¿De cuánto hablamos, cuando hablamos de presupuesto para contratar parteras profesionales en México?

¿De cuánto hablamos, cuando hablamos de presupuesto para contratar parteras profesionales en México?

En diciembre de 2014, se llevó a cabo un foro “llamado”, en el cual el gobierno mexicano refrendó su impulso a la partería en el país. Esto conlleva a asignar recursos públicos ya sea para procesos de aprendizaje del personal de salud sobre la atención del embarazo, parto y pos parto, conforme a los derechos humanos de las mujeres, sumado a las mejores prácticas de atención materna, como para la contratación de parteras profesionales. No obstante, las cifras indican inconsistencias entre el discurso y la distribución del presupuesto público.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación,  mediante los mecanismos normativos de acceso a la información, obtuvo el número y salario de parteras profesionales, por entidad federativa del año 2011 al 2017 inclusive. Lo primero que resalta, es que del año 2011 —ha excepción del año 2016— no se presenta un aumento significativo. Pasando de 3,24 millones de pesos, para el salario de un total de 27 parteras distribuidas en siete entidades federativas en el año 2011,[1] a una asignación regresiva en el año 2015, con 2,95 millones de pesos, ciertamente ese año se reporta que se contrataron menos parteras, 21: 10 en Guerrero, 3 en Puebla y 8 en Veracruz. Para el año 2016, el panorama parece mejorar, se informa la contratación de 43 parteras,[2] con un gasto establecido de 6,11 millones de pesos.

Sin embargo, al revisar el comportamiento de asignación del gasto hasta el 2017, se ve, por un lado, un comportamiento de estancamiento, de altos y bajos así como francos retrocesos. Para muestra un botón, para el año 2013 se habrían contratado a 34 parteras, con un salario per cápita mayor (es decir por partera) al gasto per cápita para el año 2016, siendo que este último año se contrataron más (43).

¿Por qué no se aumentó el recurso financiero para responder al ajuste salarial? Una posible explicación se deriva de la propia información oficial, a la cual Fundar accedió, que permite afirmar que la modalidad de contratación es bastante precaria, por no más de 10 meses, sin prestaciones laborales, y el pago diferido de dos a tres meses, después de comenzar a laborar y en algunos casos se cubre la prima vacacional de fin de año. Lo cual contraviene el pago de las prestaciones económicas propias de un trabajo regular en una institución pública, la temporalidad menor a un año impide la generación de la antigüedad suficiente para formalizar la contratación y así, fortalecer la relación contractual entre trabajadora y empleador.

Otras de las razones que da pie a una dinámica frágil en la incorporación laboral de las parteras profesionales a los servicios de salud estatales, es la distribución del presupuesto al Programa en Salud Materna y Perinatal, porque el financiamiento salarial proviene del recurso de dicho programa, entonces responde a los altos y bajos de este, y también a las prioridades que la Secretaría de Salud federal y cada una de las 32 Secretarías estatales definan.

Un dato contundente, el Programa de Salud Materna y Perinatal recibió 610,95 millones de pesos reales en el 2016, y estaría contando con 332,56 millones de pesos para el 2017, es decir, un decrecimiento de -45,57 por ciento. Tal recorte evidentemente provoca un impacto en la contratación de parteras profesionales, la Secretaría de Salud informa que se establecieron 2,59 millones de pesos para su contratación en el 2017, y es poco claro en cuáles entidades federativas se utilizarán. Es el monto de gasto menor, en todo el periodo del 2011 a la fecha.

Diversos estudios, dan cuenta de las mejoras en la atención que significa el trabajo de las parteras profesionales, un impacto es la aplicación de cesáreas cuando es evidentemente necesaria, y no como se aplica actualmente en el país, presentando una tasa que supera con creces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de cesáreas esperadas: entre un 10 a un 15 por ciento de los partos, en contra parte México registra una tasa de 45,1 por ciento (pese a las evidencias sobre las condiciones de riesgo a la salud, a la que se expone a la mujer).

Valga preguntarse si un factor que incida en que Guerrero es de las entidades con menos cesárea en el país, 33,3 por ciento (San Luis Potosí es con la tasa más baja con un 32,8 % y Nuevo León con la más alta, con un 52,6 %), sea que el estado que más parteras ha contratado, y de manera ininterrumpida del 2011 al 2016. ¿Por qué no incorporar a las parteras profesionales como una estrategia asumida seriamente por los gobiernos federales y estatales? Para abordar la responsabilidad rectora en garantizar la atención reproductiva y materna conforme a los derechos humanos de las mujeres.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud federal, todavía está a tiempo de revertir este desastre administrativo y de gestión de recursos que, sobre todo, repercutirá en las mujeres que busquen atención en el embarazo, el parto o el posparto, y continuarán las pésimas condiciones laborales de las parteras. Estas dinámicas, reflejan la ligereza con que muchas veces las autoridades sanitarias actúan frente a sus responsabilidades institucionales.

La disminución del presupuesto, es anticonstitucional, y la Secretaría de Salud cuenta con los argumentos constitucionales y de documentos internacionales de derechos humanos, que son obligatorios para México, en los cuales se establece que por las repercusiones en la vida de las poblaciones— el presupuesto para el cumplimiento de los derechos humanos (en este caso se habla de derecho a la salud, derecho a la integridad, derechos reproductivos) debe ser progresivo, y los Estados deben hacer el mayor esfuerzo para asignar lo más posible.

Es urgente que desde la sociedad civil, continuemos alertas monitoreando, denunciando y alzando la voz para la exigibilidad de los derechos reproductivos y el derecho a la salud, con recomendaciones y propuestas en mano.

[1] 4 en Chiapas, 4 en Distrito Federal, 3 en Guerrero, 4 en Oaxaca, 4 en Puebla, 4 en San Luis Potosí y 4 en Veracruz.

[2] Chiapas 2, Chihuahua 3, Guerrero 10, Puebla 2, Querétaro 11, San luis Potosí 4, Tabasco 3, y Veracruz 8.


 

[ Por Daniela Díaz Echeverría ]

[ Artículo en La Silla Rota ]


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