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¿De qué migrantes habla el gobierno mexicano?

Es preocupante que el gobierno mexicano haya tomado un papel protagónico en la elaboración de los nuevos instrumentos multilaterales sobre migración y refugiados, ante la falta de protección y justicia para los migrantes centroamericanos en México.

México participa activamente en espacios multilaterales donde se habla de la migración, como las Naciones Unidas, pero dependiendo de ante qué órgano se encuentra parecen cambiar sus posturas respecto al tema. Cuando habla en defensa de los derechos de personas migrantes, reclamando malos tratos y discriminación, en general se refiere a migrantes mexicanos que residen en otros países, principalmente Estados Unidos. Cuando exige que se deben “ordenar los flujos”, respetar nuestra soberanía, e impulsar la corresponsabilidad entre países, se refiere en general a las justificaciones por los malos tratos que reciben los migrantes de otras latitudes en nuestro país, en particular aquellos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Esto no es nuevo, pero se volvió muy visible por una coyuntura particular en la ONU: la creación de un nuevo “Pacto Global sobre Migración Segura, Ordenada y Regular”, a ser aprobado en la Asamblea General en septiembre de 2018. En este proceso, México se posicionó como un actor clave.

Primero hay que aclarar que no está mal defender los derechos de los mexicanos en el exterior; de hecho, sería absurdo no hacerlo, con la política abiertamente antiinmigrante del actual gobierno estadounidense. Tampoco es nuevo que frente a la migración centroamericana no se ve el mismo entusiasmo respecto a la defensa de sus derechos humanos. Es bien sabido que México no facilita el tránsito regular de dicha población, que en muchas ocasiones migra de manera forzada e incluso puede calificar como refugiados. Desde hace muchos años operan centros de detención migratoria en nuestro país y si los migrantes no terminan siendo deportados, es probable que sean víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos en su camino.

En la más reciente revisión del tercer informe periódico de México ante el Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU (el órgano que supervisa el cumplimiento del único tratado internacional de derechos humanos en materia de migración), apenas en septiembre de este año, México todavía recibió observaciones críticas sobre sus políticas y prácticas como los “operativos de revisión migratoria” y la detención como respuesta automática para las personas en situación migratoria irregular. Destacaron comentarios del Comité sobre el incumplimiento de obligaciones de derechos humanos como el debido proceso, los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el acceso a la justicia para migrantes víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.

La falta de protección y justicia para los migrantes centroamericanos en México podría ser algo incómodo para el gobierno mexicano a nivel multilateral, si no fuera porque hay realmente pocos países que son modelos para seguir y si no existieran un sinfín de otras excusas para no transformar una política migratoria propia restrictiva en una más garantista de derechos. Si bien esto no es nuevo, es preocupante que justo el gobierno mexicano ha tomado un papel protagónico en la elaboración de los nuevos instrumentos multilaterales sobre migración y refugiados: los nuevos “Pactos Globales” de la ONU.

Los dos Pactos Globales (un Pacto Global sobre Migración Segura, Ordenada y Regular, y otro Pacto sobre Refugiados) deben ser aprobados por todos los estados miembros de la ONU en menos de un año. Según páginas oficiales, prometen ser los instrumentos nuevos que guiarán las políticas estatales y la colaboración entre estados frente a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados. Los objetivos y el proceso de su elaboración se anunciaron en la Declaración de Nueva York de septiembre 2016. Los Pactos establecerán una serie de principios, compromisos y directrices para atender los desplazamientos de migrantes y refugiados, de manera integral. Sin embargo, el hecho que se haya decidido hacer dos Pactos diferentes todavía muestra que los gobiernos prefieren no revolver demasiado el tema de migración con el de refugiados, a pesar de que el desplazamiento se da cada vez más de manera forzada, la violencia siendo una causal importante, algo evidente en nuestra región. Con esta separación, seguramente se permitirá que sigamos sin compromisos fuertes con la protección para personas migrantes (ya conocemos las consecuencias). El título del Pacto sobre Migración (Segura, Ordenada y Regular”) también hace cuestionar sus intenciones: ¿tal vez el orden público será más prioritario que las necesidades de las personas involucradas en la movilidad humana?

Como ya se dijo, en el proceso de consultas y elaboración del Pacto sobre Migración, Mexico tiene un papel importante: México y Suiza son los gobiernos que co-facilitan todo el proceso de consulta con actores interesados, entre ellos la sociedad civil. Además, serán los encargados de redactar el primer borrador del Pacto. Esto nos remite a recuerdos de procesos de consulta nacionales poco efectivos, como los procesos de consulta que se repiten cada sexenio para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, solo por mencionar un ejemplo. Sería importante que la sociedad civil (no solo la mexicana, pero también la regional) sea creativa y busque incidir más allá del proceso formal que han facilitado desde la ONU, hablando con diferentes agencias, gobiernos y sectores, no solo los que ya conocemos.

Cabe mencionar que en diciembre de este año termina el proceso formal de consultas (que ha sido poco horizontal) y se celebrará una reunión internacional de alto nivel en Puerto Vallarta, que significa el inicio de la fase de negociaciones entre los gobiernos. Si bien no será fácil incidir en dicho proceso, si no levantamos la voz difícilmente quedará un Pacto Global sobre Migración con enfoque de derechos humanos (y tendremos que agradecer al cuerpo diplomático del gobierno mexicano por ello).


 [ Por: Jose Knippen ]

[ Artículo en Sin Embargo ]