Denuncian 99% de impunidad en delitos contra personas migrantes en México

Denuncian 99% de impunidad en delitos contra personas migrantes en México

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  • Las autoridades en México no tienen voluntad de investigar delitos contra migrantes y buscan pretextos para alargar los casos sin castigar a los responsables.
  • Persisten agresiones a defensores y organizaciones de derechos humanos que acompañan a personas migrantes en México.

En el informe “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel” presentado el día de hoy, se expone la impunidad que persiste en delitos cometidos contra las personas migrantes que transitan por el territorio mexicano. De acuerdo con cifras oficiales, en el periodo de 2014 a 2016, de un total de 5,824 delitos contra migrantes en Sonora, Coahuila, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento.

Aunque en México existen fiscalías especializadas para migrantes, persisten obstáculos graves para denunciar delitos y para investigarlos. La denuncia de delitos se dificulta porque las autoridades no se encuentran accesibles ni en las estaciones migratorias ni en otros lugares donde se cometen los delitos. Además, las víctimas no tienen confianza en las autoridades. En el informe se identifican los siguientes obstáculos para investigar delitos cometidos en contra de personas migrantes: la falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías locales, el retraso injustificado de las investigaciones, la falta de fiscales con un perfil idóneo y la falta de recursos materiales y humanos.

Las autoridades mexicanas justifican la ausencia de resultados con el argumento de que las víctimas no permanecen en el lugar donde están las investigaciones, sin embargo, en el reporte se explica que las autoridades mexicanas tienen a su disposición dos herramientas que no utilizan para investigar estos casos: la recopilación de datos y desahogo de pruebas que permitan continuar las investigaciones aun sin las presencia de los migrantes víctimas o testigos de delitos así como su  regularización migratoria.

El informe indica que el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) que permite denunciar delitos cometidos contra migrantes en México desde el extranjero, funciona gracias al esfuerzo de colectivos y organizaciones de derechos humanos, así como por acciones concretas de algunos servidores públicos. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR no han mostrado la voluntad para que el MAE funcione de forma eficiente, también entre los gobiernos de Estados Unidos y Centroamérica.

Las y los defensores de derechos de las personas migrantes han sido agredidos, tanto por el gobierno como por la delincuencia organizada. Estos casos también permanecen impunes.

Para transformar esta situación, en el informe se recomiendan medidas para garantizar la denuncia de las personas migrantes, de manera que pueden acceder a la justicia por todo tipo de delitos: la cercanía de las autoridades con personas migrantes y organizaciones que les defienden, así como la reforma de los lineamientos del MAE. De igual forma, se exhorta a que exista una mayor coordinación y cooperación entre las unidades y fiscalías en todos los niveles; más voluntad política para atender y continuar con las investigaciones, incluida la dotación de más recursos destinados a este fin así como el establecimiento de un plan de persecución de delitos contra las personas migrantes y la garantía de los derechos de las víctimas y sus familiares.

Exhortamos a las autoridades mexicanas a investigar y sancionar delitos cometidos en contra de migrantes, y dejar de obstaculizar la justicia. Con investigaciones y justicia pueden dejar atrás la idea de que la violencia y la impunidad son un precio que hay que pagar al cruzar por México.

Firman el siguiente informe las organizaciones con presencia a lo largo y ancho de México y Estados Unidos: la Casa del Migrante de Saltillo, Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, La 72 Hogar-Refugio para personas Migrantes, la Red Migrante Sonora (Iniciativa Kino para la Frontera, Centro de Recursos para Migrantes, Centro de Atención al Migrante Exodus, Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, y Centro Comunitario de Ayuda a Migrantes), La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).


Migrant Shelters and Organizations Denounce that 99% of Crimes Against Migrants in Mexico Remain in Impunity

  • Mexican authorities do not show the political will to investigate crimes against migrants and often find justifications to prolong cases without sanctioning those responsible.
  • Attacks continue against activists and human rights organizations accompanying migrants in Mexico

The report released today “Access to Justice for Migrants in Mexico: A Right That Exists Only on the Books”, exposes the impunity that persists in crimes against migrants in transit through Mexico. According to official statistics from 2014 to 2016, out of the 5,824 investigations into crimes against migrants in Sonora, Coahuila, Chiapas, Tabasco and at a federal level, there is only evidence of 49 sentences, amounting to a 99 percent rate of impunity.

Although Mexico has created federal and state-level special prosecutors for migrants, serious obstacles persist to report and investigate crimes. Denouncing crimes is difficult because these authorities are often not present in migrant detention centers or other places where crimes are committed and migrants do not trust authorities.  The report further identifies the following obstacles to investigate crimes against migrants Mexico: a lack of coordination between the federal Attorney General’s Office (Procuraduría General de la República, PGR) and the corresponding local offices, unjustifiable delays in the investigations, a lack of special prosecutors who are qualified for the job, and insufficient material and human resources.

Mexican authorities justify the lack of results from investigations into crimes against migrants by claiming that these cannot move forward if the victims do not remain in the area where the investigations are taking place. However, this report demonstrates that Mexican authorities have two tools at their disposal that they do not use to investigate these cases: data collection and presenting evidence before trial so that the investigation can continue even without the victims or witnesses being present and regularizing their migration status.

The report also finds that the Foreign Support Mechanism (Mecanismo de Apoyo Exterior, MAE), which allows individuals to report crimes committed against migrants in Mexico from abroad, operates thanks to the efforts of  family groups and human rights organizations as well as concrete actions from some public officials. However, the Ministry of Foreign Relations (Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE), and the PGR have not shown the will to permit the MAE to work efficiently and there is a need for more coordination with the governments of Central America and the United States.

Lastly, migrants’ rights defenders continue to be harassed and threatened by government officials and organized criminal groups. These cases also remain in impunity.

To address this situation, the reports recommends measures to guarantee that migrants are able to denounce crimes against them so that they can obtain justice for any type of crime, increasing government outreach to migrants and the organizations that defend them, and reforming the guidelines of the MAE.  Moreover, the report recommends greater coordination and cooperation between specialized units and prosecutor’s offices at all levels of the government, more political will to attend to and follow through with investigations, including allocating more resources for investigations, creating a plan for prosecuting crimes against migrants, and guaranteeing the rights of victims and their family members.

The participating shelters and organizations urge Mexican authorities to investigate and sanction crimes committed against migrants and to stop blocking justice. Through investigations and bringing justice, the Mexican government can leave behind the idea that violence and impunity are the price that migrants have to pay for crossing through Mexico.

The following nine organizations located throughout Mexico and in the United States produced this report: Casa del Migrante de Saltillo, Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes, la Red Migrante Sonora (Kino Border Initiative, Centro de Recursos para Migrantes, Centro de Atención al Migrante Exodus, Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, and Centro Comunitario de Ayuda a Migrantes), La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis en Investigación  and the Washington Office on Latin America (WOLA).


 

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