Confianza y legitimidad para el combate a la corrupción

Confianza y legitimidad para el combate a la corrupción

En 2016 se definió un marco normativo con un potencial amplio para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Todo bajo un proceso de discusión legislativa con participación sustantiva por parte de organizaciones civiles y académicas, y de otras personas especialistas. Para 2017, en principio, la expectativa más importante es la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, el año comenzó con una serie de protestas que pueden dejar de lado esa promesa. Detrás del malestar que provocó el incremento del precio de la gasolina están una serie de acciones y decisiones por parte de quienes son responsables de la conducción de los asuntos públicos. Y entre los factores más influyentes del enojo está el hartazgo social por la reiteración de abusos de poder y de actos de corrupción.
Cuando un gobierno pierde credibilidad, cuando las personas rechazan prácticamente en automático sus explicaciones y mensajes, también pierde la capacidad de dirección de la sociedad. La confianza ciudadana en las decisiones que toma el presidente o cualquier funcionario público es imprescindible para poder entender y asumir su racionalidad técnica y política. También es importante para comprender mejor la forma en que esas decisiones se relacionan con los problemas que enfrentamos cotidianamente y por qué se plantean como solución a los mismos.
Para que las personas confiemos en la actuación de las y los gobernantes son necesarios varios elementos, por ejemplo, que logren los objetivos que se proponen, y que esos objetivos se definan mediante procesos transparentes y participativos, de forma que no predomine solo una perspectiva sobre los asuntos que nos conciernen a todas y todos. Cuando las decisiones se toman de forma unilateral, a puertas cerradas, sin explicarse ni justificarse – es decir, cuando no hay transparencia, participación ni rendición de cuentas – es prácticamente imposible que se consideren legítimas y que se reconozca socialmente su necesidad y pertinencia.
Esa aceptación solo se logra con el convencimiento de que el resultado de la decisión posee las condiciones necesarias para lograr sus objetivos. Por ello, se necesita prever que, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, cada parte integrante –el Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa– cuente con legitimidad de origen, tanto en su diseño institucional como en el desempeño de sus funciones.

En ese sentido, las personas que encabezan cada una de esas instancias deben cumplir con una serie de requisitos que no se limitan a lo que establecen las leyes, sino a las condiciones de exigencia de transparencia y participación en el ejercicio de la función pública. No basta con que sean personas técnicamente capacitadas, especialistas en los temas y con experiencia.

También importa la forma en que se designan, porque el proceso define, en buena medida, la legitimidad del nombramiento: en un contexto de desconfianza –justificada por completo– hacia el gobierno. No es posible mantener la creencia de que el mandato que obtuvieron en las elecciones, o tener la mayoría legislativa, les alcanza para que la gente acepte – racional o irracionalmente – sus decisiones.

La participación ciudadana importa porque la sociedad debe sentirse parte de las acciones de gobierno, y confiar en que sus inquietudes y reclamos encontrarán cauce en esos procesos, mediante las instituciones que creamos, precisamente, para solucionar nuestros problemas.


[ Por Guillermo Ávila ] 
[ Artículo en Huffington Post ]


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