En la madrugada del 22 de junio de 2001 Irene Cruz Zúñiga dio a luz a su hijo Epafrodito en un hospital del IMSS de Tlaxiaco, Oaxaca. Más de doce horas de labor de parto, una odisea en busca de atención médica y complicaciones severas, finalmente culminaron en sufrimiento fetal y una cesárea de emergencia. El niño pasó unos días en la incubadora para estabilizarse y hoy día goza de plena salud. A pesar de ello, no logró construir una relación amorosa con sus padres. Su mamá, quien quedó con lesiones severas debido a la mala atención médica que recibió en el hospital del IMSS, desde aquel día vive en un estado vegetativo. Y su papá, huyó ante la difícil situación familiar a los pocos años de haber nacido Epafrodito.
En la madrugada del 28 de noviembre de 2010, yo di a luz a mi hija Emma en un hospital privado en la Ciudad de México. En más de doce horas de labor de parto, también se presentaron una serie de complicaciones que, como en el caso de Irene, culminaron en sufrimiento fetal. Sin embargo, yo fui atendida de manera excelente y finalmente pude tener un parto natural del cual mi hija y yo salimos sin ningún agravio.
¿Cuál es la diferencia entre Irene y mi persona? Irene es una mujer indígena y de bajos recursos pobre, y yo soy una mujer de piel blanca y de clase media. Esa es la triste realidad de este país. Discriminación por sexo, etnia y condición económica, son sólo algunas de las variables que hacen que nos traten de manera diferente tanto las autoridades, como los médicos, los jueces y hasta las personas en general.
Así que el caso de Irene no es sólo aquel de una mujer mal atendida al dar a luz. Se trata de un caso que ejemplifica la violencia obstétrica que sufren las mujeres en México, principalmente en las zonas rurales. Esta mala praxis se soporta, mantiene y perpetua por un modelo de atención médico que, ejerce poder sobre las mujeres en sus decisiones sexuales y reproductivas, ignora sus especificidades culturales y omite responder por los daños causados tanto en su proyecto de vida como en el de sus familias. Es en este contexto, que cabe subrayar que tanto los papás, como los hermanos de Irene, han tenido que cambiar sus proyectos de vida para dedicar tiempo completo a los cuidados de Irene y su hijo Epafrodito.
Esta es otra parte de la indignante historia de Irene. No hay actualmente reparación alguna por parte de las autoridades, aunque se les ha exigido. Debido a la exclusión y marginación en la que viven y a la necesidad de cuidar de tiempo completo de un menor y una persona con discapacidad, la familia de Irene no pudo darle el seguimiento necesario a la investigación que con mucho sacrificio, pagó el entonces esposo.
La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) supuestamente investigó durante 10 años los hechos, pero cuando en 2012 la presunta responsable finalmente fue sujeta a un juicio, ya se había prescrito la posibilidad de perseguirla penalmente. Es decir, la indiferencia y la omisión de las autoridades permitieron que el delito quedara impune. Y en cuanto a la reparación del daño, el magistrado del Tribunal Unitario en Oaxaca determinó una serie de reparaciones a nivel individual, familiar y comunitario, pero el IMSS manifestó que en vista de que había prescrito la acción penal no podía hacer nada más, ni podía reparar el daño.
El pasado domingo 22 de junio, se cumplieron trece años de estos hechos. Desde Fundar, Centro de Análisis e Investigación, exigimos que el IMSS otorgue una compensación a las víctimas y que la PGJO se responsabilice de las graves omisiones en la investigación.
Exigimos también que se mejoren los servicios de salud, particularmente en comunidades rurales e indígenas, para que eventos de violencia obstétrica como estos, no se sigan repitiendo. En lo que va del 2014, ya se suman dos casos más de mujeres que por una mala atención durante el parto, quedaron lesionadas de por vida; esto, en la misma comunidad de Morelos, municipio del cual depende Barranca Fiera, Oaxaca.
Simone Haf
