La escandalosa revelación dada a conocer por la cadena CBS sobre el operativo que permitió la entrada a nuestro país de casi dos mil armas en 15 meses puso de relieve la imperiosa necesidad de replantear los términos de la agenda bilateral entre los gobiernos mexicano y estadounidense. Particularmente, los puntos de agenda que se enmarcan en torno a la Iniciativa Mérida y que son motivo de preocupación para un sector cada vez más amplio de la sociedad civil mexicana.
El velar por el ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos es un principio básico del ejercicio del poder en un Estado democrático. De ahí que también deba serlo para el gobierno mexicano, que se presume como tal. Y más le vale que así sea, porque de su actual cumplimiento depende la transferencia de por lo menos 15% de los fondos aprobados por el Congreso estadounidense para la citada iniciativa. Sin embargo, no deja de llamar la atención una carta enviada por los congresistas demócratas de California (Bárbara Lee), de Arizona (Raúl Grijalva) y otros 22 miembros del congreso de aquel país; en ella, se urgía a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, a dar prioridad a los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida en su diálogo con México. Este hecho tuvo lugar a solo un día de la visita del presidente Calderón a Washington para reunirse con el presidente Obama y con John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La carta subraya que “el Congreso ha decidido por ley que 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida sean retenidos hasta que el Departamento de Estado confirme que México está cumpliendo con cuatro requisitos de derechos humanos”. En la misiva, los congresistas sostienen la necesidad de reformar el fuero militar (a efecto de poder investigar y procesar en sede civil a los miembros de la Policía Federal y del Ejército que presuntamente se hallen vinculados en la comisión de graves violaciones de derechos humanos) y dar cumplimiento a las sentencias que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano en 2010.
Con respecto al tema de la reforma del fuero militar, lamentablemente no hay mucho que abundar. Recordarán que ese mismo año, el presidente Calderón envió una propuesta de reforma a la Cámara de Diputados, misma que resultó a todas luces miope e insuficiente desde los términos que plantearon las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana. Así que hasta la fecha, el asunto no ha visto ningún avance sustantivo en las discusiones en el seno del legislativo federal.
Ahora, en cuanto al cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH, la carta de los congresistas hace referencia concretamente a los casos de Inés Fernández Ortega (Corte IDH, sentencia del 30 de agosto de 2010) y Valentina Rosendo Cantú (Corte IDH, Sentencia del 31 de agosto de 2010), así como al fondo y las reparaciones y costas, que aún siguen sin haber sido cumplidas.
A seis meses de que la Corte hubiera notificado al Estado mexicano de la sentencia condenatoria, las investigaciones en ambos casos se mantienen bajo la jurisdicción militar. Este incumplimiento compromete visiblemente la responsabilidad de cara a los compromisos internacionales y contraviene uno de los requisitos establecidos en la Iniciativa Mérida.
Es innegable que nuestro país atraviesa una profunda crisis de seguridad; ante esto, el rol de los Estados Unidos podría ser más constructivo si se orienta a fortalecer la capacidad de México para hacer frente a esta situación de manera efectiva y con estricto apego y respeto por los derechos humanos.
Distintos análisis, elaborados por organizaciones de la sociedad civil, la CNDH y el propio Departamento de Estado, muestran claramente que México no ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa Mérida. Por consiguiente, desde Fundar creemos que el Congreso de los Estados Unidos no debería entregar estos fondos específicos sin exigir antes el cumplimiento de estas obligaciones. De lo contrario, el gobierno del presidente Obama mandaría un poderoso mensaje de que indirectamente aprueba las graves violaciones de derechos humanos que México ha cometido y que incluyen torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
*Te recomendamos echar un vistazo a esta nota de la organización Human Rights Watch, la cual documenta graves violaciones a los derechos humanos con motivo de los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado).
*Miguel Moguel
