El fracking a la luz del Acuerdo de París

El fracking a la luz del Acuerdo de París

El pasado 15 de octubre se celebró el día global antifracking (#GlobalFrackDown), donde comunidades, colectivos y organizaciones alrededor de todo el mundo sumaron voces para exigir a sus gobiernos la prohibición de esta dañina técnica utilizada para extraer gas y petróleo no convencional. No es de extrañar que esta sea una demanda global, dados los devastadores impactos que conlleva sobre los ecosistemas, el clima y las poblaciones y que ya han sido sobradamente documentados en Estados Unidos, donde la fractura hidráulica (“fracking”) lleva usándose más de una década.

América Latina no ha escapado a esta amenaza y actualmente enfrenta el embate de gobiernos y empresas interesados en fracturar los territorios, en muchos de los cuales habitan pueblos indígenas y campesinos, quienes están siendo los primeros afectados por estas políticas y proyectos. Pero no son los únicos, dado que los daños del fracking no entienden de fronteras y afectan o amenazan el agua, los alimentos y el aire de todas y todos. Por ello, las resistencias tampoco se han hecho esperar y, desde Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia y México, ya se están llevando a cabo acciones para detener el avance de la fracturación hidráulica y se sumaron al GlobalFrackDown.

Mientras miles de voces exigen su prohibición en todo el mundo, en México el gobierno hace oídos sordos y sigue apostándole al fracking en una carrera hacia el fondo que profundiza un modelo energético basado en los combustibles fósiles, causante del calentamiento global, de degradación ambiental y de violaciones de derechos humanos. Esto no sólo contradice sus propias leyes y normativas, si no que deja en letra muerta el Acuerdo de París firmado por México en septiembre de este año, según el cual los países se comprometen a evitar aumentos de la temperatura global que supere los 2°C e, idealmente, los 1.5°C.

Para lograr este objetivo, al menos un tercio de las reservas de petróleo y la mitad de las reservas de gas deberían quedarse en el subsuelo, es decir, no ser jamás extraídas. Si tenemos en cuenta que la fractura hidráulica supone la posibilidad de extraer hidrocarburos presentes en nuevos yacimientos que aún ni siquiera han sido contabilizados como reservas, podemos darnos cuenta de la gravedad del problema y la incoherencia con los compromisos del país en materia de cambio climático. Más aún porque la extracción de gas mediante esta técnica supone grandes emisiones de metano (CH4) que alcanzan hasta 12% gas extraído. Cifra nada desdeñable ya que el metano tiene un potencial para calentar el planeta 86 veces más elevado que el dióxido de carbono (CO2), según confirman estudios científicos.

Al mismo tiempo que el gobierno hace los preparativos para la próxima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en Marruecos (COP22) en noviembre, y celebra la firma del Acuerdo de París, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anuncia en Estados Unidos la posible apertura de licitaciones de nuevas áreas no convencionales para marzo de 2017, donde se utilizará fracking. Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), presidida por Juan Carlos Zepeda, y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) acaban de aprobar los permisos a Pemex para utilizar la fractura hidráulica en cinco áreas situadas en Puebla y Veracruz, los cuales se suman a los tres pozos aprobados en febrero, dos en este mismo estado y uno en Tamaulipas; todos ellos situados en las asignaciones que le fueron entregadas a esta empresa pública en agosto de 2014, como parte de la Ronda Cero de la Reforma Energética. Además, de 2010 a la fecha, Pemex ha reportado que existen, al menos, 28 pozos exploratorios que utilizan Fracking en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Estas no son las políticas y acciones públicas que deben llevarse a cabo a pocos días de la firma del Acuerdo de París y a menos de un mes de la COP22. No son los proyectos a impulsar por parte de un Estado que tiene obligaciones claras para garantizar los derechos humanos. México debe mostrar verdaderos compromisos en estos temas y, tal y como lo demanda la población del país y las comunidades de los territorios afectados, prohibir el fracking.

Esto permitiría re-direccionar esfuerzos y recursos a una real transición energética basada en la disminución del consumo y las energías renovables a pequeña escala, la cual debe tener como base la garantía de la participación y los derechos de las comunidades y la población. Sólo ante acciones concretas en este sentido es que se podrá celebrar realmente la firma del Acuerdo. Como sociedad tenemos un gran rol que jugar en este tema, exigiendo al Estado que cumpla con sus obligaciones, compromisos y acuerdos, ya que es el futuro de todas y todos lo que está en esta encrucijada.


[ Por Aroa de la Fuente ]

[ Artículo en La Silla Rota ]