Ante el derroche y el mal manejo de nuestros recursos, lo natural es que sintamos un rechazo casi automático a cualquier medida fiscal que nos exija contribuir aún más al gasto público. Si a este escenario se le suman los distintos beneficios tributarios que suelen recibir las personas y las empresas con mayores ingresos, no debería extrañar a nadie que la ciudadanía deje de creer en la importancia de pagar impuestos para financiar gran parte de las actividades estatales.
Sin duda hay muchas razones para estar inconformes con nuestro sistema tributario, y difícilmente la percepción ciudadana mejorará en tanto no se realicen cambios profundos en las prácticas y normas que favorecen el mal uso de nuestros recursos; sin embargo, existen otros casos en que los impuestos, por impopular que a algunos les parezca, deberían ser defendidos por toda la ciudadanía, sobre todo porque sus detractores no son las personas asalariadas o los dueños de una pequeña empresa, sino las grandes industrias refresqueras.
Desde que en 2014 el gobierno implementó un impuesto de 1 peso por litro (aproximadamente 10 % del producto) a bebidas azucaradas como refrescos, jugos y aguas saborizadas con la intención de desincentivar el consumo de estos productos por su relación directa con los altos índices de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en nuestro país, la industria refresquera ha recurrido a diversas estrategias que también han sido utilizadas en otros países para revertir esta política fiscal. Por ejemplo, hace aproximadamente un año, la industria logró que la Cámara de Diputados aprobara una reducción de este impuesto, el cual afortunadamente fue impedida gracias a la denuncia de diversas organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Alianza por la Seguridad Alimentaria. Recientemente, este conjunto de organizaciones también denuncióque la industria refresquera financió diversos estudios realizados por universidades en donde se pone en duda que el impuesto a las bebidas azucaradas haya impactado en los hábitos alimenticios de las personas.
La industria refresquera suele argumentar que el impuesto a las bebidas azucaradas es inútil y afecta de manera desproporcionada a los bolsillos de las personas más pobres, sin embargo, cada vez surge más evidencia que contradice sus dichos. Sólo por poner algunos ejemplos, de acuerdo a la Alianza por la Seguridad Alimentaria, el impuesto a las bebidas no saludables disminuyó 8 % en 2015, y el consumo entre la población más pobre (el sector que más consume estos productos) se redujo en 17 % al final del 2014, mientras que las ventas de bebidas azucaradas disminuyó un 8 % en 2015.
Aunque para que el impuesto tenga aún más impacto en la prevención de problemas de salud asociados al consumo de bebidas azucaradas se requiere una estrategia integral en donde se pueda atacar el problema por distintos frentes (por ejemplo, no reduciendo el presupuesto al combate a la obesidad), el impuesto a las bebidas azucaradas ha sido por sí mismo exitoso, y de hecho la propiaOrganización Mundial de la Salud ha recomendado que el impuesto se aplique sobre el 20 % del producto y que otros países sigan el ejemplo de México.
Tomando en cuenta los intereses que están en juego, es muy importante que nos mantengamos alerta respecto a los discursos que tienen la intención de proteger los intereses económicos por encima de los derechos humanos de la población. Si bien el impuesto a las bebidas azucaradas ha logrado superar los primeros obstáculos, ahora nos corresponde exigir que esta política fiscal no sea desaprovechada, y para ello es necesario que se fortalezca mediante más controles presupuestarios, más transparencia y mayor rendición de cuentas para garantizar que los recursos que son captados gracias a este impuesto también impacten de manera positiva en la salud de las personas.
[ Artículo en Animal Político ]
