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El SAT tiene la oportunidad de acabar con la opacidad sobre los privilegios fiscales

 

Durante su conferencia matutina del pasado 12 febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó la importancia de transparentar la información en materia de condonaciones fiscales y otros beneficios que han recibido unos cuantos. En Fundar coincidimos en la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información que es relevante para toda la población, e instamos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a cumplir las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que lo obligan a hacer pública dicha información.

El artículo 6º constitucional establece que las resoluciones del INAI deben ser acatadas por las autoridades y, a pesar de esto, el SAT ha incumplido aquellas resoluciones que le ordenan entregar la información sobre las personas y empresas a quienes se les condonaron o cancelaron impuestos y otras deudas fiscales en el periodo previo a la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (5 de mayo de 2015).

Como fue documentado por Fundar en el proyecto “Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos”, la condonación y/o cancelación de impuestos y adeudos fiscales ha beneficiado, principalmente, a los grandes contribuyentes, es decir, a quienes tienen mayores ingresos. Tan sólo en el año 2013, los montos perdonados a 36 empresas representaron el 0.5% del PIB de ese año. Las amnistías fiscales aplicadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto beneficiaron a grandes empresas. Durante 7 años, el SAT no pudo cobrarles impuestos a 15 grandes contribuyentes y terminó perdonándoles el pago de 46 mil millones de pesos.

Desde agosto de 2015 Fundar inicio la solicitud de información sobre las personas físicas y morales y el motivo por el que recibieron estos beneficios entre 2007 y 2015. Ese año el INAI determinó que esta información debe ser pública pero el SAT se ha negado a entregarla, lo que ha derivado en un proceso judicial que continúa hasta el día de hoy. Por lo anterior, instamos a las autoridades fiscales a saldar la deuda que la administración anterior dejó con la ciudadanía, al violar de forma sistemática nuestro derecho a la información.