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Desfavorable el presupuesto 2016 para la atención a personas migrantes y refugiadas

Parece increíble que mejorar la distribución de los recursos destinados a la atención de las personas migrantes y refugiadas se hace cada vez más incomprensible. Desde 2011, el Ejecutivo federal ha disminuido el presupuesto de egresos afectando no sólo a los migrantes y sus familias, y solicitantes de refugio en el país sino también a los  mexicanos en el extranjero, especialmente los que se encuentran en Estados Unidos y fungen como pieza cardinal de la economía. En contraste, las disposiciones que obstaculizan la entrada a migrantes y refuerzan la seguridad en la frontera sur del país continuarán recibiendo grandes montos de dinero para este 2016.

Si hacemos un comparativo respecto del año pasado en cuanto a los programas enfocados a la protección de migrantes en tránsito, la Secretaría de Gobernación disminuyó en un 15% su presupuesto respecto de 2015, pasando de los 74 mil a los 65 mil millones de pesos (mdp). En lo que se refiere a los solicitantes de refugio, se definió que este año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibirá alrededor de 22 mdp, es decir, tres mdp menos que el año pasado. Mientras que la Unidad de Política Migratoria (UPM), encargada de diseñar y proponer las estrategias, programas y acciones que conformen una política migratoria integral que respete y salvaguarde los derechos humanos de los migrantes, recibirá cerca de 52 mdp, cifra mucho menor al presupuesto 2015 que resultaba en 62 mdp[1].

Pese a estos recortes, sorprende que la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, la cual bloquea el paso a los migrantes al ingresar al país y que debió desaparecer en el mes de septiembre, seguirá recibiendo recursos, casi 94 mdp para este año.

No hay que olvidar que existe un Programa Especial de Migración (PEM), el cual ha pasado desapercibido por el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) desde su implementación en 2014. El PEM, en su estrategia 1.5.3 establece Promover la aplicación de presupuestos etiquetados para la atención del fenómeno migratorio a través de un anexo presupuestal. Han pasado dos años y hasta el momento no existe el anexo presupuestario para migrantes ni se distinguen recursos etiquetados en el PEF. Tal parece que el PEM no es una prioridad para los legisladores.

Justificación a recortes presupuestarios

La justificación de los trasquiles presupuestarios se conserva en el complicado panorama internacional debido a la caída de los precios en el petróleo, por lo que para este año el gobierno federal echó mano del ya conocido proceso “presupuesto base cero”, que consiste en reducir el gasto público a programas con pocos o nulos resultados. No obstante, estos reajustes en el presupuesto se contradicen si analizamos otros rubros que cuentan con montos descomunales como por ejemplo, el caso de la publicidad oficial y su asignación discrecional.

Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación hemos mencionado, reiteradamente, que ante el panorama de las bajas cotizaciones en el precio del crudo, el primer recorte a montos presupuestarios debe ser el correspondiente a comunicación social y publicidad oficial, tal como se precisa en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por consiguiente, resulta ilógico que se disminuyan los montos a programas que coadyuvan a favorecer la calidad de vida de las personas migrantes y refugiadas, mientras que tan sólo en 2015 el gobierno gastó alrededor de 7 mil mdp  en publicidad oficial.

Presupuesto INM, preocupa discordancia entre cifras

El PEF 2016, indica que el Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con mil 779 mdp, 186 mdp menos respecto de 2015 (mil 966 mdp), lo que en cierto sentido, esta disminución en el presupuesto implicaría deficiencias sustanciales en la ejecución de las actividades del Instituto –sobre todo las relativas a la atención y garantía de derechos a personas migrantes-. Sin embargo, en las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas[2], de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se apunta a que el gasto del INM en 2015 ascendió a 12,760.6 mdp, monto que duplica el gasto de 2014, el cual fue de 5,870.9 mdp. En este caso, el INM debió ejercer su labor cabalmente, lo cual no sucedió. Incluso, la Cuenta Pública muestra que el gasto de 2014, fue de aproximadamente 3 mil 500 mdp. Es de preocupar que no hay una concordancia entre las cifras de las fuentes.

Por lo anterior, surgen cuestionamientos que se deben atender y explicar a la brevedad, ¿por qué las cifras no coinciden entre las diferentes instancias?, ¿cuál fue el destino de todos los recursos asignados al INM?, ¿por qué se destina más dinero al INM que al PEM, siendo este principal documento de política pública en materia migratoria?

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Las restricciones en el presupuesto no deben ser motivo para que el gobierno no garantice cabalmente los derechos de las personas migrantes y refugiadas. El número de migrantes fustigados por la violencia en el país se ha incrementado, así como los programas en la frontera sur con altos recursos han aumentado las detenciones y deportaciones. El Estado mexicano debe reflexionar y priorizar la distribución del presupuesto y esto puede ser viable siempre y cuando el PEM sea el principal documento de política pública en materia migratoria y exista la voluntad política.

[1] Cifras tomadas de la SHCP, http://pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016/docs/04/r04_afpe.pdf

[2] http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanzas_Publicas

 http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/presupuesto-2016-desfavorable-para-personas-migrantes-y-refugiadas/mpdt!D6FD36RvINiYI/

Paulina Castaño