La incapacidad del Estado mexicano para encontrar a los 43 jóvenes normalistas desaparecidos ha sido más que evidente. La reciente detención del ex Alcalde de Iguala y su esposa no ha arrojado información sobre el paradero de los jóvenes, y está por verse hasta dónde llegarán las investigaciones en relación a la imbricación del poder político y la delincuencia organizada. La falta de pericia técnica tiene una larga historia de omisiones y simulación, y a estas alturas no tiene otra explicación que la falta de voluntad política.
En noviembre de 2013, familiares de personas desaparecidas agrupadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se reunieron con el Procurador Jesús Murillo Karam. Desesperados y desesperanzados, escucharon del Procurador lo que debería haber sido una confesión con todas sus consecuencias, pero se presentaba como un “avance”:
“No existía ningún mecanismo de búsqueda. Hasta hace muy poco tiempo no había ni siquiera personal adscrito específicamente a la búsqueda de nadie. Los atendían un ratito, después los volvían a dejar ¿Cuál sería el informe del avance logrado? Pues el avance logrado implica más que ninguna otra cosa el que organizamos un área en la Procuraduría (la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas) que se encarga específicamente de eso. Los resultados no son los que yo quisiera todavía, pero hay resultados. Es decir, por primera vez se está buscando a la gente de manera sistemática, constante, permanente, científica inclusive”.
Transcurrieron horas, días, semanas, meses, reuniones con procuradores, subprocuradores, funcionarios de alto y bajo nivel de cualquier dependencia federal y estatal, sin ningún resultado. En julio de 2014, reunidos en la Secretaría de Gobernación, organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de derechos humanos escuchamos, una vez más, la confesión de un Estado incapaz de implementar una política de búsqueda e investigación de las miles de desapariciones en todo el país. Y otra vez, la confesión venía disfrazada de promesas. Funcionarias de la Secretaría de Gobernación(SEGOB) y de la Procuraduría General de la República presentaron el Plan Nacional de Búsqueda, el Dispositivo de Búsqueda Urgente, la Red Nacional de Búsqueda, el formato Ante Mortem, la base de datos AM/PM (Ante Mortem/Post Mortem), entre otras. Incómoda frente a la pregunta por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la Titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón García de la SEGOB dijo que no podía dar una cifra “porque se está actualizando permanentemente”.
Casi tres meses después fue cometida la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en un ataque que también dejó 6 personas asesinadas y 25 heridos ¿Quiénes son los responsables? Los policías municipales de Iguala, el poder político imbricado con la delincuencia organizada, pero también el Estado en su conjunto, que se ha dedicado a administrar las demandas de los familiares de desaparecidos en lugar de impulsar una verdadera política de Estado para la búsqueda y la investigación.
¿Porqué la PGR tardó tantos días en reaccionar frente a este crimen de Estado? ¿Por qué hasta la fecha no han encontrado a los estudiantes y los familiares se desgastan en reuniones estériles con funcionarios que no son ni siquiera capaces de informar los avances en la búsqueda y la investigación? ¿Por qué no se ha implementado el Plan Nacional de Búsqueda o el Dispositivo de Búsqueda Urgente para buscar a los estudiantes normalistas desaparecidos? ¿Por qué la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas brilla por su ausencia? La respuesta es porque forman parte de una política de simulación y administración del dolor y la esperanza. Darle largas para que el tiempo, el desgaste, la enfermedad y la muerte venzan el compromiso inquebrantable de los familiares por encontrar a sus seres queridos. Hace apenas unos días Margarita Santizo, madre de un policía federal desaparecido, dijo antes de morir, “si yo me muero, ¿quién va a buscar a mi hijo?”.
La desaparición forzada no ha cesado desde que empezó a ser utilizada sistemáticamente para reprimir y desmovilizar los movimientos políticos y sociales desde finales de los años sesenta en todo el país y especialmente en Guerrero. Con el tiempo y sobre todo, la impunidad, la práctica de la desaparición de personas se ha extendido y ahora coexisten distintas modalidades (como método represivo con la participación directa de agentes del Estado y/o de la delincuencia organizada en connivencia con el Estado para favorecer intereses políticos y económicos de empresas legales e ilegales). En todas ellas el Estado es responsable. La política de la impunidad y la simulación nos ha hecho a todos desaparecibles, pero el estigma, el racismo y la discriminación hacen a algunos aún más desaparecibles: jóvenes, indígenas, campesinos, pobres, normalistas y disidentes frente al régimen político criminal.
Pero la simulación tiene un límite. La desaparición de los 43 estudiantes “desnormalizó” la desaparición y aprendimos a ver de frente el horror. La movilización nacional e internacional sin precedentes exigiendo la presentación con vida de los jóvenes normalistas ha mostrado que cuando el dolor sale de los pasillos sordos de las procuradurías se vuelve rabia, organización, denuncia y exigencia. El intento de las autoridades por criminalizar a los jóvenes no mermó en absoluto la enorme solidaridad y por el contrario, alimentó la indignación.
Las movilizaciones tienen el reto de mantenerse frente al desgaste y crecer en organización, que no es otra cosa que reconstruir del tejido social. Exigir al Estado una política real de búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos y de todas las personas desaparecidas en el país, así como de investigación que lleve a la sanción de los responsables y a erradicar de raíz la práctica de la desaparición de personas para que nunca más tengamos otro Iguala.
