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Feminicidios: emergencia nacional

Esta semana, bajo el hashtag #FeminicidiosEmergenciaNacional, las activistas feministas que hacen seguimiento, acompañamiento y acciones sobre los feminicidios, han empezado a encabezar y difundir las noticias que dan cuenta de los asesinatos de mujeres en el país. Con este hashtag y todos los registros sobre feminicidios, ellas tratan de sortear los silencios oficiales y de los medios de comunicación que actúan como mecanismos de censura, e invisibilizan la dimensión real de este problema social.

Y la realidad es de terror ya que los feminicidios están en aumento, a pesar de las recomendaciones del Comité CEDAW en 2012. Entre 2013 y 2015, 6,488 mujeres fueron asesinadas según datos del INEGI. Lo que representa un aumento de 46% más que en el periodo entre 2007 y 2009. El Estado de México encabeza el record de los Estados más violentos con 1,045 mujeres asesinadas en los últimos tres años. Seguido por Guerrero, Chihuahua, la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca.

La misma ONU-Mujeres ha avalado, desde 2014, que 7 mujeres son asesinadas cada día en México, con lo cual nos situamos justo después de India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica, como país en el que las mujeres se encuentran más desprotegidas.

En Oaxaca por ejemplo, durante la administración de Gabino Cué (2010-2016), el feminicidio ha ido en aumento según datos del Movimiento Amplio de Mujeres. Durante su mandato se han registrado 458 casos, de los cuales 84 ocurrieron en lo que va de este año, dando lugar a sólo un sentenciado en 2013, y varios procesos abiertos pero sin conclusión hasta la fecha, y que representan apenas el 25% de los casos de feminicidios registrados para el periodo.

Como ya lo han dicho las organizaciones especializadas – como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio -, a pesar de que la mitad de las procuradurías de las entidades federativas cuentan con protocolos de actuación e investigación para este delito, la mayoría de los casos de feminicidios no se investigan como tales, las alertas de género no se aplican, y cuando se logra su declaratoria no permiten enfrentar el problema de la violencia feminicida en todas sus dimensiones.

Erradicar la violencia de género contra las mujeres es una responsabilidad impostergable del Estado frente a la sociedad mexicana y una obligación nacional e internacional que ya lo llevó a ser condenado en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta sentencia conocida como Campo Algodonero, el Estado mexicano debe eliminar los estereotipos de género entre sus servidores públicos. En cumplimiento de esta resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2013, diseñó un Protocolo para juzgar con perspectiva de género para que los y las jueces la implementen en los procesos judiciales y las sentencias que emitieran. De la misma forma, la mayoría de las procuradurías y fiscalías han adoptado guías y protocolos para la actuación e investigación en casos de feminicidio; y las organizaciones de la sociedad civil generan todo tipo de material para coadyuvar en la investigación y sanción de los feminicidios –recientemente se ha publicado una guía metodológica para elaborar peritajes sociales en casos de feminicidio.  Por ser el último eslabón de las instituciones para que las familias de las mujeres asesinadas y, cuando sea el caso, las mujeres sobrevivientes, puedan acceder a la justicia, es ahora una cuestión de emergencia que las instancias del Estado transformen las herramientas y los conocimientos en acciones y prácticas contundentes para revertir la impunidad en la cual se quedan los feminicidios.


Por Cécile Lachenal

[ Artículo en El Universal ]