Sin pretender hacer una historia hilada de su significado y papel en la historia nacional, lo que interesa es que el Ejército, como cualquier otra institución de Estado, rinda cuentas en los casos de violaciones a los derechos humanos de las personas.
En nuestro país, el Ejército mexicano es prácticamente intocable. No hace falta escuchar sólo las voces que analizan su rol actual en la sociedad mexicana sino también observar la evidencia de los hechos que se nos presentan. Sin pretender hacer una historia hilada de su significado y papel en la historia nacional, lo que interesa es que el Ejército, como cualquier otra institución de Estado, rinda cuentas en los casos de violaciones a los derechos humanos de las personas.
El Ejército, que en palabras de algunos sigue teniendo altos niveles de confianza, también ha presentado retrocesos en este rubro, tal como lo demostró el INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015, en la que dice que junto con la Marina se disminuyó su nivel de confianza. Independientemente de estas cifras y las metodologías para llegar a ellas, lo importante es señalar que la penetración del Ejército en las calles mexicanas –con mayor visibilidad desde 2006 a la fecha– ha repercutido negativamente en la sensación de inseguridad.
Se escuchan y se leen continuos discursos justificando las labores de “seguridad pública” desplegadas por las fuerzas armadas (SEDENA, SEMAR) ante la oleada de delincuencia organizada que sacude el país; así, desde el día uno de su sexenio, Felipe Calderón dijo que “reestablecer la seguridad no será fácil ni rápido (…) que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas”. Esta fue la justificación anticipada de un período de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos, orquestadas no únicamente pero sí en gran parte, por las fuerzas armadas. Y ¿cuál será el balance actual de estas desgracias cuando hasta el propio encargado del Ejército, el General Cienfuegos, reconoce como un error la intervención de la institución castrense en las calles, en “la guerra”?
El balance lo tenemos en un antes y en un después. Después de la Segunda Guerra mundial, cuando se reconfiguraba el papel de los ejércitos en los países, México decidió emplearlo para controlar una supuesta amenaza de coyuntura como lo era el “comunismo internacional”. Con la creación de grupos policíaco-militares-paramilitares se dio cabida a un sinnúmero de violaciones graves a los derechos humanos en contra de sectores de la población que se levantaron en armas o que disentían en espacios políticos, de medios de comunicación e inclusive en las academias y estudiantado. Como crimen de estado, por su aparente falta de probidad, la tortura y la desaparición forzada llenaron las metodologías de investigación y las sanciones de facto de las conductas que, para el Ejército y cierta clase política, eran amenaza nacional, independientemente de si reunían un castigo bajo los tipos penales existentes.
Gracias a esa cadena de impunidad, que ni siquiera la alternancia electoral pudo contrarrestar, la bandeja estaba servida nuevamente, ahora de azul y blanco, para un nuevo período de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que continúa hoy con su antiguo creador. Es una continuidad de violencia estatal que si bien no corresponde al discurso estatal contra la impunidad, sí es un testimonio de que en México vale más la visión de algunos funcionarios públicos y personas afines sobre “seguridad nacional” que atropellar los derechos humanos.
No son casos aislados, ya lo hemos visto. Aún con el despliegue mediático y la oportunidad que ahora tenemos para escribir y manifestarnos en espacios de opinión pública, vemos una y otra vez las huellas concretas de la impunidad. Y, en ese sentido, una impunidad muy fresca es la que corresponde al caso Tlatlaya: después de que nos enteráramos lacónicamente de un acontecimiento por el que habían muerto 22 personas “de un lado” y ninguna “del otro”; de que las sobrevivientes hayan sido acusadas y maltratadas; de una felicitación prima faciedel gobierno del Estado de México al ejército por estos hechos; y de investigaciones poco conducentes realizadas por la PGR; un juez federal determinó que no había pruebas suficientes para sostener una acusación en proceso penal. Aquí se demuestra cómo una de los facetas de la justicia, que es la sanción a los responsables, sigue sin aplicarse cuando se trata de elementos castrenses.
Esta nueva impunidad se mezcla con las recientes modificaciones que desde el poder legislativo hicieron para la aprobación del Código Militar de Procedimientos Penales y reforma al Código de Justicia Militar, que en dichos de algunas y algunos “facilitan las condiciones para un ‘estado de excepción’”. Así que lejos de encontrarnos en un escenario donde las y los ciudadanos creíamos que podíamos obtener mayor transparencia y acceso a la justicia, nos encontramos frente a un escenario de limitaciones a nuestros derechos y en donde se nos obliga a cederlos en aras de la supuesta “seguridad nacional”, que al parecer de algunos no se puede entender ni lograr con un amplio régimen de protección a nuestros derechos humanos, es decir, en un estado de derecho.
Lo único que pedimos como ciudadanas y ciudadanos es verdad, justicia y reparación[1]: eso a lo que todas y todos tenemos derecho.
[1] Y en eso recuerdo a Julio Pimentel Rodríguez, ex guerrillero michoacano de la Unión del Pueblo, fallecido el pasado 10 de mayo, exiliado y quien junto con la Fundación Diego Lucero exigió siempre esta justicia para que no hubiera nunca más un futuro violento en México.
