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El gobierno mexicano en defensa de migrantes: ¿oportunidad de cambio o demagogia?

En las últimas semanas, casi todas las instancias de los tres Poderes de la Unión, se han ocupado en anunciar públicamente su compromiso con las personas migrantes mexicanas. Esto podría ser un efecto positivo inesperado de los sucesos políticos en Estados Unidos, porque la migración no solía ser una prioridad política. Puede ser algo positivo, si no se queda solo en los discursos o en la presentación de acciones que ya existían o que ya eran parte de las atribuciones de las instancias desde hace mucho (pero a lo mejor no se ejecutaban).

Al escuchar los discursos y leer sobre las diferentes acciones, por ejemplo, del Instituto Nacional de Migración (quien presume el programa “Somos Mexicanos”), o iniciativas de ley sobre retorno y otras acciones desde el Senado (viajes de senadoras/os a los Estados Unidos para “acercarse a los mexicanos allá y sus necesidades”), debemos hacernos algunas preguntas. ¿No estarán aprovechando el contexto solamente para posicionarse a sí mismos, o para pedir más recursos que se gastarán sin que haya rendición de cuentas? ¿O, realmente se tratará de acciones emergentes que aumenten el acceso a derechos para personas migrantes mexicanas (sin perjudicar las necesidades de migrantes extranjeros al mismo tiempo)?

Igual que las dependencias del gobierno, organizaciones como Fundar también hemos recibido muchas invitaciones a mesas y preguntas de medios de comunicación, sobre lo que pasará con la migración en México, frente al nuevo escenario político de Estados Unidos. La siguiente pregunta naturalmente es sobre el quehacer público. Son preguntas muy pertinentes y no es fácil responderlas.

Fundar es una organización que monitorea al desempeño de las políticas e instituciones del gobierno mexicano, con un enfoque en las afectaciones o contribuciones que estas tienen en los derechos humanos. Así ha sido como estudiamos la política migratoria de México, enfocándonos en los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Hoy día parece necesario reiterar que México no ha sido exactamente un ejemplo a seguir, respecto a la protección de personas provenientes de tres países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Honduras). Estas personas como regla general son detenidas y deportadas por México a los lugares de donde salieron por violencia y pobreza generalizadas. Muchos han dicho que hacemos el trabajo sucio de Estados Unidos, y que México puede y debe crear una política más humana, o simplemente humana. En Fundar hemos recopilado evidencia de esto, junto con otras organizaciones, en dos informes: “Un camino incierto” (noviembre 2015) y “Un camino de impunidad” (septiembre 2016). Hoy día, siguen siendo vigentes las recomendaciones que hicimos al gobierno mexicano: establecer controles fuertes al trabajo del Instituto Nacional de Migración, crear una verdadera política de asilo y mejorar el acceso a la justicia para migrantes, entre otros.

Ahora, si bien el nuevo gobierno estadounidense puede ser una amenaza, la principal amenaza sigue estando dentro de nuestras fronteras. Para la corrupción, la desigualdad, la impunidad, por mencionar algunos problemas públicos no menores, tenemos que buscar las causas y soluciones aquí en México. Así es para los embates que sufren los migrantes centroamericanos en nuestro país, estos derivan directamente de la política migratoria mexicana (con o sin la presión, el dinero u otra forma de injerencia de Estados Unidos).

Teniendo esto en mente, intento responder a la pregunta de cómo nos afectarán las acciones ejecutivas sobre migración y asilo de Estados Unidos, claro está que son abominables. Muros físicos, políticas de persecución de migrantes al interior de Estados Unidos y en la frontera con México, estigmatización y prohibición de la entrada de grupos de población completos, no deberían existir en el siglo XXI. Entre las muchas voces críticas destaco la postura tan clara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Estados Unidos debe dejarlas sin efecto. En cuanto a las personas que todavía buscarán entrar a Estados Unidos, tenemos que ser conscientes de que tienen sus motivos y necesidades y los agentes y muros no los podrán detener (por más que desperdiciamos recursos públicos en el intento). Es importante recordar que las políticas de contención de la migración en general hacen que los grupos criminales sacarán más provecho, y las personas migrantes tomarán rutas más peligrosas.

Es inevitable que México reciba aún más presión (y/o dinero) de Estados Unidos para contener la migración desde Centroamérica. Las declaraciones recientes del canciller Videgaray dejan claro que ya es un tema en la mesa de negociación de la relación bilateral. También es probable que el gobierno mexicano termine accediendo, porque lleva años haciendo algo muy parecido (el Programa Frontera Sur), con todas las consecuencias inhumanas que conocemos y seguiremos dando a conocer. Sobre el quehacer del gobierno mexicano frente a la necesidad de defensa jurídica de las y los mexicanos en el exterior, y las necesidades de las personas tras ser deportadas: se deben implementar políticas públicas desde las diferentes dependencias que puedan garantizar el acceso a derechos, a la educación, a la salud, a una vivienda y un trabajo dignos, por mencionar algunos. Todo eso de manera coordinada, algo que no será fácil, pero no se necesita inventar el hilo negro (no son temas nuevos, y ya existen algunos programas y acciones, como aquellas retomadas en el Programa Especial de Migración).

Así que, tenemos que informarnos bien sobre lo que realmente pasa con la migración y ser conscientes que, en todo el mundo, el tema migratorio tiende a ser usado políticamente para obtener beneficios electorales y los migrantes como chivos expiatorios, antes de aplaudir el nuevo activismo institucional.


[ Por Jose Knippen ]

[ Artículo en El Universal ]