Horas de oscuridad por la Ley de Seguridad Interior

Horas de oscuridad por la Ley de Seguridad Interior

Más allá de las graves implicaciones de la propia iniciativa, queda claro que la manera en que se ha impulsado la minuta de la Ley de Seguridad Interior deja un profundo déficit democrático que compromete la legitimidad de la norma, y en última instancia, de las Fuerzas Armadas.

La aparición a última hora en la agenda legislativa y el paso acelerado del dictamen de Ley de Seguridad Interior, encendieron las alarmas de una amplia red de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en #SeguridadSinGuerra. También se pronunciaron contra la iniciativa organismos internacionales de derechos humanos, expertos y expertas en materia de seguridad y derechos humanos, la CNDH, el INAI, académicos y académicas, empresarios y artistas.

Distintos actores mostraron evidencia empírica y datos sobre el fracaso de la militarización para garantizar la seguridad de la población; el incremento de las violaciones a los derechos humanos aparejado al despliegue de las Fuerzas Armadas y la impunidad que prevalece en estos casos. Asimismo, aportaron análisis técnicos sobre las falencias y riesgos de la iniciativa de ley, contrastando su contenido con los estándares y recomendaciones internacionales que establecen exactamente lo contrario de lo que pretende esta iniciativa (por ejemplo, retirar paulatinamente a los militares de las tareas de seguridad pública y fortalecer a las policías). A esto se sumaron los testimonios de víctimas que perdieron a sus hijos a manos de las fuerzas armadas.

De este modo, la sociedad civil fue abriendo un espacio de deliberación que parecía cerrado sin remedio. Sin embargo, el espacio que la sociedad civil ha ganado para exponer sus argumentos no es lo mismo que un espacio de diálogo. Del otro lado se escuchan argumentaciones tautológicas que justifican la presencia militar porque los militares ya están desplegados en las calles (y por lo tanto, en lugar de corregir esta actuación ilegal, habría que dotarla de un marco jurídico), porque la gente no confía en la policía o porque tiene miedo. No se ha dado una discusión técnica ni se ha cuestionado el modelo de seguridad que desde hace once años no sólo ha profundizado la violencia y ha dejado miles de víctimas en el país, sino que ha expuesto a las Fuerzas Armadas a labores para las que por su naturaleza no están preparadas.

En este momento, más allá de las graves implicaciones de la propia iniciativa, queda claro que la manera en que se ha impulsado la minuta de la Ley de Seguridad Interior deja un profundo déficit democrático que compromete la legitimidad de la norma, y en última instancia, de las Fuerzas Armadas. Una ley de tal complejidad y trascendencia no puede ser aprobada con premura y “en horas de oscuridad”, parafraseando la orden castrense en el caso Tlatlaya.

Una discusión seria tendrá que darse de cara a la sociedad, con transparencia y participación de todos los actores políticos y sociales implicados, en un formato de Parlamento Abierto, basada en evidencia empírica y criterios técnicos, y estableciendo una ruta de discusión. Por esta razón hacemos un llamado al Ejecutivo y al Legislativo a acoger la propuesta “Diálogos para la #SeguridadSinGuerra”, y actuar de manera congruente y responsable frente al desafío que significa discutir un modelo de seguridad que garantice la paz y los derechos humanos de la población.


[ Por Ximena Antillón ]

[ Artículo en Animal Político ]