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Indispensable erradicar la violencia de género para refundar a México

Desde el 25 de noviembre, día internacional para poner fin a la violencia contra las mujeres, la ONU empezó una campaña de 16 días de activismo para acabar con la violencia de género. En este contexto, nos parece importante reflexionar sobre este tema en México para entender su especificidad y trazar una ruta de trabajo para su erradicación. Para ello es muy útil retomar el trabajo realizado en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capitulo México, que acaba de culminar el 15 de noviembre pasado.

A partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), el papel del TPP ha sido ofrecer una alternativa a los pueblos que no encuentran respuestas en las instituciones, nacionales e internacionales, que oficialmente representan el derecho de los estados. El TPP busca transformarse en una tribuna de visibilidad, de toma de palabra, de narración de las violaciones sufridas, de análisis, evaluación y juicio sobre las causas y los responsables de crímenes que pretenden transformar a mujeres y hombres sujetos de derechos inviolables (individuales y colectivos) en víctimas despojadas y depredadas.

El 15 de noviembre, en un contexto dominado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Capítulo México del TPP presentó su veredicto. Después de tres años de trabajo de muchos grupos, víctimas y organizaciones sociales y civiles articulados alrededor de siete ejes temáticos y tres ejes transversales, el Estado mexicano, que no quiso usar su derecho de respuesta, fue condenado por el TPP por violar masivamente los derechos del pueblo mexicano y por configurarse los tipos jurídicos de crímenes de lesa humanidad. La sentencia final del TPP cuestiona así el papel del Estado como elemento regulador de los conflictos y de protección de los derechos humanos y emite una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Estado como a la sociedad civil nacional e internacional y a los terceros estados.

La sentencia del TPP es un diagnostico muy completo de la situación de los derechos humanos del pueblo mexicano y traza una posible ruta de trabajo para seguir impulsando los cambios que se requieren para la vigencia de los derechos humanos. En particular, el apartado sobre violencia de género aporta mucho a la reflexión para entender la especificidad de la violencia de género en México porque la inserta dentro de una perspectiva histórica y estructural de discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida, tanto publicas como privadas, y la relaciona con la lógica del neoliberalismo. En un primer momento, se reafirma entonces que el contexto de discriminación histórica y estructural contra las mujeres incluye desde el feminicidio y la tortura sexual hasta formas más sutiles de sexismo y misoginia como la desaparición de las mujeres de la historia oficial, el lenguaje excluyente que invisibiliza los aportes de las mujeres a los movimientos sociales.

El análisis sostiene que la lógica del neoliberalismo agrega a este contexto histórico efectos diferenciados y específicos para las mujeres, en particular las vuelve mercancías intercambiables y traficables, lo cual se manifiesta de forma clara a los lados de las fronteras y a través del crecimiento exponencial de los feminicidios en todos los estados de la República, pero también por el hecho de que la privatización de los servicios públicos recae principalmente sobre las mujeres quienes tienen que asumir el cuidado de las personas enfermas, ancianas o con alguna discapacidad. También el TPP advirtió un patrón de impunidad y permisividad social, tolerancia e incluso aquiescencia hacia la violencia contras las mujeres, adolescentes y niñas, sostenido por una cultura machista de desvalorización de la vida y roles de las mujeres.

Los casos presentados a lo largo del proceso demostraron cómo se entrelazan distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; desde la situación de pobreza y marginación que viven las mujeres campesinas e indígenas, la sobrerrepresentación de las trabajadoras en la economía informal, los desalojos, la falta de vivienda, los despidos ilegales y el mayor desempleo de las mujeres hasta los feminicidios, pasando por la falta de acceso a la justicia y la falta de debida diligencia de parte de las autoridades del Estado. A ello se suma la violencia feroz, física y sexual, por fuerzas del orden como policías y militares, paramilitares, la criminalización y agresiones de todo tipo a defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadoras de medios comunitarios; la prisión por práctica del aborto; las muertes maternas y la morbilidad materna como consecuencia de la falta de acceso a la atención medica y de la violencia obstétrica; las violaciones y tortura sexual de mujeres detenidas o privadas de su libertad; las violaciones y muerte de mujeres migrantes, y muchos mas casos.

En estos tiempos de manifestación de descontento y de hartazgo de la población hacia la impunidad operante y el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, de esperanzas y búsquedas para lograr los cambios que la población queremos (ver Miguel Pulido aquí) sería importante no perder de vista los aportes de la sentencia del TPP como insumos para una discusión política más amplia que se proponga que la ciudadanía recupere su poder y su Estado y la protección de sus derechos. En esta discusión no cabe duda que la erradicación de los estereotipos de género, la discriminación y la violencia contra las mujeres es un punto toral.

Cécile Lachenal

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