GREFI advierte que el Grupo Banco Mundial (GBM) en los últimos años presenta una tendencia de flexibilización de los estándares socio-ambientales de sus proyectos con el fin de acelerar las inversiones. Ello ha provocado conflictos socio-ambientales y violaciones a derechos en muchas comunidades y sectores sociales.
EL Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) conformado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe: Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, Centro de Análisis e Investigación de México (FUNDAR) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina, como organización regional y con las líneas de trabajo: a) análisis y monitoreo de proyectos de infraestructura y energía; b) análisis y monitoreo de las Inversiones chinas en la región; y c) fortalecimiento de los estándares de transparencia, sociales y ambientales de instituciones financieras internacionales (IFIs); consideramos importante resaltar en el marco de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 2015, que:
- El Grupo Banco Mundial (GBM) en los últimos años presenta una tendencia de flexibilización de los estándares socio-ambientales requeridos en los proyectos que financia, al considerarlos como una traba o exigencia burocrática a la inversión. Ello ha provocado conflictos socio-ambientales y violaciones de derechos en muchas comunidades y sectores sociales. Asimismo, ha influido en el ámbito de las políticas de las bancas multilaterales de desarrollo y en la de los propios Estados, generando una aparente competencia por el debilitamiento de estos estándares y la facilitación del crédito. El proceso de revisión y reforma de las salvaguardas ambientales y sociales del GBM es un ejemplo de esta tendencia. En lugar de promover un fortalecimiento de estándares, el borrador de las salvaguardas estimula que otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo y otras iniciativas internacionales, bajen sus estándares o carezcan de incentivos para fortalecerlos en aras de tener una mayor competitividad.
- Tanto el GBM como el FMI son sujetos de derecho internacional y están obligados a garantizar y respetar las normas nacionales e internacionales de derechos humanos al estar conformado por diferentes Estados. En este sentido, no se debe dejar en manos sólo de los Estados la aplicación de los estándares ambientales y sociales, sino que los mismos deben tener un marco de referencia internacional reflejado en las propias instituciones financieras como el GBM o el FMI. Esto no implica una imposición de condiciones, en tanto los propios Estados son quienes tienen obligaciones de derechos humanos.
- El GBM promueve la inversión en proyectos de infraestructura con un enfoque que profundiza el modelo primario exportador, y que a través de asociaciones público-privadas (APP) encarece el costo de los servicios públicos, genera riesgos de deuda y acarrea impactos socio-ambientales, entre otros efectos negativos. Este escenario, refuerza las tensiones existentes entre los proyectos de infraestructura y: a) los derechos humanos; b) los derechos colectivos de los pueblos indígenas; c) el respeto al medio ambiente; y d) los compromisos de desarrollo sustentable y de cambio climático.
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