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Es el turno del Senado

Como hace dos años, durante la discusión y aprobación de la Ley General de Víctimas, nuevamente el 14 de abril, víctimas y organizaciones de la sociedad civil acudieron al Senado de la República. En esta ocasión, a presentar una propuesta ciudadana de reforma constitucional para avanzar hacia una legislación que permita enfrentar la grave crisis de violaciones a derechos humanos que enfrenta el país, en particular la elaboración de una ley para prevenir y sancionar la desaparición de personas. Esta propuesta fue elaborada por diversas organizaciones de la sociedad civil y contó con la asistencia técnica de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH).

La propuesta ciudadana, respaldada por más de 120 organizaciones de la sociedad civil, entre éstas decenas de organizaciones de familiares de personas desaparecidas, plantea reformas a los artículos 19, 29 y 73 constitucional, con tres objetivos principales: que se reconozca a nivel constitucional el derecho humano a no ser desaparecido (Art. 19); que incluso en caso de suspensión de garantías se asegure el derecho a no ser desaparecido (Art. 29); y a facultar al Legislativo Federal a legislar en diversas materias enfocadas a la garantía de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1 constitucional (Art. 73), entre ellas sobre desaparición de personas (segundo transitorio), tortura (tercer transitorio), ejecución arbitraria (cuarto transitorio) y desplazamiento forzado interno (quinto transitorio).

Durante la entrega simbólica de la propuesta, familiares de personas desaparecidas señalaron la impunidad y la desprotección que enfrentan en la búsqueda de los familiares, así como la vulnerabilidad que vivimos todas las personas frente a la desaparición. Representantes de organizaciones de la sociedad civil pusieron el dedo en lo que últimamente ha sido la llaga para el Estado mexicano: las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. En este caso, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que calificó como generalizadas las desapariciones en México, y llama al Estado a legislar en materia de desaparición de personas, entre otras recomendaciones.

Con esta iniciativa las organizaciones esperan que quede trazada una ruta clara para que el Congreso de la Unión, a más tardar dentro del próximo período de sesiones, emita leyes generales sobre desaparición forzada, tortura, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzado. Del mismo modo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de Ayotzinapa, envió el mismo día una carta al Senado en la que le solicita que tramite y apruebe en este período de sesiones la reforma constitucional para que se reconozca de manera expresa la desaparición forzada y para que se faculte al Congreso de la Unión para legislar en la materia.

Un grupo plural de senadores, entre ellos Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, Gabriela Cuevas y Omar Fayad recibieron la propuesta de manos de Guadalupe Fernández, madre del joven desaparecido José Antonio Robledo. En diversas intervenciones, los senadores reconocieron la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, y en particular la deuda del Estado hacia los familiares de personas desaparecidas desde hace décadas, desde la llamada Guerra Sucia. Asimismo, los legisladores se comprometieron a reformar durante este período el artículo 73 para habilitar al Congreso a legislar sobre desaparición forzada, entre otras violaciones a los derechos humanos, y a tomar en cuenta la propuesta ciudadana en las discusiones.

Las siguientes semanas serán cruciales para que el Estado avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en derechos humanos y frente a las víctimas. Es el turno del Senado, el cual tiene una importante responsabilidad, pero también una oportunidad. En este proceso la participación de organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de la sociedad civil será fundamental para dar contenido y legitimidad al proceso, y los legisladores deberán impulsar de manera proactiva los espacios de diálogo y tomar en cuenta sus propuestas en las deliberaciones.

Ximena Antillón

http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/04/16/es-el-turno-del-senado/