De reformas y resistencias

De reformas y resistencias

En diciembre se cumplen tres años de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, la cual, junto con las leyes aprobadas en agosto de 2014, implicó profundos cambios en la manera en que la industria petrolera venía funcionando hasta entonces. Ya es por todas y todos conocido que supuso la apertura de este sector a la iniciativa privada a través de diferentes tipos de contratos entregados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener). Ya no se trata de los tradicionales contratos con que Pemex compraba o rentaba bienes y servicios para su operación, sino que a través de los mismos se les entregan a las empresas privadas áreas de territorio mexicano para llevar a cabo tareas de exploración y extracción de gas y petróleo. Hasta el momento, ya se han dado 30 áreas en las tres primeras licitaciones de la Ronda 1 y en los planes inmediatos está la entrega de 45 adicionales de aquí a julio de 2017.

Territorios de Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Chiapas están siendo afectados por estos proyectos y la llegada de nuevas empresas, lo que se suma a las regiones en las que opera Pemex en estos mismos estados y en otros, como Puebla y su Sierra Norte y Coahuila. A ello se suma las áreas que se entregarán este 5 de diciembre para la explotación de hidrocarburos a grandes profundidades en el Golfo de México, proyectos altamente riesgosos que ya han causado importantes desastres ambientales y sociales, como el de la plataforma Deep Water Horizon de British Petroleum (BP) en 2010, también en el Golfo. Además, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ya ha anunciado que el año que viene darán los primeros contratos para gas y petrolero no convencional, es decir, para fracking, mientras que a Pemex ya se le han dado permisos para usar esta contaminante técnica.

Una pregunta que surge en este contexto es sobre las implicaciones que hay para la gente y las comunidades que viven en estas zonas. Más cuando, como señalamos en la publicación “El sector hidrocarburos en la Reforma Energética: retrocesos y perspectivas”, esta apertura de la industria a los actores privados ha venido acompañada de una serie de mecanismos legislativos ideados para facilitar el acceso de las empresas y la operación de los proyectos en los territorios. El primero de ellos, y que permite o trata de justificar muchos de los otros, es la definición de industria de hidrocarburos como actividad de utilidad pública. En la práctica, esto significa que el Estado, ante la solicitud de las empresas, está en la posibilidad de obligar a las y los dueños de los terrenos, ya sean individuales o colectivos (como ejidos y comunidades, campesinas e indígenas), a rentarles sus tierras a dichas empresas, para el desarrollo de proyectos.

Pero es que, además, explorar y extraer gas y petróleo pasa a ser de interés social y orden público, lo que quiere decir que tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que se lleve a cabo en los territorios. Si la gente está usando esas tierras para cultivar maíz o frijol, para alimentar su ganado o para vivir, o si por allí pasa un río del que toman agua o se encuentra un lugar sagrado, son temas que la legislación energética pretende poner en segundo lugar, cuando de la actividad petrolera se trata. La prioridad será que las empresas puedan operar, por encima de cualquier otra consideración, por lo que se anteponen los intereses privados a los de las comunidades y la población. Y es a esto a lo que la Reforma llama utilidad pública, pasar bienes comunes a unas pocas, pero poderosas, manos privadas.

¿Qué les parecería a ustedes si de la noche a la mañana les obligasen a rentar una de las habitaciones de sus casas a un inquilino molesto y peligroso, que pone en riesgo sus vidas, que no les deja continuar con sus costumbres y que, además, se enriquece usando sus cosas? Seguro que esto les preocuparía, les asustaría y les indignaría, más sabiendo que el Estado que debe protegerles es el que les pone en esta situación. Seguramente que harían todo lo que está en sus manos para defenderse y evitar que esto suceda, para proteger a sus familias, su futuro y patrimonio.

Es esto precisamente lo que están haciendo las comunidades indígenas y campesinas a lo ancho y largo del país, ante la llegada de proyectos energéticos a sus territorios. Para ello, reclaman que antes de la Reforma y sus leyes, el Estado ya estaba sujeto a obligaciones para garantizar sus derechos a beber agua limpia, a producir y comer alimentos sanos, a vivir en un medio ambiente sin contaminación, a gozar de buena salud y a tomar decisiones sobre el uso y disfrute de sus tierras, territorio y recursos naturales. Estas obligaciones siguen vigentes hoy en día y deben ser cumplidas. Exijamos que se respeten, como lo haríamos si esto nos sucediera a nosotros o a nuestras familias o si amenazaran nuestro barrio o nuestros hogares.

Para más información sobre la Reforma Energética y sus implicaciones, no dejen de consultar la publicación “El sector hidrocarburos en la Reforma Energética: retrocesos y perspectivas”.


[ Por Aroa de la Fuente López ]

[ Artículo en El Universal ]


 

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