¿En qué ayuda el caso Ayotzinapa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

¿En qué ayuda el caso Ayotzinapa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

El pasado 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso de los ataques a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa (en adelante el GIEI o Grupo de Expertos) presentó su informe. Este grupo fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), por acuerdo entre los representantes de las víctimas, la CIDH y el Estado mexicano. El informe del GIEI ha documentado graves falencias en la investigación del caso por parte de la Procuraduría General de la República (en adelante PGR) y ha desvirtuado casi por completo los pilares de la hipótesis oficial sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, que dieron origen a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas.

La actuación del GIEI y su informe pueden ser analizados desde diferentes aristas, la mayoría de ellas asociadas a la cuestión de si existe una verdadera voluntad política del Estado Mexicano de esclarecer los hechos y hacer justicia en el caso. Sin embargo, aunque menos explorada, también es posible analizar este suceso a la luz de la situación que vive el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en su conjunto. Este Sistema Interamericano está integrado por dos órganos principales, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo la primera ha vivido una especie de crisis o inestabilidad crónica, la cual se explica por razones de índole política, económica y jurídica.

En el contexto de esta crisis, una de las acusaciones más recurrentes en contra de la CIDH es la de su incapacidad de reacción inmediata frente a situaciones de graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, otro elemento recurrente de esta inestabilidad es el desconocimiento o amenaza de los Estados a la legitimidad de las decisiones y acciones de la Comisión. A pesar de su trágico origen, la constitución del GIEI puede llegar a convertirse en una experiencia innovadora y modelo para la región, ya que le permitiría a la CIDH lidiar con los dos elementos críticos referidos en líneas anteriores. Por un lado, la necesidad de reacción pronta ante situaciones de violaciones graves; y por el otro, intervenir a través de un mecanismo que ofrezca ciertas garantías de apoyo político por parte del gobierno.

El informe del GIEI ha demostrado que es posible actuar casi en tiempo real ante la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, lo cual, más allá de la exhibición pública de las fallas estatales, le permitiría a los gobiernos enmendar el camino antes de que el paso del tiempo impida por completo una investigación pormenorizada y sustentada en pruebas confiables. Pero además, al tratarse de una acción que derivó de un acuerdo específico para el caso, auspiciado por el propio gobierno, se eleva exponencialmente el costo político para éste en caso de desconocerlo o incumplir sus recomendaciones. Y si bien lo anterior no es una garantía de cumplimiento infalible, hace del informe una herramienta de documentación jurídica y de presión política muy fuerte, sobre todo ante los ojos de otras instancias internacionales, como podría ser la Corte Penal Internacional, ya que la falta de voluntad para hacer justicia a nivel nacional va quedando documentada de forma objetiva por otro organismo internacional.

En conclusión, desde la perspectiva del estado de crisis crónico del SIDH, los trabajos del GIEI y su informe representan una bocanada de aire fresco y abren nuevas vías de colaboración e interlocución de la CIDH, tanto con las víctimas como con los gobiernos.

 

* Humberto F. Guerrero Rosales

http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/09/14/en-que-ayuda-el-caso-ayotzinapa-al-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/

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