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Cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo

La sobredosis de anuncios con motivo del primer informe del gobernador de Chiapas ha desencadenado una serie de ataques personales y golpes políticos que esconden el verdadero problema. Desde hace unos días, se menciona también al actual gobernador de Puebla y su gusto por gastar dinero público en su imagen. Pero el punto central del problema no se circunscribe a un estado ni tiene color político, es una práctica generalizada: los políticos de nuestro país aman la promoción personalizada.

Y esto a pesar de los obstáculos legales. La reforma electoral del 2007 estableció en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución la prohibición del uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Sin embargo, nuestros gobernantes siguen utilizando la pauta publicitaria para ensalzar sus logros y construir su imagen política.

Esta práctica sigue vigente porque no se ha reglamentado el uso de la publicidad oficial en el país. Además, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) se establece una excepción para los informes anuales de los servidores públicos en el artículo 228 numeral 5: “no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”. Esta prerrogativa ha abierto la puerta a grandes excesos.

Y desde el 2008 la exagerada publicidad de los informes anuales está de moda no solamente entre gobernadores, sino también entre legisladores, delegados y demás funcionarios públicos. ¿Y nos ofuscamos por los retratos del gobernador de Chiapas que tapizaron las paredes de varias ciudades en diciembre como si fuera algo inédito? ¡Qué poca memoria! Muchos de nuestros políticos han y siguen recurriendo impunemente a esta práctica. Antes de las campañas electorales del 2009, el Partido Verde Ecologista de México difundió un sinnúmero de spots para anunciar su informe anual.

El mismo presidente Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del estado de México fue favorecido por una importante publicidad para su Quinto Informe de Gobierno con 3 mil 528 spots difundido en casi todos los estados del país, según el conteo del Instituto Federal Electoral. Muchos gobernadores instrumentalizan su informe para difundir sus logros a nivel nacional. Por ejemplo, en 2011, el ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, para su cuarto informe; también el ex gobernador de Quintana Roo Félix González Canto para su sexto informe. Si tuviéramos que redactar la lista de todos los representantes populares que han abusado de la formula, no bastaría el espacio de esta columna. A los abusos se suma la falta de información. En abril del 2012, Fundar solicitó a 18 estados los montos gastados para anunciar el último informe del gobernador de la entidad.

Doce estados no entregaron información, cuatro compartieron el monto total y dos reconocieron no haber publicitado el informe a causa del periodo electoral (Guerrero y Durango). Me refiero al caso del gobernador de este último estado, Jorge Herrera Caldera quien anunció que no se destinaría un solo peso para publicitar su segundo informe de gobierno debido a la contingencia que vivía su entidad por la sequía. Una buena práctica que merece ser subrayada, pero que desafortunadamente se trata de un caso aislado. Los abusos continuos muestran que el problema es estructural. Y la solución no descansa solo en la sanción de un gobernador. La ausencia de regulación del uso de la publicidad oficial ayuda a nuestros políticos a que aprovechan las zonas grises para promover sus intereses particulares en lugar de informar a los ciudadanos. Queda claro a quién favorecen estos excesos y a quiénes perjudica: a todos los ciudadanos y ciudadanas. La promoción personal es un espejismo. Un buen gobierno se construye con acciones y no con ilusiones. Un buen gobierno implica un uso racional de los recursos públicos y transparencia en todas sus acciones. Hoy, el balón está en la cancha de los legisladores que tienen la oportunidad de regular el uso de la publicidad oficial. En diciembre del año pasado, los diputados y senadores refrendaron la necesidad de avanzar hacia una ley secundaria del párrafo 8 del artículo 134. Urge que hagan realidad este compromiso.

Por: Justine Dupuy

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/17-01-2014/20853. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX