Hacia una sociedad más justa y equitativa

Hacia una sociedad más justa y equitativa

No más privilegios fiscales inexplicables. México está entre los 25 países más desiguales en el mundo.[1] Esta desigualdad se mira por todos lados. Basta un recorrido por nuestras ciudades para observar los contrastes entre zonas de lujo en donde permea la opulencia y zonas en donde no existen los servicios más básicos –agua, saneamiento, luz, etc. – y donde la pobreza y la marginación nos ofrecen imágenes desgarradoras. De acuerdo con G. Esquivel, uno de los aspectos más graves de esta desigualdad es la distribución del ingreso pues, en los últimos años, el crecimiento se ha concentrado en las esferas más altas de distribución.[2] Dicho de otro modo, quienes más tienen, han acumulado todavía más. En una sociedad democrática como la mexicana, que persigue ideales de justicia y de garantía de derechos, es importante que las políticas del gobierno, incluida la fiscal, sean transparentes, justas y equitativas. A pesar de esto, actualmente, la política fiscal mexicana no es transparente ni rinde cuentas respecto a la manera en que decide dejar de cobrar impuestos y deudas fiscales, lo que nos impide conocer si el gobierno está en realidad trabajando hacia una sociedad más justa.

Pero, ¿por qué es relevante contar con una política fiscal transparente y equitativa? La recaudación fiscal es una de las fuentes de ingresos más importantes con las que cuenta el gobierno mexicano. De hecho, a raíz de la caída en los precios del petróleo, los ingresos fiscales representaron más del 50% de los ingresos en el 2015.[3] Con esos ingresos, el gobierno puede poner en práctica programas y políticas y operar las instituciones públicas. Es decir, por medio de ellos, el gobierno puede garantizar los derechos humanos más básicos –derecho a la vivienda, a la educación, a una vida libre de violencia, al agua, etc.– . En un régimen democrático, además, la política fiscal persigue objetivos de justicia e igualdad, es decir, busca que quienes más ingresos generan, paguen más impuestos y quienes menos tengan, lo hagan en una menor proporción.

Pero en México, la legislación fiscal contempla una figura llamada “cancelación”, la cual permite a la autoridad fiscal abandonar la recaudación de un adeudo, ya sea porque su cobro resulta incosteable, o bien, porque el deudor o los responsables solidarios son insolventes. Es decir, en los casos de cancelación, la autoridad decide ya no cobrar porque es más caro hacerlo que la cantidad que se recaudará o, bien, porque los deudores no tienen bienes con qué pagar. Dada la relevancia de la política fiscal como una fuente para recaudar ingresos públicos y para conseguir fines de justicia e igualdad, es necesario que las cancelaciones que realice la autoridad fiscal se hagan de forma transparente.

El problema es que, de acuerdo a una investigación reciente realizada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con base en información que fue publicada por el Servicio de Administración Tributaria, en los últimos años las cancelaciones fiscales realizadas por el gobierno han beneficiado, en su mayoría, a quienes acumulan los ingresos más grandes. Por ejemplo, en el último año, a sólo 15 personas morales se les canceló un monto superior a los 15,000 millones de pesos, lo cual quiere decir que menos del 1% de los contribuyentes que recibieron un beneficio en este periodo acumularon el 31% del total de las cancelaciones.[4]Para poner en perspectiva el monto cancelado basta decir que equivale a lo que el gobierno de la república destina a becas en todos los niveles educativos. Es decir, las cancelaciones de 15 personas morales equivalen a toda la inversión del gobierno para apoyar a mexicanos de escasos recursos que desean estudiar.

Más aún, la misma investigación concluye que la autoridad fiscal no ha brindado información suficiente para determinar si estas cancelaciones están justificadas, es decir, si entran dentro de los supuestos contemplados en esta figura fiscal.

Dada esta problemática, desde Fundar proponemos que la autoridad fiscal explique de forma clara y transparente las acciones que realiza y los criterios que toma en cuenta, antes de cancelar un crédito. Sólo de esa forma estaremos seguros que la política fiscal mexicana y el gobierno están cumpliendo con los ideales de justicia social y equidad y trabajando por garantizar los derechos de los y las ciudadanas.

Si quieres conocer más sobre los privilegios fiscales en México, sus causas, y las propuestas de Fundar al respecto, te invitamos a revisar el micrositio dePrivilegios Fiscales.

[1] G. Esquivel, Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político, OXFAM, 2015, p. 7.

[2] G. Esquivel, Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político, OXFAM, 2015, p. 7.

[3] I. Benumea y J. Garduño, Privilegios Fiscales: Beneficios inexplicables para unos cuantos, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 2016, p. 12.

[4] I. Benumea y J. Garduño, Privilegios Fiscales: Beneficios inexplicables para unos cuantos, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 2016, p. 54.


 

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