Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales

Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales
  • Organizaciones de la sociedad civil responden a las graves declaraciones del Secretario de Hacienda en torno a las funciones de la Gendarmería como protectora de la inversión privada.
  • Exigen que las políticas energéticas y de seguridad se alineen a los más altos estándares de derechos humanos.

En el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue cuestionado en torno a cómo el gobierno mexicano promoverá la seguridad de las inversiones en el país. Su respuesta mandó señales de alarma a las organizaciones de la sociedad civil pues indicó que la nueva Gendarmería será puesta a disposición de las empresas privadas que desarrollen proyectos en territorio mexicano. La Gendarmería fue creada por decreto presidencial el 22 de agosto de 2014 como cuerpo de élite de formación policial-castrense con más de 5,000 efectivos, que será activado frente a tres amenazas, una de las cuales refiere a aquellos casos en que haya actores que atenten contra los ciclos productivos o las fuentes de ingresos.

Este cuerpo elite de seguridad pública se crea tan sólo unos días después de la promulgación de las leyes secundarias en materia energética el pasado 11 de agosto, que reglamentó la Reforma Energética constitucional de diciembre de 2013. Lo anterior no es un hecho menor, ya que estas leyes establecen entre otras medidas: el acceso preferente al territorio de las empresas petroleras a través de figuras de renta obligatoria, como es la servidumbre legal; el debilitamiento de la política ambiental para facilitar la aprobación de los proyectos petroleros en detrimento del medio ambiente y la población; la promoción de técnicas de extracción de hidrocarburos con fuertes impactos socioambientales, como la fracturación hidráulica (fracking); y la creación de impuestos que beneficiarán a los estados y municipios, pero que están condicionados a que estos garanticen que no se interrumpa la operación de los proyectos petroleros por circunstancias “externas”. Ante este escenario, las declaraciones de Vidergaray son sumamente preocupantes porque la Gendarmería podría ser utilizada para acallar las expresiones de protesta social que pongan en “riesgo” la actividad petrolera y gasífera.

De esta manera, en un contexto en el que el Estado está legislando en beneficio de las empresas de hidrocarburos, la nueva Gendarmería se configura como un instrumento policiaco para defender los intereses de la inversión privada en materia energética, con la facultad de actuar contra cualquier amenaza a los mismos, incluyendo la represión de cualquier expresión de legítima oposición social. De esta manera, es sumamente preocupante que, lejos de implementar medidas para proteger y garantizar los derechos de las comunidades ante los impactos de la Reforma, la Gendarmería se preste a criminalizar a quienes defienden las tierras, territorios y recursos naturales.

Vale señalar que el derecho a la manifestación y a la protesta social está indisolublemente ligado a la defensa de otros derechos humanos, como el derecho al territorio, al agua, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vivienda, entre otros. Así, las diversas formas de oposición a los megaproyectos energéticos se harán cada vez más presentes debido a una política que deja fuera los intereses de la población mexicana y privilegia los intereses de los actores privados. En este sentido, la obligación de las autoridades de gobierno consiste en proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía a la libre expresión y a la protesta social para todos aquellos grupos sociales que decidan manifestarse libremente contra proyectos que atentan contra sus derechos.

Ante esta grave situación las y los firmantes exigimos al Estado mexicano:

1.- Suprimir la protección de la inversión privada de las funciones de la Gendarmería y reorientar la política de seguridad hacia marcos que privilegien los derechos de las personas, basados en los más altos estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido es necesario:

i) la profesionalización de las fuerzas de seguridad en clave de derechos humanos;

ii) el fortalecimiento de la atención a las víctimas y de los mecanismos para prevenir violaciones a los derechos fundamentales;

iii) la implementación y evaluación de políticas de prevención de los delitos desde modelos intersectoriales que contemplen y atiendan las causas estructurales detrás de los mismos;

iv) medidas específicas para sectores de la población que se encuentran en mayores condiciones de desventaja y riesgo, como es el caso de la población indígena y las mujeres; y,

v) la puesta en marcha de mecanismos de gobernabilidad democrática, que permitan el control eficaz de la ciudadanía y los contrapesos.

2.- Asegurar que la política energética no atente contra los derechos humanos, el desarrollo local comunitario y la sostenibilidad energética y ambiental. Para ello se solicita a las autoridades públicas:

i) eliminar las figuras de acceso preferencial de las empresas petroleras al territorio establecidas en el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, como la servidumbre legal y la ocupación o afectación superficial;

ii) garantizar que las decisiones sobre los proyectos energéticos se hagan con la participación y consulta efectivas de la población directa e indirectamente afectada por los mismos; e,

ii) impedir el uso de técnicas de explotación de hidrocarburos y generación de energía eléctrica que supongan violaciones a los derechos fundamentales, la degradación ambiental irreversible y la insostenibilidad energética en el largo plazo. En este sentido, es fundamental la prohibición de la fracturación hidráulica para la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Atentamente,

Sociedad civil

Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Red Unidos por los Derechos Humanos
Bicitekas
Centro de Estudios Ecuménicos
Encuentro Ciudadano Lagunero
Los Planes Baja California Sur
Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Freshwater Action Network – México
Medio Ambiente y Sociedad
El Barzón
Greenpeace México
DECA Equipo Pueblo
Alianza Mexicana contra el Fracking
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental LAVIDA
Promovilidad
Colectivo Utopía Puebla
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (R)
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
DECA Equipo Pueblo
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)
Centro de Investigación y Capacitación (CEDICAR)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Consejo Tiyat Tlali
Grupo de Estudios Ambientales (GEA)
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad
Amigos del Río San Rodrigo
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo
Chihuahuavsfracking
Iskra Casa de Cultura
Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur
Frente Amplio Ambientalista de Nuevo León
Asamblea Social de Agua
Bios Iguana
Consejo Magisterial Democrático Poblano
Otros Mundos
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Extractivo Minero (M4)
Mujer y Medio Ambiente.
Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA)
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
Conservación Humana
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Hijos de la Tierra
Colectivas
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur
Mining Watch
Acción Colectiva Socioambiental
Fundación Manuel Toussaint
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)

Academia

Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Programa Mesoamérica de la Universidad Iberoamericana Puebla
Universidad de la Tierra en Puebla
M. en C. María Guadalupe Figueroa Torres, Académica de la UAM-Xochimilco
Carlos Vargas Cabera, Codirección Académica del Centro para la Sustentabilidad, CENTLI
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos
Dr. Enrique Leff Zimmerman, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, UCCS
Dr. Iván Azuara Monter, Centro de Estudios sobre la Ciudad UACM, UCCS
Arq. Roberto Eibenschutz, Centro de Estudios Metropolitanos UAM-X
María Eugenia Suárez de Garay, profesora-investigadora del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara
Dr. Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante de Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Jorge Peláez Padilla, profesor-investigador de la Academia de Derecho de la UACM e integrante de Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Mylai Burgos Matamoros, profesora-investigadora de la Academia de Derecho de la UACM y Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Dra. Aleida Hernández Fernández, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM e integrante de Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho
Yacotzin Bravo Espinosa, integrante de Radar – Colectivo de Estudios Críticos en Derecho y Facultad de Derecho, UNAM

Para mayor información favor de contactar a

Itzi Salgado
Teléfono: 5554 3001 ext. 151
E-mail: itzi@fundar.org.mx

Aroa de la Fuente
Teléfono: 5554 3001 ext. 118
E-mail: aroa@fundar.org.mx
Cel. 5528942814

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