Estamos viviendo y siendo testigos de un momento en el que el Estado lejos de garantizar nuestros derechos ha permitido, por un lado, la institucionalización de la corrupción, y por el otro, la flexibilización de políticas públicas que abren las puertas a inversiones en proyectos, tanto violatorios de derechos humanos, como excluyentes, en el sentido que sólo benefician a las élites políticas y económicas. Tal es el caso de la reforma energética, a partir de la cual se crearon leyes que desmantelan los mecanismos de defensa de la tierra y que dejan desamparada a la población rural del país frente a los intereses de grandes compañías petroleras y...
