoyo de otros partidos y del Pacto por México, para promover una apertura del sector hidrocarburos a la iniciativa privada, que finalmente desembocó en la Reforma Energética de 2013. Aunque, desde entonces y hasta 2016 se han entregado 38 áreas para la exploración y extracción de gas y petróleo a empresas privadas a través de contratos, su contribución a la producción nacional es aún muy marginal y Pemex continúa siendo el actor principal.

La Reforma tiene la clara intención de promover las inversiones privadas en el sector de hidrocarburos. Para ello, incluyó una serie de cambios y disposiciones nuevas para facilitar el acceso de las empresas a los territorios y la operación de los proyectos, a través del debilitamiento de las políticas e instituciones ambientales, sociales, climáticas y fiscales. Esto al mismo tiempo que promueve la actividad petrolera y gasífera en yacimientos de mayor complejidad y con impactos negativos más graves, como los no convencionales en lutitas y arenas compactas que requieren Fracking y los situados en aguas profundas.

Más allá de los discursos y argumentos de los gobiernos sobre los beneficios económicos y fiscales de la actividad extractiva, la realidad en muchos territorios de México es muy diferente. Los proyectos mineros, petroleros y gasíferos traen consigo degradación ambiental y violaciones a derechos humanos, que conllevan al descontento social y al surgimiento de conflictos. Esta situación es enfrentada por el Estado y las empresas con violencia, hostigamiento y criminalización, en un intento por que los proyectos avancen, aún por encima de los derechos de las poblaciones y las comunidades indígenas y campesina y sus formas de vidas; muchas de las cuales viven en situación de pobreza, en un país con altos índices de marginación y desigualdad.

Asimismo, conscientes del poder de la información para generar movilización y participación social, a través de leyes y prácticas, el Estado lleva a cabo acciones que limitan el acceso a información clave relativa a las actividades extractivas, aún en contra de su propia legislación de avanzada en materia de transparencia y acceso a la información; como aquella relativa a los impactos sociales, ambientales y climáticos de las mismas. En este sentido, desde las poblaciones afectadas y la sociedad civil se demanda la publicación de información útil, clara y oportuna, y a través de medios y formatos adecuados, sobre las implicaciones, impactos y costos sociales, ambientales y climáticos que cada proyecto extractivo tiene en los territorios.

A su vez, cada vez se escuchan con más fuerza, argumentos y propuestas en las voces que exigen al gobierno mexicano modificar el rumbo y el modelo de desarrollo actual basado, en gran medida, en la explotación de los recursos naturales a costa de la gente y el futuro del planeta.

Aunque el reto por delante es enorme, lograrlo está a nuestro alcance, pero para ello es necesario generar la voluntad política que permita encaminar al país hacia esta senda alternativa, sostenible y respetuosa de los derechos humanos. Sumar nuestras voces y exigir un cambio de rumbo puede marcar la diferencia. Sus voces, lectoras y lectores, son fundamentales para que estos cambios puedan tener lugar y que las y los representantes públicos no puedan seguir mirando para otro lado, acompáñennos.

[ Por Aroa de la Fuente ]

[ Artículo en La Silla Rota ]

 

 

Es tiempo de derribar muros, no de construirlos

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El pasado 20 de enero el gobierno del nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en funciones. Sus primeras acciones muestran que muchos de los planes que contemplaba durante su campaña irán adelante. Entre ellos, para preocupación de una buena parte de la población de este país y de las y los activistas ambientales, climáticos y de derechos humanos del mundo entero, los de promover, con aún mayor intensidad, proyectos de combustibles fósiles.

Su Primer Plan de Energía establece muy claramente que Trump “está comprometido a eliminar dañinas e innecesarias políticas como el Plan de Acción Climático y las regulaciones sobre agua”. Con esta medida, pretende eliminar mecanismos públicos que ponen ciertos frenos, aunque aún limitados, a inversiones sucias, que vulneran derechos humanos, degradan el ambiente y nos llevan al caos climático, pero que son fundamentales para evitar que dichas inversiones fósiles nos afecten a todas y todos. Sin embargo, esta postura no resulta tan sorprendente cuando leemos que buena parte del Gabinete de Trump está integrado por personas ligadas a la industria del gas y el petróleo; cuyo exponente más llamativo es el nombramiento de Rex Tillerson, Director Ejecutivo de la compañía petrolera Exxon Mobile desde 2006 hasta enero de este año, como Secretario de Estado.

Los argumentos utilizados para promover la llegada de nuevas empresas y proyectos de hidrocarburos al país no nos son ajenos, pues fueron los mismos que utilizó el gobierno mexicano durante la Reforma Energética. Entre ellos se encuentra la creación de empleos y el incremento de los salarios a los que estas medidas supuestamente llevarán, afirmaciones que se encuentran alejadas de la realidad. En EEUU esta industria únicamente contribuye con 0.5% del empleo total del sector privado. Otras actividades, como aquellas relacionadas con servicios de salud y asistencia social, generan alrededor de 28 veces más empleo a nivel nacional.

En este sentido, un estudio realizado por Corncerned Health Professionals de Nueva York y Physicians for Social Responsability en 2015 señala que las promesas de creación de empleo de la industria del petróleo y el gas han sido exageradas. Por el contrario, las empresas muchas veces contratan a personas procedentes de fuera y son empleos de muy corta duración. Mientras que lo que sí trae consigo la llegada de los proyectos a las comunidades estadounidenses es el aumento de la criminalidad, el comercio sexual, las agresiones sexuales y el abuso de drogas.

Pero hay otro punto en común entre los planes de Trump y los del gobierno de México y es la apuesta que ambos hacen por la explotación de hidrocarburos en yacimientos de lutitas, la cual requiere el uso de la fractura hidráulica o Fracking, y por la “revolución del gas natural”. Aquí, igualmente, señalan el beneficio público que esto implicará, pese a la sobrada evidencia que ya existe de que no es tal el beneficio y son muchos los perjuicios. No olvidemos que la extracción de gas y petróleo por fracking ya se lleva realizando más de una década en EEUU, promovida también por la Administración de Obama y, en particular, por Hillary Clinton, y ha mostrado sobradamente sus graves e irreversibles impactos.

Entre estos daños se encuentra la contaminación de las fuentes de agua potable que se utilizan para consumo humano y de aquellas con las que se riegan nuestros alimentos y bebe el ganado; la presencia en el aire de numerosas sustancias nocivas que dañan a quienes lo respiran; el aumento de enfermedades respiratorias, del sistema nervioso y de cáncer, así como de daños al sistema reproductor y a los bebés en desarrollo; los accidentes y enfermedades laborales asociados a la peligrosidad y toxicidad de esta actividad; los sismos y temblores que han causado importantes afectaciones en viviendas y la tranquilidad de las poblaciones (y que, incluso, ya se han comenzado a sentir en el norte de México, en ciudades como Monterrey); y, las grandes cantidades de gases emitidas a la atmósfera, que contribuyen al cambio climático. Con este historial, lo que queda claro es que no es el interés público lo que está primando en las decisiones, sino más bien el de las corporaciones cuyos intereses se entrelazan con los de funcionarias y funcionarios públicos.

Por último, no podemos dejar de señalar otra similitud entre las políticas energéticas de uno y otro lado de la frontera: la promoción de proyectos vulnerando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Esta misma semana Trump autorizó dos oleoductos, Dakota Access y Keystone XL, tristemente famosos por las afectaciones a territorios ecológicamente frágiles y pertenecientes a poblaciones originarias y por la resistencia social que han desatado. Lo mismo está ocurriendo en México, donde el gobierno ha dado numerosos permisos para la construcción de ductos para el transporte de hidrocarburos, que atraviesan territorios indígenas en Chihuahua, la Sierra Norte de Puebla, San Luís Potosí, Veracruz y otras regiones del país. Tanto comparten ambos países, que es incluso la misma empresa, Transcanada, la que construye parte de esta infraestructura en los dos.

Ante esta situación compartida, es urgente que desde la sociedad fortalezcamos los lazos de solidaridad con nuestros vecinos del norte y unamos esfuerzos para evitar que la promoción de las inversiones se haga por encima de los derechos humanos, el medio natural y el sistema climático global. Es tiempo de derribar o saltar los muros existentes, no de construirlos.

[ Por Aroa de la Fuente López ]

[ Artículo en La Silla Rota ]

De reformas y resistencias

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En diciembre se cumplen tres años de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, la cual, junto con las leyes aprobadas en agosto de 2014, implicó profundos cambios en la manera en que la industria petrolera venía funcionando hasta entonces. Ya es por todas y todos conocido que supuso la apertura de este sector a la iniciativa privada a través de diferentes tipos de contratos entregados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener). Ya no se trata de los tradicionales contratos con que Pemex compraba o rentaba bienes y servicios para su operación, sino que a través de los mismos se les entregan a las empresas privadas áreas de territorio mexicano para llevar a cabo tareas de exploración y extracción de gas y petróleo. Hasta el momento, ya se han dado 30 áreas en las tres primeras licitaciones de la Ronda 1 y en los planes inmediatos está la entrega de 45 adicionales de aquí a julio de 2017.

Territorios de Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Chiapas están siendo afectados por estos proyectos y la llegada de nuevas empresas, lo que se suma a las regiones en las que opera Pemex en estos mismos estados y en otros, como Puebla y su Sierra Norte y Coahuila. A ello se suma las áreas que se entregarán este 5 de diciembre para la explotación de hidrocarburos a grandes profundidades en el Golfo de México, proyectos altamente riesgosos que ya han causado importantes desastres ambientales y sociales, como el de la plataforma Deep Water Horizon de British Petroleum (BP) en 2010, también en el Golfo. Además, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ya ha anunciado que el año que viene darán los primeros contratos para gas y petrolero no convencional, es decir, para fracking, mientras que a Pemex ya se le han dado permisos para usar esta contaminante técnica.

Una pregunta que surge en este contexto es sobre las implicaciones que hay para la gente y las comunidades que viven en estas zonas. Más cuando, como señalamos en la publicación “El sector hidrocarburos en la Reforma Energética: retrocesos y perspectivas”, esta apertura de la industria a los actores privados ha venido acompañada de una serie de mecanismos legislativos ideados para facilitar el acceso de las empresas y la operación de los proyectos en los territorios. El primero de ellos, y que permite o trata de justificar muchos de los otros, es la definición de industria de hidrocarburos como actividad de utilidad pública. En la práctica, esto significa que el Estado, ante la solicitud de las empresas, está en la posibilidad de obligar a las y los dueños de los terrenos, ya sean individuales o colectivos (como ejidos y comunidades, campesinas e indígenas), a rentarles sus tierras a dichas empresas, para el desarrollo de proyectos.

Pero es que, además, explorar y extraer gas y petróleo pasa a ser de interés social y orden público, lo que quiere decir que tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que se lleve a cabo en los territorios. Si la gente está usando esas tierras para cultivar maíz o frijol, para alimentar su ganado o para vivir, o si por allí pasa un río del que toman agua o se encuentra un lugar sagrado, son temas que la legislación energética pretende poner en segundo lugar, cuando de la actividad petrolera se trata. La prioridad será que las empresas puedan operar, por encima de cualquier otra consideración, por lo que se anteponen los intereses privados a los de las comunidades y la población. Y es a esto a lo que la Reforma llama utilidad pública, pasar bienes comunes a unas pocas, pero poderosas, manos privadas.

¿Qué les parecería a ustedes si de la noche a la mañana les obligasen a rentar una de las habitaciones de sus casas a un inquilino molesto y peligroso, que pone en riesgo sus vidas, que no les deja continuar con sus costumbres y que, además, se enriquece usando sus cosas? Seguro que esto les preocuparía, les asustaría y les indignaría, más sabiendo que el Estado que debe protegerles es el que les pone en esta situación. Seguramente que harían todo lo que está en sus manos para defenderse y evitar que esto suceda, para proteger a sus familias, su futuro y patrimonio.

Es esto precisamente lo que están haciendo las comunidades indígenas y campesinas a lo ancho y largo del país, ante la llegada de proyectos energéticos a sus territorios. Para ello, reclaman que antes de la Reforma y sus leyes, el Estado ya estaba sujeto a obligaciones para garantizar sus derechos a beber agua limpia, a producir y comer alimentos sanos, a vivir en un medio ambiente sin contaminación, a gozar de buena salud y a tomar decisiones sobre el uso y disfrute de sus tierras, territorio y recursos naturales. Estas obligaciones siguen vigentes hoy en día y deben ser cumplidas. Exijamos que se respeten, como lo haríamos si esto nos sucediera a nosotros o a nuestras familias o si amenazaran nuestro barrio o nuestros hogares.

Para más información sobre la Reforma Energética y sus implicaciones, no dejen de consultar la publicación “El sector hidrocarburos en la Reforma Energética: retrocesos y perspectivas”.

[ Por Aroa de la Fuente López ]

[ Artículo en El Universal ]

 

El derecho a la información y el caso del principio 10

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El Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo busca asegurar los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en temas ambientales. Sin embargo, las discusiones en México comenzaron a darse a puerta cerrada y los acuerdos de apertura no fueron incorporados en el proceso de construcción de la postura que llevará el gobierno para el documento de América Latina.

Los conflictos socioambientales van en aumento en el mundo, y América Latina no es la excepción. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, al día de hoy son aproximadamente 179 conflictos derivados sólo de la industria minera. Para el Atlas de Justicia Ambiental (Environmental Justice Atlas) la región presenta 585 casos en donde la amenaza al ambiente por industrias extractivas y la imposición de megaproyectos genera conflictos sociales.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en su último Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015, identifica 109 ataques contra defensores ambientales en todo el territorio nacional. Además, observa un aumento en los ataques desde 2010, año en el que los incidentes registrados fueron 10. A su vez, el investigador Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, en su última publicación de 2014 identificó 300 conflictos socioambientales. Estas cifras apuntan hacia dos conclusiones; la primera, sin duda, es la necesidad de profundizar en la identificación de estos conflictos ya que se estima que el número es mayor; la segunda, la necesidad de plantearnos, como país y región, una mejor forma de manejo de recursos naturales en donde comunidades directamente afectadas, y la sociedad en general, tengamos la oportunidad de participar de manera informada.

Los diversos proyectos de desarrollo generan conflicto tanto por los efectos en el medio ambiente -los cuales tienen consecuencias directas sobre las comunidades que habitan la zona- como por la imposición de estos proyectos -los cuales suelen obedecer a intereses económicos, a costa de las personas y sus derechos.

La urgencia de construir formas distintas para el manejo de los recursos naturales y de garantizar el derecho a un medio ambiente sano llevó a que en 1992 se celebrara la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. Como parte de esta declaración se encuentra el Principio 10 (PP10) el cual busca asegurar los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en temas ambientales.

En 2012, países de la región celebraron la Declaración sobre la aplicación de este principio y acordaron trabajar sobre un documento para América Latina en donde los países se comprometieran a garantizar los tres derechos mencionados en temas ambientales.

Dos años después, en 2014, los países dan inicio al proceso de negociación y entre los acuerdos más relevantes está el llevar a cabo un proceso participativo con la sociedad civil en donde la apertura y la transparencia fueran centrales para la construcción del documento regional de implementación del PP10.

Era bastante lógico que las discusiones en torno al derecho de acceso a la información y a la participación en temas ambientales fuera abierta, transparente y participativa. Para el caso de México, desde el año pasado, las discusiones comenzaron a darse a puerta cerrada y los acuerdos de apertura no fueron incorporados en el proceso de construcción de una postura.

Diversas organizaciones de la sociedad civil de los países participantes han formado parte del proceso de negociación, ya sea comentando el documento, asistiendo a las reuniones u opinando abiertamente sobre las posturas vertidas.

Sin embargo, para el caso de las organizaciones de la sociedad civil mexicana, acceder a las opiniones de su propio gobierno ha sido un viacrucis ya que el gobierno mexicano decidió declarar como reservada la información referente al documento de implementación del PP10.

A la par de la cerrazón de México, en el portal de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), – quien se encargó de redactar el primer borrador del documento y es el espacio en donde se llevan a cabo las negociaciones entre los países-, podemos encontrar los comentarios de varios de los países participantescomo: Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Perú, entre otros.

Cabe mencionar que fue un acuerdo de los países en la Primera Reunión del Comité de Negociación poner a disposición del público sus comentarios de manera previa a la Segunda reunión, plazo que en agosto de 2015 venció. Desde entonces, la lucha por la apertura de información sobre los derechos de acceso a la información y a la participación en temas ambientales ha sido una batalla en México.

Mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información solicitamos las opiniones de las secretarías y dependencias consultadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre el documento en cuestión. A excepción de la SAGARPA, siete dependencias negaron la información mediante la reserva por ser un proceso deliberativo.

De estas reservas derivaron 14 recursos de revisión los cuales el INAI ha resuelto casi en su totalidad, modificando la respuesta en donde prácticamente le enmienda la plana a la autoridad y le indica que la causal de reserva no es adecuada; sin embargo les ordena reservarla bajo otra causal, que es la afectación a negociaciones internacionales.

Al día de hoy carecemos de acceso a los documentos que el gobierno mexicano se comprometió hacer públicos de manera previa a las discusiones del Comité de Negociación, se ha violado nuestro derecho humano de acceso a la información por parte de las dependencias en cuestión, y el propio organismo garante de la transparencia y las organizaciones participantes en estas discusiones carecen de la información necesaria para participar en el proceso dado que desconocen la postura de su propio país.

Suena ilógico discutir documentos sobre derechos de acceso a la información y a la participación mediante el ocultamiento de información y con la venia del organismo garante de la transparencia. Desde Fundar hemos expuesto cómo la aplicación de la causal de reserva, tanto la señalada por la autoridad como por el propio INAI es inadecuada dada la naturaleza de la información, o ¿de qué forma se afectan negociaciones internacionales cuando el acuerdo de los países participantes es la apertura previa de las opiniones?

Esta forma del gobierno federal de abordar lo público nos deja varios mensajes: el primero, no están dispuestos a incluir a la sociedad civil en las discusiones públicas, la discrecionalidad sigue siendo su apuesta, por mucho que se avance en leyes de transparencia; el segundo, la opinión de la comunidad internacional les importa muy poco ya que no atienden los acuerdos realizados; el tercero, las decisiones sobre el manejo de los recursos naturales no son para la discusión pública ni para atender el interés general.

En medio de una explosión de conflictos socioambientales resulta una pésima apuesta del gobierno federal mantener un modelo impositivo de desarrollo en donde el acceso a la información sigue siendo la gran faltante.

 @FundarMexico

La sierra norte de Puebla en jaque por el fracking

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– Investigación señala que la fracturación hidráulica ha sido utilizada en, al menos, 233 pozos perforados en esta región

– El gobierno planea intensificar esta actividad en los próximos cinco años a través de asignaciones a Pemex y contratos a empresas privadas derivados de la Reforma Energética

– El territorio de los pueblos totonaco, nahua, otomí y tepehua de 35 municipios de la Sierra se encuentra amenazado por la explotación de hidrocarburos y la fracturación hidráulica

Este mes de abril se hizo pública la investigación realizada por el Consejo Tiyat Tlali, la Alianza Mexicana contra el Fracking y Fundar, Centro de Análisis e Investigación “La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidades”.

El documento alerta que la región está en la provincia petrolera Tampico-Misantla, la segunda del país en prioridad para explotar hidrocarburos en yacimientos de lutitas (no convencionales) a través de fracturación hidráulica. Si bien las estimaciones son aún muy iniciales, Petróleos Mexicanos (Pemex) calcula que esta provincia cuenta con la mayor cantidad de recursos prospectivos de petróleo y gas húmedo en este tipo de yacimientos, con 57.8% del total nacional. Por lo que el Estado planea intensificar la actividad exploratoria en los próximos años para determinar las reservas realmente existentes, lo que ya implica el uso de la fracturación hidráulica y, consecuentemente, la generación de impactos negativos y daños irreparables a las poblaciones indígena y campesina de la región.

El análisis realizado también permitió constatar que a 2013, existían al menos, 233 pozos en los cuales se ha utilizado esta técnica, situados en los municipios de Francisco Z Mena, Venustiano Carranza y Pantepec, con 121, 98 y y 14 pozos respectivamente. Esta información fue obtenida mediante solicitudes de información realizadas por las organizaciones de sociedad civil, ya que la población no fue informada por el gobierno y, mucho menos, incluida en la toma de decisiones sobre estos proyectos. Esto es reflejo de una de las problemáticas asociadas al desarrollo de esta actividad, la cual se encuentra rodeada de un velo de opacidad y carece de mecanismos de participación efectivos. Esto conlleva la vulneración de los derechos de acceso a la información, participación, autodeterminación de los pueblos, consulta y consentimiento libre, previo e informado, entre otros.

Con base en datos del documento de la Secretaría de Energía “Resultado de la Ronda 0”, que ya no se encuentra disponible, la Sierra Norte se sitúa en dos de las áreas entregadas a Pemex para exploración de hidrocarburos no convencionales, es decir, aquellos que requieren ser fracturados hidráulicamente. La entrega de dichas áreas y la decisión sobre utilizar esta técnica no ha sido informada de manera previa a la población de la zona, en detrimento de los derechos señalados anteriormente. Dentro de las mismas se encuentra, además de los ya mencionados, el municipio de Jalpan.

Las amenazas a esta región no acaban aquí, ya que el Plan Quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos publicado en junio de 2015 y actualizado en octubre de ese mismo año, también contempla la entrega de contratos para exploración de gas y petróleo no convencional en la Sierra Norte. De esta manera, 13 municipios tienen territorio comprometido como parte de las Rondas 2 y 3 del Plan, que se implementarán dentro de los próximos cinco años. Además, una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Pemex en 2014 para la explotación de hidrocarburos, incluyendo el uso de la fracturación hidráulica, mostraba que 35 municipios cuentan con potencial hidrocarburífero. Aunque esta MIA fue retirada y el proyecto no fue llevado a cabo, indica que una gran parte de la Sierra se verá afectada por el desarrollo de esta actividad.

La fracturación hidráulica es una técnica que conlleva el uso y contaminación intensiva del agua, que en esta región requiere por pozo 16 veces más agua que la ya impactante explotación de hidrocarburos tradicional. Esta agua es mezclada con más de 750 productos químicos altamente tóxicos y causantes de enfermedades como cáncer y daños en el sistema endocrino y el sistema nervioso. Las fugas de este líquido hacia acuíferos son inevitables, por lo que el ambiente y la población quedarán expuestos a los mismos. Al menos cinco cuencas hidrográficas de la Sierra se verán afectadas, con impactos también en otras regiones. Debido a la extensión territorial que conlleva esta actividad, es incompatible con la agricultura, la ganadería y los modos de vida y supervivencia de los pueblos totonaco, nahua, otomí y tepehua y las comunidades campesinas de la Sierra.

En un contexto en el que el Estado y las empresas están tratando de desarrollar megaproyectos mineros, hidroeléctricos y de fracturación hidráulica en la Sierra Norte y donde se vulnera el acceso a la información, esta investigación se convierte en un valioso aporte para que la población conozca lo que está ocurriendo. Por ello, es urgente dar a conocer los resultados de la misma y seguir promoviendo la prohibición de la fracturación hidráulica, como única medida posible para proteger a la población y el ambiente y garantizar los derechos humanos en esta región y en el país.

Contacto: Ana Paula García, anapaula@estudiosecumenicos.org.mx, Cel. (044) 55 4349  5279

Aroa de la Fuente, aroa@fundar.org.mx, Cel. (044) 55 2894 2814

 

Documento completo: https://es.scribd.com/doc/310185703/La-fracturacion-hidraulica-en-la-Sierra-Norte-de-Puebla-una-amenaza-real-para-las-comunidades

Malas finanzas impedirían a minera Frisco operar en Tetela

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  •     Minera Frisco no podrá realizar actividades en Tetela de Ocampo por vencimiento de permiso ambiental.
  •     Comunidad exige la salida definitiva de Frisco de su territorio y el respeto a sus derechos humanos.

Organizaciones civiles presentan ante la comunidad de Tetela de Ocampo información sobre la situación actual en materia económica y jurídica del proyecto Espejeras de la empresa Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim.

El primer dato relevante dado a conocer fue que el proyecto minero dejó de contar con un permiso de impacto ambiental válido para realizar actividades de exploración, al haberse vencido el término del resolutivo ambiental autorizado por SEMARNAT el pasado 3 de octubre. Por tanto la empresa Frisco, ya no podrá realizar operaciones de ningún tipo en las comunidades amenazadas por este proyecto.

Porotra parte, se informó que el consorcio minero, tercer productor de oro en el país, se encuentra en una situación crítica de sobreendeudamiento, debido a la caída de los precios del oro en el mercado mundial, gastos excesivos en la adquisición de competidores y la consolidación de otros proyectos mineros. Ante esta coyuntura, ha hecho públicas sus intenciones de detener las actividades de exploración en diferentes estados de la República, dentro de los cuales podría encontrarse el proyecto Espejeras, que hasta agosto de 2015 no tenía contemplado un plan para desarrollarse; todo ello de acuerdo con la investigación realizada por la organización PODER.

En este contexto, la comunidad de Tetela de Ocampo reafirmó su rechazo a laminería, exigió la salida definitiva de Frisco de su territorio y manifestó la necesidad del respeto a sus derechos humanos y la defensa de sus proyectos de vida.

Dato de contacto: Twitter: @TetelaDiceNo

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Salidas en medios:
http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2015-11-22/interiores/malas-finanzas-impedir%C3%ADan-minera-frisco-operar-en-tetela

SÍ A LA VIDA (video informativo sobre Mineria en Tetela de Ocampo (3 min)
http://www.youtube.com/watch?v=EA_yt62VMXU
MARCHA NO A LA MINA EN TETELA DE OCAMPO (1 min)
http://www.youtube.com/watch?v=FnYp3587LR0
TETELA CORAZON DE LAS MONTAÑAS (5 min)
http://www.youtube.com/watch?v=T0HHgOMQYFQ
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