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¿Dónde están las prioridades del INM?

Durante 2012, a raíz de un trabajo de incidencia realizado por Fundar, el Instituto Nacional de Migración (INM) estará obligado a informar a la Cámara de Diputados, a través de informes trimestrales de carácter público, cuántos recursos se destinan a cada uno de los cuatro programas de protección a migrantes que implementa. Este hecho tiene implicaciones mayúsculas, ya que por primera ocasión desde que el INM fue fundado en 1993, las y los ciudadanos de cualquier país del mundo podremos identificar cuál es la prioridad de este instituto: si implementar una política de control migratorio o proteger a los y las migrantes en México –sin importar su condición migratoria como lo estipula la nueva Ley de Migración y los convenios internacionales que México ha firmado–.

De acuerdo con el Art. 60 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, el INM deberá informar a la Cámara cuántos recursos destina a los siguientes programas:

1. Grupos Beta de Protección al Migrante, creado en 1990
2. Programa Paisano, creado en 1993
3. Oficiales de Protección a la Infancia, creado en 2007
4. Programa de Repatriación Humana, creado en 2008

Esto permitirá identificar, además, si los montos que se destinan a estos programas corresponden al flujo y a las necesidades de las personas que pasan por nuestro país o que regresan a México, voluntariamente o deportadas por las autoridades de EUA. Por ejemplo, en 2010, un total de 636,985 mexicanos (as) fueron deportados (as) por las autoridades de aquel país a los estados que integran la frontera norte de México. María es una de ellas. Después de vivir 25 años en Estados Unidos, esta mujer zacatecana fue deportada en julio de este año. Fue una madrugada cuando agentes de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) entraron a su casa, la sacaron a jaloneos y la deportaron junto con su esposo y su hijo mayor. Sus dos hijas, con pasaporte estadounidense, se quedaron en California. María regresó a Zacatecas con su esposo e hijo, donde ya no conocen a nadie.

Existen dos esquemas principales del Gobierno federal para atender a María y a los cientos de miles de personas deportadas de EUA. Uno de ellos es el Programa de Repatriación Humana (PRH); el otro es el Fondo de Apoyo a Migrantes que cuenta con un presupuesto de 450 millones de pesos para 2012. Conocer cuántos recursos se destinan a estos programas y fondos nos permitirá a las organizaciones y personas que trabajamos con y por las y los migrantes evaluar si estos corresponden a la magnitud y a las necesidades de personas como María.

La idea es contar con evidencia que sirva para ejercer mayor presión al Gobierno federal y al Congreso con el objetivo de que destinen mayores recursos a estos –y otros– programas que ayudan a proteger los derechos humanos de las y los migrantes en México. Esta idea va de la mano con una de las recomendaciones emitidas por más de 186 representantes de organizaciones civiles a 160 gobiernos en el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo en Ginebra, donde Fundar participó activamente.

Sin embargo, para que esto sea posible, se requiere que el Instituto Nacional de Migración cumpla con el mandato de la Cámara: reportar trimestralmente cuántos recursos canaliza a estos cuatro programas. La Secretaría de Gobernación, quien lleva la batuta de la política migratoria, deberá supervisar y garantizar que así sea. Por su parte, la Cámara de Diputados, particularmente la Comisión ordinaria de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y la Comisión especial sobre Migración, deberán dar puntual seguimiento a esta responsabilidad. Finalmente, las organizaciones y personas que defendemos y protegemos los derechos de las y los migrantes no debemos quitar el dedo del renglón para que el Ejecutivo y el Legislativo cumplan con su responsabilidad. Porque la dignidad no tiene estatus migratorio.

Rodolfo Córdova

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle15403.html