El miércoles 28 y jueves 29 de octubre, nuestro país será la sede de la Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). En ella habrá una serie de mesas, talleres, conferencias y charlas, bajo la perspectiva de la apertura institucional – transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso estratégico de las tecnologías de la información – sobre temas tan diversos como el acceso a la justicia, las contrataciones gubernamentales, la creación de mapas para compartir información geoespacial, etc. Con la Cumbre, además, termina el año de duración del mandato del estado mexicano frente al Comité Directivo de la AGA, encargo que tomó en septiembre de 2014, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.
En el discurso que dio al asumir el liderazgo de la Alianza, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que México trabajaría sobre tres ejes de acción durante la duración de su presidencia al frente del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto: llevar los principios del Gobierno Abierto a la práctica, consolidar el concepto de Gobierno Abierto, y hacer de la Alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de experiencias exitosas. Además, planteó la necesidad de expandir la agenda, de forma que “más reformadores puedan colaborar en un mayor número de ámbitos, impulsaremos iniciativas de Parlamento Abierto, Poder Judicial abierto y ciudades abiertas”.
No es responsabilidad directa del Ejecutivo que el Legislativo adopte los acuerdos que el primero firma. La propuesta de incluir al Congreso surgió de la misma institución legislativa con el antecedente de haber comenzado a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos el Parlamento Abierto en México. En septiembre de 2014, días antes de la reunión en la ONU, el Senado mexicano, el entonces IFAI y esas organizaciones firmamos un acuerdo para establecer la ‘Alianza para el Parlamento Abierto’. En la práctica, no obstante, no hubo esfuerzo institucional ninguno, más que el trabajo conjunto de las organizaciones para elaborar el primer ‘Diagnóstico de Parlamento Abierto en México’.
Durante la Cumbre, el Congreso mexicano estará presente en cada una de las sesiones relacionadas con la agenda de Parlamento Abierto a pesar de que su agenda de trabajo sobre el tema ha sido prácticamente nula como institución –es decir, sin considerar los esfuerzos individuales de un número limitado de legisladores. Esto no significa que no haya experiencias concretas en las que solamente el Senado funcionó como ‘Parlamento Abierto’, es decir con transparencia y participación ciudadana, como fue –con algunos matices– el proceso amplio de la reforma de transparencia, desde el proceso constitucional hasta la aprobación de la Ley General de Transparencia.
El problema, no obstante, es la contradicción de este tipo de procesos con la negativa constante –en ocasiones implícita y en otras evidente– por abrir realmente el funcionamiento de las Cámaras al escrutinio y la participación públicas. Los resultados de ambas en el Diagnóstico demuestran que hay todavía una brecha considerable entre la práctica parlamentaria y el estándar mínimo para considerarlas ejemplares en la materia.
Desde nuestra perspectiva el nivel de participación e involucramiento de las y los legisladores en la Cumbre es una muestra de la importancia que tiene este evento para nuestros representantes. Sin embargo, en la práctica, existe la posibilidad real de que el encuentro pase y que el interés del Poder Legislativo mexicano resulte un caso más de ‘diplomacia parlamentaria’ sin efectos en el ámbito doméstico.
En la actualidad, el concepto de representación política incluye necesariamente la obligación de la rendición de cuentas. Esto es así porque nuestra idea de democracia define inevitablemente lo que debe ser un gobierno representativo: uno que actúe en beneficio de las personas que representa, conforme a sus intereses y que, cuando tome decisiones que puedan resultar contrarias a las preferencias ciudadanas, las explique y justifique de forma que posibilite también la sanción ciudadana.
En ese sentido, el Parlamento como el Gobierno abierto deben considerarse como métodos y herramientas que sirvan para facilitar esa relación representativa, bajo la consideración de que el bien común no se define solamente en las urnas ni de forma unilateral sino mediante la colaboración real entre todas las partes interesadas para que los compromisos y los planes de acción contengan las soluciones a los problemas y situaciones que impactan más las condiciones de vida de las personas.
Guillermo Ávila
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/10/28/el-congreso-mexicano-y-sus-contradicciones-ante-la-alianza-para-el-gobierno-abierto/
