Discrecionalidad y opacidad en la gestión del petróleo y minería en México

Discrecionalidad y opacidad en la gestión del petróleo y minería en México
  • Preocupa la opacidad que existe en la gestión de las actividades extractivas (petróleo y minería) en el país.  
  • El crimen organizado, la corrupción y la violación de los derechos humanos continúan representando un serio desafío a la gobernanza de los recursos naturales que en México afecta casi a 130 millones de personas

Este miércoles 28 de junio diferentes organizaciones participaron en la presentación global del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales, elaborado por el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés), el cual se realiza a nivel mundial, donde expertos y expertas evalúan las políticas y las prácticas relativas a las industrias extractivas, el presupuesto público y los efectos locales de éstas en México.

Representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), del Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas y de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, coincidieron en que el sector extractivo en México es uno de los que tienen mayor opacidad, en contraste con su carácter de utilidad pública para la nación y los impactos que tiene sobre los territorios indígenas. Entre las mayores debilidades señalaron la dificultad para acceder a información pública sobre infraestructura del sector hidrocarburos, volumen y ubicación de derrames, fugas de hidrocarburos y evaluaciones de impacto ambiental y social, estas últimas disponibles únicamente para las empresas participantes, pero no para la población en general.

Respecto al sector minero, señalaron las dificultades para conocer con certeza y en datos abiertos el número y volumen de las concesiones de agua para la industria minera, el pago de derechos e impuestos desagregados por proyecto, así como a los beneficiarios reales de los proyectos mineros.

A su vez, los aspectos más preocupantes del índice de Gobernanza, muestran un desempeño débil en impactos ambientales ocasionados por la industria petrolera y minera. Al respecto, Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que periódicamente tenemos noticias en de derrames, incidentes e impactos ambientales por parte de la industria petrolera y minera, que afectan los recursos naturales y las comunidades aledañas, sin que el Estado mexicano logre garantizar el respeto de la normativa ambiental y de los derechos humanos. Por un lado, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental presenta graves fallas estructurales que no permiten el acceso efectivo a la información y la participación en la toma de decisiones sobre el proyecto en cuestión perjudicando la transparencia y la rendición de cuentas. Por el otro, los impactos ambientales son difícilmente verificados por las autoridades ambientales. En ese sentido, hace poco México recibió el llamado de Naciones Unidas a fortalecer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El índice muestra el rezago de México para conocer a los dueños y accionistas de las empresas de hidrocarburos y los posibles conflictos de interés cuando, en un informe publicado recientemente por Fundar, Omar Escamilla señala que algunas de las empresas que han participado en la Ronda 1 de licitaciones cuentan con “historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos y degradación ambiental, y tienen vínculos con exfuncionarios del gobierno”. Esto aplica, igualmente, al conocido secretismo en torno a la relación entre Pemex y sus proveedores de servicios y subcontratistas. Por su parte, Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, externó su preocupación por el Artículo 23 de la Ley para Prevenir y Sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que “podría implicar que el acceso público a cualquier información relacionada con asignatarios y contratistas sea negado de manera discrecional por cuestiones de seguridad nacional”.

Al respecto, Fermín Ledesma Domínguez, del Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas señaló la importancia de que el Estado Mexicano garantice a las poblaciones indígenas el acceso a la información suficiente y en la propia lengua materna para que las poblaciones susceptibles de afectaciones tomen sus propias decisiones de acuerdo a su contexto cultural respecto a los proyectos de hidrocarburos y minería y a la vez que éstas decisiones sea respetadas en términos de la legislación constitucional.

En cuanto a la minería, la investigación muestra a un sector rezagado en materia de transparencia y acceso a la información, debido a la falta de detalles en los informes sobre los ingresos por empresa y sus tipos de pago, así como en el proceso de otorgamiento de licencias, concesiones y en la recaudación de ingresos públicos. “Es incongruente que, al tratarse de actividades de utilidad pública, prioritarias para el Estado, la opacidad en este sector sea tan amplia. Urgimos a que la secretaría de economía considere las diferentes recomendaciones que hacemos en esta materia y presente en datos abiertos y accesibles esta información.”- señaló Beatriz Olivera, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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Ulises Vera

Aroa de la Fuente:

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