Sin duda es de conocimiento común que de una u otra manera las actividades minera y petrolera tienen un papel relevante en México y que el Gobierno le apuesta a las mismas bajo diferentes argumentos, tales como la necesidad de atraer inversión extranjera para generar crecimiento económico. Aunque aquí caben las preguntas de crecimiento para quién y de quiénes son las personas que se ven realmente beneficiadas por la extracción y comercialización de estos recursos, así han sido promovidas durante buena parte de la reciente historia de México. La Reforma Energética de 2013 es un claro ejemplo de ello, al abrir las puertas a la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, y priorizar esta actividad por encima de cualquier uso del territorio, en línea con lo establecido en la Ley Minera ya por 1992.
La explotación de hidrocarburos ha sido una de las principales fuentes de ingresos públicos en las últimas décadas, llegando a representar más de un tercio de los mismos, aunque en 2016, y debido a la caída del precio del petróleo, se situó en 16 %; por pagos hechos, principalmente, por Petróleos Mexicanos (Pemex). En el lado opuesto se sitúa la actividad minera, que aportó tan solo 0.24 % de dichos ingresos, pese a que México es uno de los principales productores de minerales del mundo y cuenta con 885 proyectos vigentes y 25,178 concesiones mineras. Ahora queda pendiente ver qué ocurrirá a raíz de la reforma en materia de hidrocarburos, con los actores privados que están entrando en juego y con un régimen fiscal nuevo que da gran discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir las contraprestaciones que recibirán Estado y empresas.
La otra cara de la monera de este festín extractivo tiene que ver con el uso intensivo del territorio y bienes naturales que estas actividades requieren, así como la contaminación del agua, suelo y aire que generan. Todo ello supone una amplia gama de afectaciones a las poblaciones y comunidades y, sobre todo, a sus derechos; ya que la salud, el acceso a agua potable y de calidad, la seguridad y su medio ambiente se ven comprometidos.
En el caso de los pueblos indígenas y campesinos, además, se pone en peligro su propia supervivencia física y cultural cuando la explotación de minerales e hidrocarburos se hace vulnerando sus derechos a la autodeterminación, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta previa y al consentimiento libre e informado. Por otro lado, no sólo son estas poblaciones las dañadas, si no que la sociedad en su conjunto debe enfrentar también la escasez y contaminación creciente del agua, la contaminación de los alimentos que ingiere y los efectos del calentamiento global, problemáticas estas, entre otras, a las que dichas actividades contribuyen.
Por ello, no es sorprendente que las políticas y proyectos extractivos estén generando conflictos en diferentes partes del territorio mexicano, donde numerosas comunidades y personas se encuentran exigiendo que se les garanticen sus derechos y no se les impongan dichos proyectos. Para ello, es fundamental que se respete la participación y consulta previa de las poblaciones afectadas en las decisiones, lo cual no es posible si la información pertinente no es accesible, sobre todo aquella relativa a cómo los proyectos afectarán sus vidas. Lo mismo ocurre con la participación general de la sociedad, quien también ve amenazado su futuro con estas prácticas al verse degradado el medio ambiente y al calentarse el planeta. Esto es aún más urgente ante el uso de modos de extracción altamente dañinos que se promueve en el país, como la minería a cielo abierto y la extracción de hidrocarburo no convencionales mediante la fractura hidráulica (Fracking).
Desde Fundar queremos aportar nuestro grano de arena a través del análisis y la investigación que realizamos sobre estos temas. Por eso, este año publicaremos el primer Anuario 2016 “Las actividades extractivas en México: estado actual”, esfuerzo que será presentado el próximo 6 de junio en una mesa en que conjuntamos diversos puntos de vista sobre este tema.
Las y los invitamos a sumarse a esta importante discusión y a que hablemos de las extractivas.
[ Por Aroa de la Fuente López ]
Presentación pública “Las actividades extractivas en México: estado actual. Anuario 2016”
Martes 6 de junio, 2017
10:00-12:30 horas
Centro Horizontal
Colima 378, Colonia Roma Norte
