Una vez aprobada y publicada una ley que contiene disposiciones preocupantes para la democracia, ¿queda algo por hacer? Pocas cosas, pero existen vías legales que permiten revertir parte del contenido de esta ley. La acción de inconstitucionalidad es una de ellas; sirve para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parte de una norma que está en contradicción con la Constitución mexicana. Si la Cámara de Diputados logra el apoyo de 33% de sus integrantes así como el Senado pueden interponer una acción de inconstitucionalidad. Pero existen también instituciones habilitadas a las que se puede recurrir para este proceso jurídico, una de ellas es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Desde el inicio de año y la promulgación de la reforma constitucional en materia de transparencia que le otorga autonomía, el IFAI está facultado para interponer acción de inconstitucionalidad cuando existen normas “que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales”, según lo estipulado en el artículo 105 de la Constitución. Hoy estamos justamente en esta situación y quedan solamente dos semanas para que el IFAI actúe en consecuencia.
El pasado 14 de julio, se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, junto con otras 218 organizaciones de la sociedad civil difundimos una carta pública donde instamos al IFAI a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley. Para esto, el Instituto dispone de 30 días naturales a partir de la publicación de la ley.
Desde el 10 de julio, el IFAI difundió un comunicado para dar a conocer que está analizando y reflexionando en torno a las implicaciones que tiene la nueva legislación secundaria en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Asimismo, Fundar recibió una carta de los comisionados del Instituto que explica que las áreas técnica y jurídica del IFAI están estudiando el asunto.
¿Pero qué tiene que ver el IFAI con el debate sobre telecomunicaciones y radiodifusión? En el nuevo marco normativo existen disposiciones que representan una grave violación a la privacidad. Los artículos 189 y 190 permiten que instancias gubernamentales recurran a la geolocalización de personas en tiempos reales a través de sus celulares y también accedan a una base de datos que contiene los detalles de todas las comunicaciones realizadas por los usuarios de telecomunicaciones en el transcurso de los últimos dos años. Y esto, sin orden judicial de por medio ni ningún tipo de salvaguardas.
Si bien entendemos la necesidad de disponer de tales herramientas para combatir la inseguridad y el crimen organizado, la ausencia de un marco claro en la práctica abre la puerta a su uso arbitrario y abusivo. ¿En estas condiciones qué o quién impide al Gobierno usar esta información para vigilar periodistas demasiado curiosos, activistas perturbadores y defensores de derechos humanos incomodos? Nada. Así la posibilidad de un Estado monitoreando las actuaciones de cada ciudadano deja de pertenecer a escenarios de ciencia ficción para volverse realidad.
Durante los últimos meses hubo una importante protesta en contra de estas disposiciones que se expresó en la calle y en redes sociales. Sin embargo, a pesar de estos reiterados llamados a que se modificaran estos artículos, los legisladores no tomaron en cuenta la voz de la ciudadanía así como de expertos en derechos digitales y aprobaron el dictamen sin cambiar estas disposiciones.
Hoy en día, el IFAI, órgano ciudadano responsable de garantizar la protección de los datos personales, aparece como una de las últimas murallas en contra de la invasión del Estado en la intimidad de los mexicanos. El 13 de agosto es la fecha límite para presentar la acción de inconstitucionalidad. Desde Fundar, esperamos que el IFAI se apegue a los más altos estándares en materia de derecho a la privacidad y proteja a los ciudadanos mexicanos exigiendo más certeza jurídica y procesos claros para la implementación de estas poderosas herramientas de vigilancia.
Justine Dupuy
