Michoacán es un recordatorio más de que el Estado mexicano está en crisis. Una crisis que no ha parado desde que cambiamos el modelo económico y empezamos a pensar que el mercado podría sustituir al Estado. Las instituciones que construyó el nacionalismo revolucionario se fueron transformando. Primero se hicieron los pactos económicos y políticos: la carga de la retirada del Estado social empezó a cobrarse en los salarios de los trabajadores. Después, a través del liberalismo social, se intentó rescatar y transformar la organización comunitaria en participación política constructiva.
Al final, asumidas las directrices de la doctrina liberal, se estabilizó la economía hasta el grado de estancarla. El panismo no pudo capitalizar la esperanza democrática. Primero la desaprovechó y después la saboteó con una guerra contra el crimen organizado que igual arrasó territorios que lazos comunitarios y multiplicó la presencia de grupos violentos. La sucesión de actos violentos en el país se explica, entre otras cosas, por la transformación en las relaciones de poder que se desencadeno por el retiro del gobierno y sus operadores políticos de distintas regiones y por la falta de contención estatal de los mercados, tanto de los formales como de los informales.
El nuevo gobierno ha dado señales equívocas en su intento por revertir la violencia. La publicación de las Bases del Programa Nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia y la instalación de la Comisión intersecretarial publicadas en febrero de 2013 fue una primera buena señal de que se buscaría atender el fenómeno de la violencia desde distintas aristas: se propuso la creación de un plan nacional de prevención y participación comunitaria que se transformó en el Programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia (Programa de prevención), que busca, según el blog de la presidencia, integrar el trabajo de distintas secretarías de Estado para, como su nombre lo indica, prevenir el delito.
El Programa de prevención tiene un presupuesto asignado de 2,247 millones de pesos que se desagrega en ocho ejes rectores de la siguiente manera: Seguridad ciudadana: prevención integral 243 Juventudes 383 Mujeres 185 Grupos en condiciones de vulnerabilidad 196 Convivencia, cohesión comunitaria y participación ciudadana 374 Cultura ciudadana y cultura de la legalidad 92 Cultura de la paz 94 Urbanismo social y acupuntura socio urbana 680 Fuente: Secretaría de Gobernación. Programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia. Disponible (enero de 2014): http://bit.ly/KScJAU El Programa referido, que tiene incluso estrategias creativas y algo esotéricas como la acupuntura socio urbana, se inscribe en un presupuesto mucho más amplio para atender la seguridad nacional y la seguridad pública.
Si se observa la clasificación funcional del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, que responde a la pregunta de para qué se gasta, se distinguen las funciones de Seguridad nacional con un presupuesto de 7,537 millones de pesos y la de Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, con un presupuesto de 40,850.6 millones de pesos, entre cuyos actividades están el fortalecimiento institucional, la prevención del delito (en la cual se inscribe el Programa de prevención) y el sistema nacional de protección civil. La estructura presupuestaria para seguridad plantea una serie de preguntas de distintos órdenes.
La primera es por qué el aumento presupuestario para seguridad pública durante la última década (en términos reales, el presupuesto ejercido por la Secretaría de Seguridad Pública en seguridad pública aumentó 343.1% desde su creación en 2001; de 11,908.9 a 52,769 millones de pesos) no se ha reflejado en mejores condiciones de seguridad: ¿cuáles han sido las consecuencias de ejercer aumentar el gasto público para generar una estructura policial militarizada y cuáles son las lecciones de esa forma de intentar mejorar la seguridad? La segunda pregunta es más compleja y atañe a la utilización de los recursos públicos: ¿cómo se pueden ejecutar los recursos públicos para que reparen los daños de la estrategia contra el crimen de la administración anterior y se restablezcan los lazos comunitarios de manera pacífica? Después de pasar por una época de violencia atroz y una estrategia de confrontación similar a la que México ha implementado, las y los colombianos reconocieron que la resolución de los conflictos era una prioridad nacional y por tanto ahora buscan atenderlos con todos los recursos sociales, económicos y políticos posibles.
En México parece que seguimos pensando en que la presencia policial acompañada de otros beneficios del Estado pueden llegar a las comunidades como dádivas resarcitorias. La comparación entre los presupuestos para prevención y el total asignado para seguridad pública es una muestra de esta definición de prioridades. Una última pregunta es quién implementará los programas: parece una excelente señal que se contemple la cultura de paz dentro de los ejes rectores de la prevención, sin embargo, si no se llega a quienes están afectados por el conflicto para preguntarles qué necesitan, difícilmente se podrán implementar todas las intenciones de pacificación y construcción comunitaria.
Los mexicanos requerimos regresar a la paz, destrabar y resolver los conflictos, aprender a solucionarlos por otras vías y reparar los daños de los horrores recientes y presentes. Desde la sociedad civil organizada habremos de empezar a reflexionar con más consistencia cuáles son nuestras posibilidades de participar en la resolución de estos conflictos. Tenemos que seguir precisando las preguntas e identificando las posibles vías de solución. Voltear hacia otros contextos que han pasado por las mismas parece, por lo menos, una muy buena idea.
Por: Diego de la Mora Maurer
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