El pasado 17 de julio se llevó a cabo el Foro de debate sobre la Reforma Energética, en torno al tema Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Para dar inicio al evento el Senador Santiago Creel Miranda agradeció la participación de los convocados: CP. Arturo González de Aragón, Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, Mtro. Gabriel Moctezuma Muñoz, CP. Alberto Núñez Esteva, Dr. Mariano Palacios Alcocer, Mtro. Jorge Romero León, Ing. Octavio Romero Oropeza y Lic. Roberto Zavala Echavarría.

El Senador indicó que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos básicos en un sistema democrático y es un puente entre sociedades que permiten la gestión gubernamental y permiten el escrutinio de la sociedad en el desempeño de los servidores públicos. Por su parte, el Senador Francisco Labastida exhortó a los ponentes a compartir su experiencia y sus puntos de vista sobre las líneas a seguir para asegurar un modelo de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y procedió a ceder la palabra al primer expositor.

Esa persona fue el Mtro. Gabriel Moctezuma Muñoz, quien actualmente ocupa el puesto de Gerente de Control de Gestión y Desempeño en PEMEX Gas y Petroquímica Básica. El ponente comenzó señalando que la iniciativa presentada por el Ejecutivo constituye una propuesta integral para fortalecer a PEMEX con la visión de mantener e incrementar la renta petrolera. Apuntó que la iniciativa integra mecanismos con los que enfrentará desafíos internos y externos, además considera que abarca soluciones en materia de transportes, almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos, en cuanto a financiamiento, adecuaciones presupuestales y utilización de ingresos excedentes. Aclaró que es sabido que PEMEX está sujeto a un marco normativo que delimita las acciones y decisiones a un vasto número de informes, reportes y del control de las instancias de fiscalización.

Dijo que la iniciativa busca fortalecer el gobierno corporativo de la paraestatal para mejorar la conducción de sus actividades y que éstas se orienten hacia resultados eficaces, sostenibles y, sobretodo, medibles, revisables y verificables. Por otra parte, mencionó que la información y el proceso transparente de toma de decisiones se proponen como la piedra angular de esta nueva forma de gestión administrativa. Para ello, en el Consejo de Administración se pretenden incorporar cuatro consejeros -2 de tiempo completo y 2 de tiempo parcial- quienes con su autonomía e independencia contribuirán a mejorar el control y la transparencia de las operaciones del organismo. Además, el Ejecutivo Federal propone crear el Comité de Transparencia y Auditoría, integrado por 3 consejeros profesionales, que evaluarán el desempeño financiero y operativo; asegurarán la calidad de la información financiera y programática y designarán al auditor externo de la empresa. Dichos mecanismos propuestos darán un nuevo impulso a la política de transparencia de acceso a la información pública.

Señaló que la política de transparencia está basada en dos objetivos principales. Primero, institucionalizar esta política. Segundo, proporcionar más y mejor información a la ciudadanía. Actualmente, la paraestatal está instrumentando criterios internacionales de mercados financieros en los procesos relevantes de la empresa, lo cual fortalecerá la transparencia de sus actividades y obligará a tener reportes más precisos para los mercados financieros y la población en general, lo que será crucial para modernizar a la empresa y hacer de ésta un ejemplo de eficiencia y productividad.

Como conclusión dijo que México requiere de 6 puntos elementales:

1.- Una reforma energética para asegurar una renta petrolera

2.- La modernización de la paraestatal con un nuevo marco jurídico.

3.- La reforma propuesta representa avances en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción

4.- El fortalecimiento del consejo de administración y la creación de comités especializados darán una nueva etapa de gestión conforme a las prácticas de gobiernos corporativos

5.- Los mecanismos innovadores para la contratación de obras y servicios incrementará la capacidad de explotación, producción y transformación de hidrocarburos.

6.- Un proceso de control y fiscalización de recursos, programas y mejores sistemas de transparencia y rendición de cuentas.

El siguiente ponente fue el CP. Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación. Dijo que en base a los diagnósticos elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, en relación a las políticas públicas, puede afirmar que el desarrollo de la industria petrolera como parte de la política energética sólo será posible si ésta se sustenta en una sólida situación financiera. Explicó que para su viabilidad se requiere de acciones decididas por parte del Estado Federal mexicano en materia fiscal, regulatoria y estructural.

Apuntó la urgente necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado, requiriéndose para ello: dotar a las Entidades Federativas y Municipios de mayores facultades; ampliar el padrón de contribuyente; eliminar el sector informal de la economía; acabar con el contrabando; simplificar el marco jurídico impositivo; reducir los regímenes especiales; contar una política fiscal de largo plazo; otorgar certeza jurídica, y mejorar la recuperación de las obligaciones en litigio. Otro factor que demanda especial atención son los ingresos extraordinarios del sector público. Indicó la necesidad urgente de reorientarlos hacia una mayor generación de inversión física y de proyectos productivos. Un tercer aspecto sobre el que debe actuarse con firmeza se refiere a la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, lo que provoca un alto grado de opacidad y corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación se pronuncia por alcanzar acuerdos que conduzcan a reformas de fondo que consideren las siguientes premisas: mejorar sustancialmente la administración y la recaudación tributaria del país a través de una verdadera reforma hacendaria; mantener como irrenunciable la facultad del Poder Legislativo de revisar y fiscalizar la actuación y los resultados de Petróleos Mexicanos; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para que imponga sanciones administrativas y económica; orientar el destino de los ingresos ordinarios adicionales a inversión en infraestructura y proyectos productivos; realizar una profunda reforma estructural en PEMEX con énfasis en la eficiencia, la eficacia, la economía y la transparencia de su actuación; promover acciones para atender, a través de programas concretos los segmentos que reflejan opacidad y riesgo al interior e PEMEX, para convertirlos verdaderamente en oportunidades de mejora; revisar a fondo el régimen laboral de PEMEX, incluyendo su relación con el sindicato y su sistema de pensiones; desarrollar un riguroso sistema de indicadores de desempeño; fortalecer los sistemas de control interno de PEMEX con base en acciones preventivas y correctivas y, por último, combatir la opacidad, la corrupción y la impunidad existentes mediante una cultura de transparencia, rendición de cuentas y tolerancia cero a conductas indebidas. Concluyó apuntado que forjar un mejor país implica tener una visión de Estado con perspectiva, en la que no tienen cabida los intereses particulares ante el interés supremo de la nación.

El tercer ponente fue el Mtro. Jorge Romero León, Director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Inició su intervención con aportaciones en materia de rendición de cuentas. Su contribución partió de una premisa básica: la existencia de incentivos, certidumbre jurídica, contrapesos institucionales y control entre poderes. Formuló propuestas de Diseño Institucional y Legal sobre la base de mejores prácticas y convenciones internacionales a que se ciñe el marco normativo mexicano. En materia de rediseño institucional, dijo que para darle mayor autonomía de gestión a Petróleos Mexicanos es indispensable transformar el marco normativo existente que ordena la dependencia jerárquica, de las empresas y entidades paraestatales, respecto del Gobierno Federal.

Esta transformación es consistente con los artículos 27 y 90 constitucionales, pero contraviene la lógica imperante respecto del control de las paraestatales a cargo del Ejecutivo.

Dijo que transformar la relación del Gobierno Federal con las entidades paraestatales no implica la pérdida de control, ni sacrificar las funciones de coordinación, sino que bastaría con transformar la definición de empresa de participación estatal mayoritaria y precisar las funciones de coordinación sectorial para incorporar previsiones de contrapeso legislativo. Además, esto daría mayor transparencia y publicidad a la integración de los órganos de Gobierno; y mencionó que es indispensable adoptar un nuevo marco regulatorio del sector, plenamente habilitado, acotado y con suficientes recursos técnicos para realizar su función.

En cuanto a los mecanismos previstos de control de legalidad, transparencia y rendición de cuentas apuntó indispensable reformar el sistema de control, a fin de precisar las funciones de investigación, aumentar las capacidades de sanción y promover nuevos mecanismos de combate a la corrupción, incluyendo un sistema formal independiente de protección al denunciante. Propuso una fiscalía especializada en atender casos de corrupción y un nuevo esquema de contrapeso legislativo que haga dos cosas: habilite y faculte a la Auditoría Superior de la Federación, pero además la trascienda y establezca mecanismos de apoyo a la otra función de control que se ejerce por medio de las convicciones de información y de investigación. Mencionó la importancia de crear mecanismos efectivos de protección al denunciante porque incentivan y protegen la denuncia y la convierten en un catalizador de las estrategias de combate a la corrupción, de responsabilidad administrativa y abuso de autoridad.

Finalmente, consideró que es necesario avanzar en los criterios prevalecientes en la actual Ley de Transparencia para garantizar el pleno ejercicio del derecho y apuntalar los mecanismos de rendición de cuentas de conformidad con la reforma al Sexto Constitucional. En este sentido destacan principalmente 3 factores a considerar:

1.- Hacer públicas las declaraciones patrimoniales.

2.- Establecer principios que garanticen la plena publicidad de agenda de los funcionarios públicos y se cree una visibilidad precisa sobre y posible conflicto de interés en los funcionarios de la paraestatal.

3.- Establecer criterios de acceso a la información que armonicen la protección de datos personales con el principio de máxima publicidad.

Concluyó diciendo que los cambios que propuso van más allá de las Iniciativas, pero son indispensables y que este es un buen momento para introducir una nueva generación de contrapesos, incentivos y mecanismos de control entre Poderes y garantía de certidumbre jurídica para la ciudadanía. Sin ellos la prospectiva de reforma del sector es magra y no podremos esperar cambios sustantivos en las preocupantes condiciones de corrupción en el sector.

Por su parte, el Lic. Roberto Zavala Echavarría, quien fue Presidente de la Gran Comisión de la LIII Legislatura del Congreso de Sinaloa y Diputado Federal en la Legislatura LVIII, comenzó su participación señalando que a Petróleos Mexicanos le afectan demasiadas restricciones tanto institucionales como de diversa índole. Dijo que padece de una poderosa injerencia de ciertas dependencias del Ejecutivo Federal. Lo ahoga una muy pesada carga fiscal, dejándole exiguos recursos para invertir en exploración, en refinación y en mantenimiento. Además, no puede disponer de sus propios excedentes en estos tiempos de elevados precios del petróleo y, en general, lo abruma una sobre regularización presupuestal y administrativa, por mencionar unas cuantas. Consideró que la mencionada iniciativa del Ejecutivo Federal es un buen intento de responder a la exigencia de mayor transparencia y de una eficaz rendición de cuentas de PEMEX, pero contiene ciertas disposiciones que adolecen de justificación jurídica, tienen ambigüedades y pueden propiciar excesos que es preciso corregir.

Dijo estar de acuerdo con aquellas voces preocupadas que previenen contra el uso indebido de la autonomía, que si bien la requiere, PEMEX no debe ser un aliento a la corrupción ni debe dar lugar a lamentables perjuicios derivados del exceso de discrecionalidad. Adicionalmente, opinó que la autonomía de gestión deberá confrontarse con la evaluación del desempeño de PEMEX. Señaló que de esa forma se podrá apreciar si las metas y los resultados son los que se propuso la paraestatal, si los costos y la productividad son acordes con los de otras empresas petroleras que operan en circunstancias semejantes.

En relación a los 4 consejeros profesionales cree que constituirán un valioso aporte que mejorará sustancialmente la administración. Asimismo, señaló que en cuanto a las modalidades de contratación, sostuvo que Petróleos Mexicanos puede celebrar todo tipo de contratos y pactar los incentivos razonables que se requieran, así como para realizar cualquier modificación de precios, montos o plazos del contrato. En segundo lugar, considero que la fórmula de modalidades de contratación contenidas en la Iniciativa Presidencial resolverá cualquier restricción que tuviere PEMEX y le otorgará la flexibilidad para suscribir contratos de la naturaleza que quiera, incluso hasta los mismos contratos de riesgo. Por último, dijo estar convenido que Petróleos Mexicanos no puede ni debe prescindir de modalidades de contratación acorde con sus necesidades. Además de establecerle un régimen contractual con modalidades flexibles, acotado y adecuado hay que confeccionarle un traje a la medida, con nuevas atribuciones y mayores responsabilidades, en el que concurran la transparencia, la rendición de cuentas y la erradicación de la corrupción.

El quinto ponente fue el CP. Alberto Núñez Esteva, quien actualmente ocupa la presidencia de la organización Sociedad en Movimiento. El Sr. Núñez Esteva habló en representación de la Sociedad en Movimiento y dijo que la transparencia y rendición de cuentas constituyen no un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar mejores prácticas en la operación de la industria petrolera de la cual todos los mexicanos somos dueños. Sin embargo, a pesar de que “hemos alcanzado un significativo avance en el acceso a la transparencia, particularmente por la creación del IFAI”, no se ha logrado superar un problema fundamental: la impunidad. Explicó que esta situación aqueja muy hondamente las posibilidades de construir un PEMEX nuevo y con capacidad para responder a los retos que se le presenten. Además, se debe tener presente que el exceso de regulación complica la transparencia y la rendición de cuentas al momento de crear un nuevo marco regulatoria para la operación del nuevo Consejo de Administración y las relaciones de Petróleos Mexicanos con su sindicato de trabajadores.

Al observar la experiencia en la operación de Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias, se muestra un conflicto de intereses entre los del Consejo de Administración y los del Sindicato de Trabajadores Petroleros; la propuesta de una mayor autonomía de gestión y un nuevo Consejo de Administración debe prever los mecanismos adecuados para conseguir sanar esos déficits que dificultan y empañan el desarrollo de PEMEX. El hecho de que de 2000 a 2007 Petróleos Mexicanos haya pasado de ser la compañía número 6 a la 11, es una muestra del problema grave que aqueja a la empresa paraestatal.

Con el propósito de que se más efectiva e independiente la gestión de los Consejeros del nuevo Consejo de Administración, propuso sean seleccionados por la sociedad civil en colaboración de instituciones de investigación y mecanismos adecuados de regulación y sean ratificados por el Congreso de la Unión. Explicó que actualmente, y también en el pasado, los Consejos de Administración de PEMEX no han otorgado cuentas sobre lo que sucede con la compañía petrolera de todos los mexicanos, por ello abonaría bastante el esquema propuesto líneas arriba, así las voces del consejo habrían pasado por el filtro del consenso y la mayoría que legitimaría su función. El Contador Alberto Núñez enfatizó que “la transparencia y la rendición de cuentas no solo debe alcanzar a nuestra paraestatal en todas sus áreas, relaciones internas, con clientes, proveedores, contratistas y la sociedad en general, sino también al destino de la renta petrolera y al Sindicato”.

El ex diputado en la LVI Legislatura, el Ing. Octavio Romero Oropeza, sostuvo que el Presidente Calderón intenta privatizar PEMEX tomando como argumentos la falta de capacidad instalada de PEMEX para producir el 40 por ciento de gasolinas, el déficit cada vez mayor en la balanza de petroquímicos, la necesidad de más kilómetros de ductos para el transporte de hidrocarburos, la caída en la producción del súper campo Cantarell y la supuesta reserva de sólo 9 años de petróleo.

Pero en ese afán privatizador, según el ponente, el gobierno elude decir que esos problemas tienen su origen en la manera en la cual se han invertido los recursos de PEMEX. La pésima política de inversiones auspiciada por las administraciones del país y del propio Petróleos Mexicanos, es una causa que suma a la debilidad de la compañía petrolera.

El Ing. Romero expuso razones para considerar que los esquemas de contratos por asignación directa y eliminando las licitaciones públicas son un retroceso en el camino hacía menor. Al finalizar dijo que el problema de PEMEX es complejo, pero se resuelve incrementando el presupuesto, invirtiendo en exploración y desarrollo.

El sexto participante fuel el actual presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el Mtro. Alonso Lujambio Irazábal. Comenzó su intervención exponiendo algunas peculiaridades de PEMEX en relación con la transparencia y las solicitudes de información que ha registrado en los últimos cinco años, que han sido 13 mil 235. La información que existe en torno a PEMEX es enorme; comprende áreas que van desde su relación con el medio ambiente, los temas concernientes a instalaciones estratégicas y por tanto de seguridad nacional, los contratos colectivos de trabajo: hasta la celebración de contratos con terceros.

Destacó que no observaba alguna interferencia en el desempeño del Comité de Transparencia de Auditoria de PEMEX, que con la reforma se pretende crear, con las funciones que desempeña actualmente el Comité de Información y las Unidades de Enlace de PEMEX Corporativo y sus Subsidiarias. Señaló que con la creación de ese Comité de Transparencia se actúa de manera novedosa y oportunamente, pues se focaliza la transparencia ya que dicho Comité determinaría qué información de la petrolera es relevante. De esta manera habría la posibilidad de que se publiquen cotidianamente, por disposición del propio PEMEX, las contribuciones fiscales a cargo de PEMEX, las importaciones de hidrocarburos, las exportaciones de petróleo crudo y gas, los excedentes petroleros, las aportaciones a diversos fondos de manera directa o indirecta, los procedimientos de contratación a detalle y contenido de los contratos celebrados: son la mejor muestra de ello.

En relación a la poca planeación para incrementar la transparencia en la relación de PEMEX con sus proveedores, mediante la celebración de contratos, dijo considerar muy necesario eliminar toda posibilidad de opacidad; es evidente que hay un conjunto de criterios que hacen la relación de PEMEX con el mercado ineficiente, pero si se pretende modificar esa relación con opacidad, se estará cayendo en un error. La última propuesta formulada por el Presidente del IFAI fue que el Comité de Transparencia pueda determinar los criterios para la presentación de los informes por parte de las personas físicas y morales que reciban recursos de PEMEX. Esto incluiría al Sindicato, los Estados de la Federación, Municipios y Asociaciones Civiles.

Mariano Palacios Alcocer -Doctor en Leyes por la UNAM, ex Gobernador de Querétaro y ex presidente nacional del PRI- dictó la última ponencia. Comenzó hablando sobre la importancia que tendrá crear un adecuado marco regulatorio que garantice la transparencia y rendición de cuentas. Señaló que se debe tomar en cuenta que el acceso a la información es un Derecho Humano reconocido Internacionalmente y que en el orden interno, forma parte de los Derechos Públicos Subjetivos consagrados en la Constitución desde 1977. Haciendo reflexiones sobre las necesidades de la Reforma Energética, dijo que deben eliminarse las contradicciones o ambigüedades en la Ley, como la supuesta al permitir a terceros refinar petróleo y posibilitar la contratación de ellos para realizar las actividades o prestar los servicios para construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones o equipos.

Explicó que es poco convincente plantear la presencia de Consejeros de medio tiempo en el nuevo Consejo de Administración. Además, consideró una limitación dejar al Órgano Interno de Control de la compañía en dependencia de la Secretaria de la Función Pública; deberá cambiarse el organigrama para que el nuevo jefe esté representado por el Consejo de Administración, si se pretende crear una empresa pública, eficiente y competitiva y con una mayor capacidad de autogestión. También, para cumplir con el principio de mayor publicidad posible al momento de realizar una administración transparente, propuso crear el Registro Público de Adquisiciones de PEMEX, así cualquier persona podría consultar y evaluar críticamente los contratos celebrados por la compañía paraestatal.

Un punto de especial importancia abordado por el ex Gobernador es lo referente al monto y el uso de los excedentes petroleros en los últimos años. Finalizó abogando por la aprobación de una reforma que garantice corregir las desigualdades, enormes, de México.

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