Estamos viviendo y siendo testigos de un momento en el que el Estado lejos de garantizar nuestros derechos ha permitido, por un lado, la institucionalización de la corrupción, y por el otro, la flexibilización de políticas públicas que abren las puertas a inversiones en proyectos, tanto violatorios de derechos humanos, como excluyentes, en el sentido que sólo benefician a las élites políticas y económicas. Tal es el caso de la reforma energética, a partir de la cual se crearon leyes que desmantelan los mecanismos de defensa de la tierra y que dejan desamparada a la población rural del país frente a los intereses de grandes compañías petroleras y de fractura hidráulica, fracking. Sin embargo, el caso de México no se encuentra aislado, sino que se inserta en una macro-ola de flexibilización, la cual bien se refleja en el proceso de revisión de las políticas salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial.
Hace un par de años el Banco Mundial comenzó la revisión de sus políticas ambientales y sociales, las cuales llama políticas salvaguardas. Éstas son producto de la lucha y la movilización de más de tres décadas por parte de movimientos sociales y de organizaciones de sociedad civil de las diferentes regiones del mundo, frente a los desastres ambientales y sociales que se hacían en nombre del desarrollo al implementar proyectos financiados por esta institución. A través de estas políticas se lograron establecer algunas reglas mínimas para regular el financiamiento destinado a proyectos de desarrollo, por ejemplo, se establecieron las evaluaciones de impacto ambiental y social como un requisito fundamental previo a la aprobación de proyectos; se instauraron mecanismos de participación y consulta para proyectos que conlleven impactos a pueblos indígenas o comunidades en situaciones de desventaja; se definieron límites para proyectos de infraestructura, como represas e hidroeléctricas y para proteger los bosques; entre otras. Si bien dichas normas carecen de un enfoque de derechos, al menos han servido para establecer reglas mínimas tanto para proyectos financiados por el Banco Mundial, como para aquellos financiados por otras bancas multilaterales de desarrollo.
Cuando el Banco Mundial anunció el proceso de revisión, las organizaciones de la sociedad civil lo vimos como una oportunidad para fortalecer el marco normativo del Banco e incorporar un enfoque de derechos. No obstante, el primer borrador del nuevo marco ambiental y social que el Banco Mundial aprobó el 30 de julio de este año representa un significativo retroceso, ya que establece estándares más laxos y diluye las normas existentes. En el borrador se eliminan los requisitos sobre la responsabilidad de los países de realizar las evaluaciones de impacto ambiental y social correspondientes previo a la aprobación de un proyecto, dejando esto abierto a que se realice lo antes posible. Asimismo, el marco propuesto carece de requisitos mínimos para la divulgación de información sobre cierto proyecto, lo cual menoscaba la posibilidad de que se realicen consultas y procesos participativos previos a la aprobación e implementación de proyectos. Además, el borrador propuesto establece que los gobiernos pueden optar por cumplir con la política de pueblos indígenas, lo cual de entrada viola los derechos de los pueblos indígenas que los Estados incluido el mexicano- están obligados a garantizar.
La lista de retrocesos es larga. Los directores del Banco Mundial y el staff a cargo de la revisión y aprobación del nuevo marco no tienen excusas, pues a lo largo de los últimos dos años distintas coaliciones de organizaciones les hemos hecho llegar propuestas técnicas para cada uno de los temas, observaciones concretas, así como nuestras preocupaciones respecto al primer borrador aprobado. En definitiva este proceso representa un riesgo para los estándares de la comunidad internacional en el ámbito del desarrollo en un contexto en el que tanto países, como empresas acuden a aquellas instituciones que les brinden préstamos de manera más rápida, de tal manera que puedan acelerar la inversión. Tan sólo en México y en la región de América Latina y el Caribe, observamos una severa competencia entre fuentes de financiamiento para el desarrollo, entre las que están el Grupo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, que ya ha comenzado con la revisión de sus políticas salvaguardas), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Financiera Internacional), los bancos chinos y el Nuevo Banco de Desarrollo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS).
Ante este contexto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos de las personas y no los intereses empresariales tal y como está sucediendo. Como botón de muestra, en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que se realizaron el 11 y 12 de octubre de este año, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue cuestionado en torno a cómo el gobierno mexicano promoverá la seguridad de las inversiones del país ante el escenario tan grave de inseguridad que presenta actualmente el país. Ante esto, el Secretario indicó que la nueva Gendarmería será puesta a disposición de las empresas privadas que desarrollen proyectos en territorio mexicano. Los derechos están a la baja, las inversiones al alza.
