Recientemente hemos escuchado de controversiales sucesos relacionados con proyectos millonarios de infraestructura. Y es que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha “un programa de inversión en infraestructura sin precedente”, el cual se refleja en el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018. Éste consiste en 743 proyectos con un monto total de inversión de 7.7 billones de pesos. Podemos coincidir con que la infraestructura es necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas y también afirmar sin duda que para que esto suceda es necesario construir escuelas, hospitales, carreteras y servicios de transporte público que mejoren la movilidad, fuentes de energía que garanticen el derecho a ésta, redes de telecomunicaciones, por mencionar algunos. El punto aquí no es estar a favor o en contra de la infraestructura, sino cuestionar la manera en que los proyectos se licitan, los intereses que verdaderamente hay detrás de éstos, los costos económicos que éstos suponen, los impactos ambientales y sociales que muchas veces suponen con tal de reducir los gastos y la distribución de beneficios de los mismos.
El principal argumento del gobierno es que la inversión en infraestructura representa el medio para generar desarrollo y crecimiento económico, así como para incrementar la competitividad. Sin embargo, el hecho de que México ponga en el centro de la política pública al sector de infraestructura y realice reformas que faciliten la inversión y la incorporación del sector privado en la realización de los proyectos no es un hecho aislado, sino que corresponde a tendencias y marcos globales.
Por ejemplo, el Grupo de los veinte o G-20, foro que promueve la cooperación económica global y que está conformado por las 20 principales economías industrializadas y emergentes del mundo y que representan cerca del 85% del total del PBI, considera a la infraestructura como tema prioritario para impulsar el crecimiento global y crear un clima que fomente la inversión tras la crisis económica de 2008. En este sentido, uno de los acuerdos dentro del G-20 consiste en otorgar mayor seguridad jurídica a las inversiones para el tema de infraestructura a través de distintas figuras como la de las asociaciones público–privadas (APPs). También, la promoción de proyectos de infraestructura surgió tras discutir las maneras para atraer el ahorro global existente en manos del sector privado hacia inversiones de largo plazo. Además, el Banco Mundial arguye que es necesario incrementar la inversión en infraestructura en 1 billón de dólares estadounidenses al año para poder cubrir con las necesidades actuales, por lo que hace unos meses lanzó su Centro Global para Infraestructura (GIF, por sus siglas en inglés), con el cual buscará atraer financiamiento para proyectos, a través de instrumentos como las APPs.
Por lo tanto, los cambios en las normativas mexicanas a fin de facilitar y acelerar la inversión del sector privado en los proyectos de infraestructura no son fortuitos. El gobierno aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas en 2012, meses antes de realizar la reunión del G-20 en Los Cabos. Lo mismo con la apertura del sector energético al mercado con los múltiples cambios en las regulaciones como parte de la reforma y en la Ley de Obras Públicas, entre otras.
Muchos de los proyectos de infraestructura propuestos por el actual gobierno están bajo el esquema de APPs, como por ejemplo el tren México-Querétaro y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. De las principales críticas y riesgos identificados en las APPs, a partir de diversos casos, están la falta de transparencia en los contratos y en los procesos de licitación. El que los contratos normalmente transfieren al inversionista privado la capacidad de imponer tarifas a los usuarios, las cuales son necesarias para los retornos, lo que resulta en la exclusión de segmentos vulnerables o de bajos ingresos de la ciudadanía. El hecho de que las inversiones en infraestructura tienen riesgos y que las garantías públicas pueden alentar a los inversionistas a una mala gestión del riesgo, es decir, al asumir el gobierno el riesgo por las deficiencias, los inversionistas tienen pocos incentivos para elegir proyectos financieramente fuertes y para gestionarlos de manera eficiente (por ejemplo, lo sucedido con la Línea 12 del metro en el D.F.); resultando más caro para los contribuyentes.
Si bien es cierto que las APPs pueden mejorar la eficiencia cuando el sector privado contribuye con mejores técnicas de gestión y producción, dado el contexto actual del país, es fundamental fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para poder monitorear los distintos proyectos de infraestructura que se planean realizar en el país tanto en términos de la ejecución del gasto, como en términos de la garantía de derechos en todas sus fases.
