Está confirmado que las desviaciones de recursos, el enriquecimiento ilícito y el financiamiento oculto se dan en los estados durante la coyuntura electoral.
En los años recientes, la corrupción se convirtió en un asunto ineludible en el país. Si la marca del sexenio pasado fue la violencia, en éste se suma la recurrencia de noticias sobre actos corruptos, presuntos y confirmados. Podríamos considerar que los conflictos de interés del presidente y del exsecretario de Hacienda – junto con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa – detonaron el sentido de urgencia y de hastío.
Sin embargo, en la coyuntura de las elecciones para renovar varios gobiernos locales confirmamos que las desviaciones de recursos, el enriquecimiento ilícito y el financiamiento oculto suceden en varios estados. Los gobiernos anteriores en Sonora (Padrés), Chihuahua (Duarte, César), Quintana Roo (Borge) y Veracruz (Duarte, Javier) se añaden a los casos de Nuevo León (Medina), Aguascalientes (Reynoso) y Tabasco (Granier) como muestras de la ubicuidad pasmosa del problema.
En contraste, la reacción social no quedó sólo en la indignación. Varias organizaciones de la sociedad civil, académicos y grupos empresariales impulsaron e intervinieron directamente en el diseño normativo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que representa, en este momento, la posibilidad más acuciosa para combatir la corrupción.
Desde la presentación de la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas – la ‘#Ley3de3’ – hasta la ceremonia de promulgación de las leyes del Sistema, el denominador común fue la presencia de estos grupos ciudadanos. La inclusión de sus aportaciones fue clave para que el marco normativo que sustenta el SNA tenga no sólo una estructura técnica de calidad sino, además, la legitimidad necesaria para enmarcar las políticas de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Por ello, los Congresos de las entidades federativas, además de cumplir con el mandato constitucional y legal de homologación legislativa en la materia, deben asegurar que los marcos normativos de los Sistemas Locales Anticorrupción se analicen, discutan y aprueben con base en los mismos estándares de calidad, tanto en el formato de discusión como en el contenido de las leyes. Es decir que hay que replicar y adaptar el modelo de Parlamento abierto que condujo esa discusión en el Congreso de la Unión.
Para lograrlo, habrá que convocar a los grupos sociales interesados de la academia, empresariales, de la sociedad civil organizada, etc., que deberán estar preparados para cumplir con la exigencia de las discusiones. Además, se deberá acordar el formato de todo el proceso legislativo, con base en los pilares de un Parlamento abierto: transparencia – que esté disponible toda la información relacionada con los debates y las decisiones –, rendición de cuentas – explicar y justificar integralmente los procesos de toma de decisiones –, participación ciudadana – incluir a todas las personas interesadas y con aportaciones sustantivas – y que utilicen la tecnología disponible para facilitar todo lo anterior.
Una de las teorías sobre nuestra democracia ubica su origen en lo local: la alternancia partidista comenzó en los gobiernos municipales y estatales. Como sabemos, ese relato de la transición no resistió la realidad: la pluralidad partidista y las elecciones periódicas son indispensables pero insuficientes. Fue por ello que comenzamos a superar la definición procedimental y volteamos el foco hacia el ejercicio efectivo de nuestros derechos y a la exigencia de gobiernos cuya legitimidad representativa no dependa únicamente del sufragio sino, principalmente, de su desempeño, fundamento básico de la democracia sustantiva.
[ Artículo en Animal Político ]
