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Impunidad: a seis años de San Salvador Atenco

Las movilizaciones y la protesta social involucran el ejercicio de derechos consagrados y protegidos en la Constitución, así como de derechos garantizados por el marco internacional de los derechos humanos. Sin embargo, para funcionarios de todos los niveles, así como para algunos medios de comunicación, este tipo de manifestaciones de resistencia son frecuentemente representadas como actos de algunos “revoltosos” o como expresiones de ilegalidad.

Del análisis de casos encontramos algunos elementos que permiten evidenciar ciclos de demanda-protesta-represión que confirman la existencia de patrones sistemáticos y sistémicos. Entre los casos paradigmáticos conocidos está el de San Salvador Atenco en el Estado de México (2006); pero más recientemente, el de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Guerrero (2011) y el desalojo de las casas del estudiante en Morelia, Michoacán (2012). En todos ellos se confirma un patrón con los siguientes ciclos:

i. la demanda es expuesta; sin embargo, como es común, no es escuchada, atendida adecuadamente o los funcionarios demuestran falta de voluntad política;

ii. la protesta se detona como la única forma en que estos grupos o sectores puedan lograr la atención de sus demandas y necesidades;

iii. la represión se hace manifiesta en el momento en que las autoridades tratan de contener la movilización de estos grupos y se cometen normalmente detenciones ilegales, uso y abuso de la fuerza, violencia innecesaria y hasta la muerte.

Vale entonces recordar casos como el de San Salvador Atenco. Hoy, hace seis años, el entonces gobernador del Estado de México y actual candidato a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, era señalado responsable –junto con otros servidores públicos de los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal– de ejercer una brutal represión contra activistas y habitantes solidarios al movimiento social del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra (FPDT) en aquella localidad.

Hechos como los de San Salvador Atenco, en donde la justicia no es contundente frente al señalamiento de la responsabilidad de los servidores públicos y de las autoridades involucradas en los hechos, mandan un poderoso mensaje de impunidad a quienes cometen estos abusos y a la sociedad. Cada vez es más frecuente que los delitos y las violaciones a los derechos humanos (causados por aquellos que tienen el mandato constitucional de evitarlos) queden sin sanción efectiva, lo que provoca que los patrones de represión y criminalización hacia cualquier forma de protesta o de manifestación social se multipliquen.

Es necesario que en un momento como el de ahora, en el que la opinión pública pone sobre relieve la pertinencia y necesidad de los debates entre las y los candidatos a la presidencia de la República, les exijamos que rindan cuentas sobre los hechos de Atenco. Y por supuesto, sobre la existencia de estas prácticas recurrentes y el escaso cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado mexicano –a pesar de los avances en materia de derechos humanos en los últimos años–.

Desde Fundar, consideramos que es urgente que tanto las autoridades como algunos medios de comunicación dejen de criminalizar el derecho a la protesta social; pero sobre todo, consideramos indispensable que el Estado respete plenamente el derecho de las comunidades y la sociedad en general a la información, a la consulta y a la participación en la definición de su propio modo de vida.

*Miguel Moguel

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle16248.html