¿En qué gasta mi estado la deuda que contrae?

¿En qué gasta mi estado la deuda que contrae?

Albertina y su esposo Cirio viven en la localidad de Chiloljá, en el municipio de San Juan Cancuc en Chiapas. Todos los días se levantan a las seis de la mañana para trabajar  en una pequeña milpa que tienen en casa y para alistar a sus dos hijos, quienes van a la escuela. Como su pequeña casa se encuentra en medio de la montaña, el trayecto para los dos niños a la escuela es largo y difícil. Albertina y Cirio tienen la esperanza de que alguno de sus hijos pueda terminar sus estudios primarios, ya que ellos no tuvieron esa oportunidad. A veces ambos se preguntan por qué no existen caminos ni clínicas adecuadas y también qué futuro les espera a sus hijos. Lo que Albertina y Cirio no saben es que el estado en el que habitan, Chiapas, no sólo tiene un porcentaje extremadamente alto de su población viviendo en condiciones de pobreza (74.7%), sino que también está entre los 10 más endeudados del país.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2014, la deuda del estado de Chiapas era de $20,140 millones de pesos. Como, de entrada, el que un estado contraiga deuda no es precisamente negativo, pues puede ser una estrategia de corto o mediano plazo para promover el crecimiento y el desarrollo social o para enfrentar alguna emergencia inmediata, las preguntas que tanto Albertina, Cirio y nosotros nos haríamos entonces son: ¿cuántos son los ingresos del estado de Chiapas y el municipio de San Juan Cancuc?, ¿por qué el estado contrajo esa deuda? y, más importante aún, ¿en qué proyectos y áreas lo ha ocupado?

Las respuestas a estas preguntas son importantes por tres razones. En primer lugar, porque los recursos económicos que el estado recibe –por impuestos, préstamos en forma de deuda, aportaciones de la federación, etc. – y ejerce son públicos, es decir, son de las y los ciudadanos y por tanto tenemos derecho a conocer de dónde provienen y, sobre todo, en qué se utilizan. Esto es particularmente importante en municipios como el de San Juan Cancuc, donde el 97% de los habitantes vive en pobreza extrema. En segundo lugar, porque cuando el gobierno transparenta cuáles son sus ingresos, egresos y su deuda se cierran los espacios para los malos manejos y la opacidad; problemas muy recurrentes en la gestión estatal y municipal en nuestro país y que afectan particularmente a los y las ciudadanas en situación de pobreza. En tercer lugar, porque desde 2008 existe una ley –la Ley General de Contabilidad Gubernamental– que obliga a los estados y a los municipios de todo el país a proveer de forma más detallada información financiera sobre algunas variables como ingresos, deuda, egresos, etc. siguiendo, además, una serie de reglas específicas de registro y presentación.

Dada la relevancia del tema, en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, nos dimos a la tarea de crear un Observatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que evalúa si los gobiernos estatales cumplen con los requerimientos de información presupuestaria que esta ley establece en tres artículos. En específico, revisamos para cada estado cuatro documentos presupuestarios –la Iniciativa de Ley de Ingresos, la Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos- y dentro de ellos las variables que la ley especifica. Los hallazgos completos y por estado de este observatorio podrás consultarlos próximamente en la página de Fundar. Sin embargo, volviendo al caso de Chiapas, valdría preguntarse, ¿en qué grado presenta y cumple con las variables que la ley dicta para estos cuatro documentos presupuestarios? Nuestro análisis arroja que Chiapas cuenta con un portal de armonización contable y uno de transparencia fiscal con todos los formatos y normas que la ley establece. Incluso tiene buenas prácticas, como dar la información de ingresos en Excel y como presentar la información por programa sectorial, especial y regional.

De inicio, estas son buenas noticias. Por un lado, el estado cumple con las obligaciones que le marca la ley. Por otro lado, esta información puede ser muy valiosa para ciudadanos y ciudadanas que quieran, por ejemplo, evaluar y/o contrastar cuál es el monto de la deuda del estado y en qué se invierte la misma; ejercicio muy necesario, dada la condición de pobreza extrema en que viven muchas familias como la de Albertina y Cirio. Sin embargo, el análisis de Fundar, muestra que tanto en Chiapas como en el resto de los estados en México, sigue siendo necesario que los gobiernos proporcionen información más detallada sobre el destino específico de la deuda pública, es decir, en qué se ejercen o invierten esos recursos. Esto es especialmente relevante porque el costo de contratar deuda lo terminamos pagando todos los contribuyentes, de una u otra forma, y porque, en una democracia, el gobierno tiene la responsabilidad, en primer lugar, de asegurar el bienestar de los y las ciudadanas.

Janet Oropeza
http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/en-que-gasta-mi-estado-la-deuda-que-contrae/mojg!t8G7CHLTTDY7I/